Este artículo se publicó hace 15 años.
Caamaño: el Constitucional reconoce el derecho a mentir de los acusados
El ministro de Justicia alude al caso de la joven Marta del Castillo asesinada presuntamente por su ex pareja
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha reiterado que el Tribunal Constitucional ha establecido el derecho a mentir de los acusados y ha considerado deplorable, en relación al caso de Marta del Castillo, que se haga electoralismo a costa de los sentimientos de las víctimas.
El ministro se ha referido —en RNE— a la pregunta que el senador del PP Javier Salas le hará esta tarde en la Cámara alta sobre unas manifestaciones que hizo sobre el derecho a mentir de los imputados en el caso del asesinato de la joven sevillana.
Caamaño ha recordado la doctrina reiterada del TC, que señala que el acusado, a diferencia del testigo, "puede callar total o parcialmente o incluso mentir".
Además, ha indicado el titular de Justicia, estas consideraciones son constantes en la doctrina de todos los tribunales de protección de derechos fundamentales.
Por ello, ha acusado al PP de hacer "electoralismo y demagogia" a costa de los sentimientos de las víctimas y los derechos fundamenales de los españoles.
La justicia y sus erroresPor otra parte, el ministro ha considerado una "desgracia" que se den en los tribunales españoles casos como el ocurrido en la Audiencia de Sevilla, donde ayer tuvo que aplazarse sine die un juicio por corrupción de menores porque varias cintas incriminatorias contra los cuatro acusados fueron destruidas por error en el Depósitos de Piezas del Decanato de los Juzgados.
Cada día se mueven muchísimos informes y papelesCaamaño ha explicado que cada día se mueven muchísimos informes y papeles de un Juzgado a otro, en un constante trasiego de documentación, y que "afortunadamente" los protocolos entre Juzgados funcionan normalmente, aunque ha reconocido que pueden ocurrir situaciones como la de Sevilla.
No obstante, el ministro ha recordado que la competencia sobre este asunto es del Consejo General del Poder Judicial, que abrirá el expediente informativo o las diligencias que estime oportuno, y ha confiado en que "sabrán depurarse las responsabilidades que pudiesen haber existido".
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