Este artículo se publicó hace 11 años.
El Ayuntamiento de Toledo confirma el pago al PP de una comisión "ilegal" de 200.000 euros
El contrato de limpieza a la empresa Sufi a cambio de la prima tiene un valor de 43 millones y se cerró cuando gobernaban los conservadores en la capital de Castilla-La Mancha.
El Ayuntamiento de Toledo ha asegurado hoy que la comisión "ilegal" supuestamente cobrada por el PP cuando gobernaba el Consistorio toledano es de un contrato de limpieza. El Ejecutivo local que encabeza Emiliano García Page ha reaccionado así a la publicación del diario El Mundo, que informa en su edición de hoy de que el extesorero del PP Luis Bárcenas describió ante Javier Arenas y Mariano Rajoy "el cobro de una comisión de 200.000 euros por encargo del PP de Castilla-La Mancha [presidido por María Dolores de Cospedal] a cambio de la adjudicación de una contrata municipal en Toledo".
Fuentes municipales han asegurado, asimismo, que tienen la certeza de que el contrato al que se refiere la información del diario nacional corresponde al servicio de limpieza de la ciudad con la empresa Sufi, suscrito el 15 de enero de 2007 por un periodo de siete años y un total de 43 millones de euros, a razón de algo más de seis millones anuales.
Además, el concejal de Gestión de los Servicios del Ayuntamiento de Toledo, Gabriel González, ha asegurado a través de su cuenta en Twitter (@gabriel20025) que "no hay que buscar mucho, el contrato es el de limpieza adjudicado en marzo de 2007".
Tras conocerse el contenido de la información de El Mundo y cotejar los datos, el PSOE de Castilla-La Mancha ha exigido a la secretaria general del PP y presidenta de la región, María Dolores de Cospedal, que explique hoy mismo el cobro de una comisión de 200.000 euros por encargo del PP de Castilla-La Mancha a cambio de una contrata municipal.
La portavoz socialista Cristina Maestre ha exigido a Cospedal que haga un ejercicio de máxima transparencia para explicar este hecho y, al mismo tiempo, considera que a la vista de la información publicada hoy, la Fiscalía Anticorrupción debería investigar de oficio para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades políticas y penales.
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