La Audiencia Nacional concede la libertad condicional a dos presos de ETA

El juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha acordado la libertad condicional de los presos etarras Fernando de Luis Astarloa y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, clasificados en tercer grado penitenciario desde los meses de octubre y febrero, respectivamente.

Según los autos dictados hoy por el magistrado de la Audiencia Nacional, ambos reclusos han cumplido las tres cuartas partes de sus condenas, ha manifestado por escrito su renuncia a la violencia reconociendo el daño causado y pidiendo perdón a las víctimas y se han comprometido a hacer frente, "en la medida de sus posibilidades", a la responsabilidad civil.

Castro insta a Instituciones Penitenciarias a que estudie la "posibilidad y pertinencia" de que los reclusos participen en "programas de mediación o encuentros con las víctimas, de carácter voluntario, especialmente para las víctimas", en cuyo caso Prisiones deberá informar al juzgado del protocolo de actuación de dichas reuniones y el contenido de su seguimiento.

El magistrado ha adoptado esta decisión después de recibir los informes favorables de la Fiscalía, que consideran que ambos reclusos cumplen todos los requisitos legales para obtener la libertad condicional, que les permite cumplir el resto de su condena fuera de la cárcel.

En ambos casos, el juez no ha accedido a la petición de la Fiscalía de que se les imponga la prohibición de establecer su domicilio en Bilbao al considerar que, en el caso de Astarloa, "ha fijado su proyecto de vida" fuera de la capital vizcaína, y que Pérez de Nanclares, preso en la cárcel de Basauri (Vizcaya), ha disfrutado de permisos "sin incidencia negativa de ningún tipo".

Castro impone a los dos presos la obligación de continuar con el abono de la responsabilidad civil, "aunque sean pagos mensuales fraccionados", y según han informado fuentes jurídicas, Pérez de Nanclares, al que le resta pendiente de pago 2.624,63 euros, ha aportado incluso una finca suya para hacer frente.

Respecto a Astarloa, condenado a 58 años de cárcel por dos asesinatos en los años 80, el juez señala que constan pagos fraccionados que, "aunque cantidad módica" reflejan el "compromiso del interno para efectuar una conducta orientada al pago".

También fija el juez la obligación de que ambos presos queden bajo la custodia de un familiar, la de residir en el lugar que han comunicado al juzgado, así como que sean sometidos a un seguimiento por parte de los servicios sociales respecto a las condiciones impuestas.

"Especial y específica atención" deberá ponerse en todo lo referido a sus desvinculaciones de la "actividad, entorno e ideología terrorista", por si pudieran aparecer en ellos "elementos o circunstancias" que supusieran una "regresión al posicionamiento ideológico anterior", además del pago de las indemnizaciones hasta su abono definitivo, precisa el juez.

Sobre Pérez de Nanclares, expulsado de ETA tras reconocer que sus objetivos se pueden lograr por vías políticas y no mediante la lucha armada, el magistrado destaca que éste ha aprovechado de forma positiva el tiempo en prisión "para formarse desde el punto de vista intelectual" y practicar deporte.

También valora la desvinculación de la banda terrorista manifestada por Astarloa en una carta en enero de 2007, Castro señala que, según el informe de la Junta de Tratamiento de la prisión cántabra de "El Dueso", el recluso "ha ido uniendo la creación de nuevos vínculos que refuerzan de manera muy positiva su actitud".

Asimismo, el informe del centro penitenciario recogía que la conducta de Astarloa, que cumple condena en la cárcel alavesa de Nanclares de Oca, es "excelente y su grado de participación en actividades se pude calificar de extraordinario".

La decisión del juez se ha adoptado después de que el Ministerio del Interior haya anunciado la puesta en marcha de un programa integral dirigido a presos por delitos de terrorismo vinculados no sólo a ETA, sino también a los GRAPO y los grupos yihadistas e incluso el crimen organizado, para facilitar su reinserción y evitar su radicalización en las cárceles.