Cacheos masivos en Cañada Real

A las nueve de la mañana, la voz corría de una casa a otra del sector 5 del poblado madrileño de la Cañada Real Galiana: “La Policía está identificando a todos los que entran y salen”. Tras los enfrentamientos que se produjeron el pasado jueves, muchos vecinos se encontraron con los controles policiales cuando iban a comprar el pan o a llevar a sus hijos al colegio. La Jefatura Superior de Policía de Madrid aseguró que se trataban de identificaciones “rutinarias”.

Los controles, según explicaron los vecinos, estaban en la zona norte del poblado junto a la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid. Está habitado en su mayoría por personas de origen marroquí.

“Otras veces ha habido controles, pero suelen ponerse en la salida de la carretera de Valencia”, explicó Mariam Soda, una vecina de 28 años de Cañada Real. La zona a la que se refiere es la que está junto al vertedero del Valdemingómez y que en los últimos años se ha convertido en el mayor punto de venta de droga de la región.

Punto negro de Madrid

Desde la Jefatura Superior, aseguraron que la Cañada Real Galiana es “un punto negro de Madrid donde es habitual que haya controles”. Un vecino español, que lleva casi 40 años en la Cañada y que prefirió no dar su nombre, se encontró con un control cuando iba a comprar, sobre las nueve y media de la mañana: “Me preguntaron a dónde iba, me pidieron el DNI, me cachearon y así hicieron con todos los que salíamos o entrábamos a la zona”.

Al mediodía de ayer, los vecinos comentaban que la Policía había detenido a tres vecinos, aunque la Jefatura no lo confirmó. Mientras, la casa de Abdul, cuyo derribo inició los enfrentamientos entre policías y vecinos, aparecía ayer con una nueva estructura.

La policía reclama expulsiones

La Confederación Española de Policía (CEP), uno de los principales sindicatos policiales, anunció ayer que se querellará como acusación particular contra los agresores de los agentes heridos en el desalojo de la Cañada Real.

La CEP pedirá que se expulse de España “a todo aquel extranjero en situación irregular implicado en las agresiones”. Esta agrupación también quiere “la retirada inmediata del permiso de residencia” de los inmigrantes que lo posean y que participaron en los incidentes.