'Merece una valoración negativa la composición del Consejo de Administración de BFA (Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia), con un buen número de políticos de escasa competencia bancaria, procedentes muchos de ellos de los Consejos de Administración de las siete cajas cuya difícil situación financiera les forzó a pedir ayudas públicas'.

Con esa contundencia se pronunció el servicio de inspección del Banco de España en los informes de seguimiento de la fusión que dió origen a Bankia, que obran en el sumario que se sigue en la Audiencia Nacional contra 33 exconsejeros de la entidad y de BFA por delitos de administración desleal, apropiación indebida o falsedad contable.

Pese a su escasa preparación bancaria, y aunque han declarado ante el juez instructor del caso, Fernando Andreu, que no se enteraron de los problemas de Bankia hasta que fue palmario el agujero de sus cuentas, en mayo de 2012, las 27 personas --19 de ellas políticos o sindicalistas-- que fueron consejeros de BFA a lo largo de 2011 se embolsaron ese año un total de 7 millones de euros en concepto de retribuciones y dietas.

Los informes del departamento de Inspección del organismo supervisor, tanto de septiembre de 2011 como de 21 de marzo de 2012 --días antes de que la entidad declarase unos beneficios, luego desmentidos, de 305 millones de euros--, coincidían en señalar como 'deficiente' el gobierno corporativo de BFA, al destacar, en primer lugar, que la matriz estaba gestionándose 'más en interés de Bankia (filial al 52%) que en el suyo propio'.

Asimismo, subrayaba que la matriz de Bankia no tenía personal para gestionarla --'más allá de un director general', decían los inspectores--, teniendo subcontratada una estructura con Bankia para la cual la gestión de BFA no estaba 'entre sus prioridades'.

Sin embargo, según destacan ambos informes, en el Consejo de Administración de BFA se sentaba un grupo de 'políticos de escasa competencia', que, entre todos ellos, se llevaron 7 millones de euros de retribuciones y dietas a lo largo de 2011, según las cifras oficiales de la propia entidad.

De las 27 personas que a lo largo de 2011 formaron parte del Consejo de BFA, 12 de ellas estaban ligadas al Partido Popular, 3 al PSOE, 2 a CC.OO., y 1 a Izquierda Unida. Otro más, Antonio Tirado Jiménez, fue a primeros de los años 90 alcalde socialista de Castellón, pero entró en Bancaja y luego en BFA de la mano del PP.

Los 8 restantes, la mayoría empresarios, no tenían afiliación política destacable, aunque alguno fuese fervoroso admirador de líderes públicos (como Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña, de Esperanza Aguirre).

De los doce políticos procedentes del PP destacaba el presidente de BFA (y de Bankia) Rodrigo Rato (exvicepresidente del Gobierno con Aznar), con unas retribuciones por parte del banco matriz en 2011 de 254.000 euros (que se sumarían a los 2,05 millones que cobró de Bankia, una vez constituida la entidad en junio del mismo año).

El resto de consejeros del partido conservador eran el exministro Angel Acebes (163.000 euros en 2011), los exsecretarios de Estado José Manuel Fernández Norniella (178.000), Estanislao Rodríguez Ponga (355.000) y José Manuel Serra Peris (178.000), el expresidente de la Generalitad valenciana José Luis Olivas (623.000), la exdiputada nacional Mercedes de la Merced (376.000), los exdiputados autonómicos José Rafael García Fuster (265.000), Jesús Pedroche (204.000) y Ricardo Romero de Tejada (270.000), el expresidente de la Diputación de Avila Agustín González (214.000) y la exasesora de Esperanza Aguirre, Mercedes Rojo-Izquierdo (374.000).

Afines al PSOE, tenían silla en el Consejo de BFA el exministro Virgilio Zapatero (168.000 euros en 2011) y el único no imputado de la lista por su incorporación tardía al banco; el exdiputado autonómico Jorge Gómez Moreno (339.000); y el exconcejal José María de la Riva (202.000). Por CC.OO. figuraban Pedro Bedia (308.000 euros) y Francisco Baquero (317.000 euros), y por Izquierda Unida, José Antonio Moral Santín (231.000 euros). Por su parte, el camaleónico Antonio Tirado ganó 227.000 euros en 2011.

De ellos, Pedro Bedia explicó ante el juez que el 42% de las retribuciones que ganó, las entregó a CC.OO., sindicato al que pertenece. Ningún otro compareciente hizo una salvedad parecida sobre sus ingresos en su comparecencia ante el magistrado.

El caso más clamoroso de escasa preparación entre los consejeros de BFA era el de Mercedes Rojo-Izquierdo, exasesora de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Admitió ante el juez  que no tenía formación ni en contabilidad ni en economía, ya que había cursado estudios de farmacia --no concluidos--. Pese a ello, fue incluida en la Comisión de Auditoría de la entidad.

La inmensa mayoría de estos exconsejeros, imputados todos ellos por el juez Andreu --a excepción de Virgilio Zapatero--, dijeron en sus comparecencias que ni la auditora Deloitte ni el Banco de España les advirtieron de problemas en la entidad, que conocieron a raiz de la dimisión de Rodrigo Rato en mayo de 2012, y de que su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri, se viese obligado a reformular las cuentas de 2011 pasando de declarar unos beneficios de 305 millones a reconocer unas pérdidas de 2.900 millones.

Sin embargo, en los documentos de trabajo del Banco de España obrantes en el sumario, en los que la inspección realizaba un seguimiento trimestral de la fusión que dió origen a Bankia, sí se alertaba desde mediados de 2011 de la 'situación difícil' de la entidad, de sus problemas de liquidez, de sus carencias en garantías colaterales, y del incremento del saldo de activos dudosos e inmuebles adjudicados.

Asimismo, el organismo supervisor, desde septiembre de 2011, alertaba que Bankia 'debe ser gestionada como una empresa en crisis y hasta ahora no se está haciendo así, como lo evidencian las generosas políticas de prejubilaciones y de retribuciones fijas y variables'.

Además, la Inspección del Banco de España censuraba el conflicto interno existente entre los dos principales socios de BFA (Cajamadrid y Bancaja), que acumulaban el 90% del capital de la matriz, y que el sistema de toma decisiones no era transparente.

Respecto al Consejo de Administración de Bankia, el Banco de España sí consideró positivo, en marzo de 2012, que se hubiese desprendido de altos ejecutivos provenientes de las cajas de ahorros que formaron la entidad, y el fichaje de personas de experiencia en el sector como el exconsejero delegado de la entidad Francisco Verdú, de quien subrayaban su larga experiencia en Banca March.