'Despropósito incomprensible'. 'Intento de desactivar la investigación'. 'Decisión inaudita'. Los querellantes en el caso de las preferentes de Caja Madrid han recibido con indignación la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que restringe la causa a siete directivos, incluido Miguel Blesa, por la planificación de las emisiones, pero deja fuera la comercialización individualizada del producto e impide el reconocimiento de perjudicados en la vía penal.

La Sección Tercera de la Sala, formada por los jueces Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Antonio Díaz Delgado, deja fuera de su competencia la posibilidad de investigar en esta causa a los directores de sucursal y resto de empleados que vendieron las preferentes, al estimar que 'no es concebible que existiese una ideación que partiendo de los empleados (...) decidieran por sí mismos comercializar los productos de dicha entidad, y más de forma fraudulenta'.

En ese sentido, indican que si existiese 'algún caso aislado de algún empleado de dicha entidad que se extralimitó, dicho perjudicado podrá ejercitar las acciones personales e individuales que correspondan' ante los juzgados ordinarios provinciales.

Según explica el abogado de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Andrés Herzog, uno de los autores de las querellas, es evident3e que 'un plan de este tipo no lo inventan los empleados y se ponen de acuerdo entre ellos, sino que son las cúpulas directivas las que lo hacen y lo implementan a través de la red comercial. En muchos casos los empleados son meros sujetos instrumentales de los delitos, pero eso no hace desaparecer la estafa'.

En cuanto a la limitación de la investigación a 'las cúpulas directivas' pero no, curiosamente, la estafa o el engaño provocado a los inversores, sino otra cosa: 'La ideación y planificación llevada a cabo por estos miembros de esos órganos directivos de las entidades de las que formaban parte para capitalizarlas con la venta de acciones preferentes', para Herzog lo grave no es que los bancos y cajas se capitalizaran, sino que lo hiciesen mediante engaño, 'lo cual al parecer no hay que investigar'. 

Este letrado agrega que restringir la investigación a si las preferentes se emitieron en un contexto de ocultación de la verdadera situación financiera,  es 'un concepto muy vago que va a dar muchos problemas interpretativos y que puede servir de excusa para reducir al máximo la investigación'.

El despacho catalán Jausas, autor de otra de las querellas, subraya, en cuanto a la comercialización de participaciones preferentes, que 'la Audiencia Nacional deja sin analizar las consecuencias penales de que los directivos de Caja Madrid no informaran a los adquirentes de la rebaja en el rating de la entidad en plena emisión'.

'Es inaudito --sostiene el letrado Jausas Jordi Ruiz de Villa-- que la Sala no se pronuncie sobre un hecho tan importante como que los clientes firmaron la orden irrevocable de compra en la creencia de que se trataba de un producto de bajo riesgo (rating Aa3 de Moody's) pero no se les informó de que la propia Moody's había rebajado la calificación crediticia a bono basura (Ba2) justo antes de que se cerrara la emisión'.

'Es como si se vendiera un coche y antes de la entrega se supiera que los frenos no funcionan y no se advirtiera al cliente', añade el letrado, que subraya que además la Audiencia Nacional tampoco analiza el hecho que la CNMV conoció esa falta de información e incumplió su deber legal de obligar a la caja a que informara a sus clientes.

La Audiencia Nacional tampoco acepta investigar los denominados 'cases de operaciones' (compra y venta de participaciones preferentes entre clientes del banco), al asegurar que puede darse la paradoja de que el comprador que puede salir en un momento dado perjudicado, al vender puede ser beneficiado.

'No constando que exista un plan preconcebido para beneficiar de forma individual a unos clientes en perjuicio de otros, el perjudicado económicamente por tal forma de hacer, debe para su resarcimiento acudir a la vía civil contra la entidad emisora/comercializadora de dichos productos', dice uno de los autos de la Sala.

Este nuevo balón fuera de los magistrados ha indignado especialmente al abogado Juan Ignacio Moreno Yagüe, de la plataforma 15MpaRato, al entender que el informe de la CNMV al respecto era claro al calificar de 'malas prácticas' dichos cases. Asimismo, se escandaliza de determinados pasajes de las resoluciones, como el que dice que 'es harto difícil construir una conducta engañosa, como pretende la querella, cuando el supuesto plan concebido no es sino el sistema bajo el que opera el sistema financiero'.

Moreno Yagúe considera que los magistrados de la Sala han pretendido desactivar la causa, pero se esforzará porque no lo consigan. El caso pasa de nuevo ahora al instructor, el juez Fernando Andreu, a quien 15MpaRato pedirá, entre otras diligencias, que requiera a Bankia los correos electrónicos de Miguel Blesa --incautados en su día por orden del juez Elpidio José Silva-- donde se refiere a su control personal del proceso de emisión de preferentes, y ofrece datos concretos del comportamiento al respecto de la red de sucursales, los sindicatos, el Banco de España o la CNMV.

En palabras del abogado Herzog, el auto es un 'despropósito, carente del más mínimo rigor o fundamento y destinado únicamente a evitar que las preferentes se conviertan en una macro-causa'.

Sin embargo, los querellantes ven, como lado positivo de la decisión de la Sala, que haya mantenido la imputación de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, y de otros seis exdirectivos de la entidad, que son el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, el exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella (PP); el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche (PP); el exalcalde socialista de Móstoles José María Arteta; el exdirigente de CCOO Rodolfo Benito; y el representante de UGT Gonzalo Martín Pascual.