La banca acreedora y Deloitte, administrador concursal de Pescanova, han llegado este lunes a un acuerdo por el que varias entidades otorgarán crédito urgente a la multinacional pesquera por valor de unos 55 millones de euros, que se destinarán a gasto corriente, según han confirmado fuentes financieras.

Las entidades y el administrador concursal han llegado al acuerdo tras una larga reunión, en la que parte de los acreedores han aceptado otorgar liquidez a la empresa para sus pagos inminentes. Así, las entidades que facilitarían el crédito son Bankia, Sabadell, Popular, NCG Banco y CaixaBank. La concesión de este crédito está sujeta a condiciones: la inyección de liquidez se destinará a gasto corriente y tendrá consideración de deuda privilegiada, es decir, los bancos tendrán preferencia de cobro para recuperar ese dinero. En cualquier caso, fuentes conocedoras de la operación han precisado que 'aún no hay nada firmado de forma definitiva' y que habrá una reunión en próximos días para 'ultimar flecos y detalles técnicos'.

Los acreedores habían puesto como condición para sentarse a negociar la concesión de este crédito que el equipo gestor de Pescanova (con Manuel Fernández de Sousa a la cabeza) fuese apartado, como así ha ocurrido por parte del juez que ha declarado el concurso de la pesquera gallega.

La banca española concentra la mayor parte de la deuda, con Sabadell a la cabeza (222 millones de euros), Popular (165,5 millones), Novagalicia Banco (161,58 millones), CaixaBank (157,44 millones) y Bankia (126 millones), integrantes del llamado steering committee junto a Deutsche Bank y Royal Bank of Scotland. La banca extranjera, que siempre se ha mostrado 'más escéptica y crítica' con la situación de la firma, se mantiene al margen de la concesión de esta línea y no inyectará liquidez en la compañía.

La deuda bancaria (contraída con cerca de un centenar de entidades financieras) superaría los 3.000 millones de euros, de los cuales unos 1.900 corresponden a su matriz y el resto a filiales, tanto españolas (unos 400 millones) como extranjeras (unos 700 millones). A este importe, se suman además unos 375 millones de euros correspondiente a las emisiones de bonos. La cifra de la deuda podría aumentar en función del trabajo de investigación que realizan la administración concursal. Según fuentes jurídicas, el  administrador concursar pedirá ampliar el plazo para la presentación de su informe debido al tamaño y el entramado empresarial del grupo pesquero presente en más de 25 países y que cuenta con numerosas filiales y participadas que a su vez participan en otras compañías.

La compañía gallega, que presentó concurso de acreedores después de reconocer discrepancias en la contabilidad del grupo (la cifra de deuda real duplicaría la reconocida oficialmente según fuentes) necesita liquidez para afrontar la gestión diaria de la compañía, ahora en manos de Deloitte. La semana pasada, la empresa vio como una de sus filiales, Pesca Chile, se veía abocada a la quiebra después de que los juzgados chilenos aceptasen la petición de uno de sus acreedores, según indicó la compañía.