El Banco de España autorizó la recompra de preferentes de Bankia al 100% cuando valían el 21%

Hubo preferentistas de Bankia que, cuando la entidad ya estaba en crisis, pudieron acogerse a la recompra de sus participaciones al 100% de su valor, pese a que sólo costaban el 21%. La operación se hizo en marzo de 2012, y fue autorizada por el Banco de España en un informe que ha sido remitido a la Audiencia Nacional.

El despacho de abogados JAUSAS, autor de una de las querellas por las preferentes admitidas a trámite por dicho tribunal, critica el visto bueno que dio el supervisor bancario a esa operación de recompra, y ha pedido al juez Fernando Andreu --instructor del caso-- que investigue si los beneficiarios de esas transacciones fueron personas vinculadas al grupo.

En concreto, esta parte solicita que se "requiera a BFA a través de su representación procesal para que aporte al Juzgado la lista de tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada cuya amortización solicitó en fecha 5 de Marzo de 2012, así como su grado de relación con las sociedades del grupo BFA-Bankia o sus directivos".

El 8 de marzo de 2012, apenas dos meses antes de la nacionalización de Bankia, el Banco de España autorizó que BFA, la matriz del grupo, amortizara 1.277 millones de euros en participaciones preferentes perpetuas emitidas entre el año 2000 y 2007 al 100% mediante la entrega de acciones de Bankia, cuando su valor real era del 21% según habían valorado expertos independientes citados en el propio informe del organismo supervisor.

Así lo revela el informe que el Banco de España ha remitido recientemente al juez Fernando Andreu, que establece que "el lucro cesante para BFA comparando los precios podría ser de hasta 1.000 millones de euros en caso de 100% de aceptación".

El documento del Banco de España se hace eco de la "deficiente comercialización de las preferentes y subordinadas", y el problema que supondría que, judicialmente, se demostrará que fueron vendidas como si fuesen depósitos. En ese sentido, destaca que el "punto de corte" de las emisiones adecuadamente comercializadas podría ser la directiva europea Mifid, del año 2007, que estableció ciertas garantías como el test de idoneidad del cliente. Así, resaltaba que la operación de recompra al 100% del valor se dirigía a emitidas realizadas en 2006 o antes, y tres cuartas partes antes de 2003.

"El efecto fue muy perjudicial para los tenedores de preferentes de Bankia. Por un lado, BFA se despatrimonializó en 1.000 millones de euros, disminuyendo las garantías de los acreedores entre los que se encontraban los tenedores de preferentes, y, por otro lado, se liberó a los acreedores de emisiones antiguas de la obligación de asumir parte de las pérdidas que en ese momento ya se vislumbraban para Bankia", apunta Jordi Ruiz de Villa, socio de JAUSAS, que está personado en el procedimiento en nombre de un empresario y su esposa, que perdieron 300.000 euros en participaciones preferentes.

Entre los puntos negativos de la operación, el informe reconoce que "los acreedores de BFA podrían argumentar que porqué se reembolsa a otros acreedores antes que a ellos, con independencia que se pague un precio muy por encima del valor de mercado. Además podrían señalar que se paga a acreedores perpetuos, o con vencimientos posteriores a los suyos".

Por último, el informe concluye que pese a que "los argumentos negativos pesan tanto o más que los positivos", la operación quedaba autorizada porque se obtenía un compromiso de devolución de los recursos públicos.

"Es un argumento arbitrario porque una promesa de devolver fondos públicos no puede usarse para autorizar una operación que perjudica en 1.000M millones de euros al grupo y a decenas de miles de inversores", afirma Jordi Ruiz de Villa.

El letrado, que agrupa a numerosas empresas medianas y grandes que sopesan la posibilidad de personarse en el procedimiento, ha pedido al juez Andreu que investigue quiénes fueron los beneficiarios de esta maniobra y sus relaciones con los dirigentes y empresas del grupo Bankia, así como un detalle pormenorizado de quién y cómo se tomó la autorización en el Banco de España, por si cupiera pedir responsabilidades a la administración del Estado.