Bruselas quiere sancionar a los Estados miembros que incumplan normas de seguridad nuclear

La Comisión Europea ha propuesto una nueva norma para que la seguridad de cada una de las centrales nucleares europeas sea sometida a un examen obligatorio cada seis años por parte de sus pares europeos, con unas pruebas cuyos resultados deberán ser públicos y que, de ser negativos, darán el poder a Bruselas de iniciar un expediente sancionador contra el Estado miembro responsable.

Bruselas quiere, además, asegurar una mayor transparencia sobre la seguridad del parque europeo nuclear para que la opinión pública sea informada no sólo en caso de accidente, sino también sobre el funcionamiento habitual de las plantas.

Otra de las novedades que plantea el Ejecutivo se refiere a las autoridades reguladoras nacionales para reforzar su independencia en la toma de decisiones, frente a intereses políticos, económicos o sociales, y para que cuenten con "fondos suficientes y personal especializado".

"Estamos europeizando la seguridad nuclear. Queremos que los controles europeos sean los importantes, que no sean sólo nacionales, sino que haya expertos internacionales y los controles sean en profundidad", ha explicado en una rueda de prensa el comisario de Energía, Günter Oettinger.

El pasado año, la Unión Europea ya sometió a unas pruebas de estrés a sus centrales para evaluar su seguridad ante situaciones extremas como catástrofes naturales, un año después de la tragedia de la crisis de Fukushima (Japón), pero se trató de exámenes voluntarios.

Para las organizaciones ecologistas, sin embargo, la propuesta de Bruselas no evitaría que se repitiera la situación de crisis de la planta japonesa en Europa, porque no ha tenido en cuenta elementos de riesgo importantes y porque las revisiones cada seis años son "parciales" y dejarían partes de las instalaciones sin revisar "durante décadas". "Las nuevas reglas ignoran el factor humano, el riesgo de atentado terrorista o de sabotaje", ha criticado en un comunicado el experto en energía nuclear de Greenpeace Jan Haverkamp.

El comisario ha incidido en las revisiones obligatorias que deberán superar las centrales cada seis años, porque serán pruebas en las que también participarán expertos de otros Estados miembros para garantizar su objetividad y porque la Comisión podrá organizar una "misión de supervisión especial" para examinar el caso concreto si los resultados de la primera inspección entre pares no es satisfactoria.

Llegado ese extremo y si Bruselas considera que el Estado miembro implicado no cumple con las recomendaciones o no aplica medidas alternativas pero equivalentes, entonces la Comisión podrá iniciar un expediente sancionador que podría derivar en una multa si el Tribunal de Justicia de la UE falla en contra del país denunciado, según han explicado fuentes comunitarias.

La revisión que propone el Ejecutivo comunitario para reforzar la seguridad nuclear de los 132 reactores que operan en la Unión Europea (ocho en España), tiene especial relevancia porque supondría dar cierta capacidad de actuación a Bruselas.

Desde los servicios del comisario Oettinger afirman que no es un intento por retirar competencias a los gobiernos europeos, que conservan plena competencia en materia nuclear, sino de ganar un papel de observador para acompañar y verificar que se cumplen las normas. "En los últimos 50 años no hemos recibido la menor información de ningún país sobre el estado de la seguridad", se quejaba un experto comunitario, para explicar la importancia de la propuesta de Oettinger.

En la UE hay 132 reactores nucleares, ocho de ellos en nuestro país

Además de las inspecciones a escala europea cada seis años, Bruselas también pide revisiones nacionales "cómo mínimo cada diez años" que, en el caso de centrales a las que se quiere ampliar su periodo de vida útil, deberá completarse con una evaluación "específica", ha apuntado el comisario.

Sobre las nuevas centrales nucleares --hay unos 16 reactores nuevos planificados en la UE-- el cambio de la normativa supondría la exigencia de que su diseño garantice que si el núcleo del reactor sufre daños, no tendrá consecuencias fuera de la instalación.

La Comisión confía en que la propuesta se apruebe el próximo año

Por último, se pedirá a cada central nuclear que cuente con un centro de respuesta a emergencias que esté protegido contra la radiactividad y los terremotos o inundaciones y que aplique directrices estrictas en materia de gestión de accidentes.

Los servicios del comisario Oettinger confían en que la propuesta logre el apoyo de los Estados miembros y se apruebe el año próximo, lo que permitiría su aplicación un año y medio después, que es el tiempo que daría a los gobiernos para trasladar a la norma a su legislación nacional.