La Fiscalía Anticorrupción considera que aún persiste el riesgo de fuga y de reiteración delictiva en el caso del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, si bien ha solicitado su puesta la libertad argumentando que la prisión provisional acordada hace tres años y cuatro meses se puede convertir en una "pena anticipada". 

Según exponen los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano en el escrito que han presentado este miércoles ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, quien instruye el caso Tándem, no hay previsión de que se pueda juzgar a Villarejo antes de noviembre --cuando se cumple el plazo máximo que puede estar en la cárcel sin una condena-- ni parece que la instrucción del caso vaya a llegar a su fin en fechas próximas. 

La petición de excarcelar al expolicía llega justo un día después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazara su recurso contra la decisión que adoptó el pasado 10 de febrero de ponerle en libertad sólo con respecto a las tres primeras piezas de la macrocausa que se juzgarán en un único juicio el próximo mes de diciembre --Pintor, Iron y Land-- y Fiscalía pide 100 años de cárcel. 

El Ministerio Público destaca en su escrito dirigido al juez instructor que la situación provisional de Villarejo siempre se ha justificado por el "elevado riesgo de fuga y un evidente riesgo de reiteración delictiva, junto con un persistente riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba". 

Unas circunstancias que a juicio de la Fiscalía continúan a día de hoy, si bien explica que el mantenimiento de una "situación de carácter excepcional que afecta directamente al derecho a la libertad", ya no resulta "materialmente idónea para garantizar la sujeción del investigado al procedimiento". 

Entiende que mantener la medida cautelar de prisión provisional --que en 2019 cumplió dos años y se prorrogó dos más-- se puede convertir en una "pena anticipada" y comprometer el derecho a la presunción de inocencia. 

Ingresó en prisión hace casi cuatro años 

El comisario jubilado ingresó en el centro penitenciario de Estremera en noviembre de 2017, cuando fue detenido en el marco de la 'operación Tándem'. Ello supone que en ocho meses se agota el plazo máximo de cuatro años establecido legalmente que se pueden cumplir en prisión preventiva sin una sentencia condenatoria. 

En este sentido, los fiscales hacen hincapié en que ni el "estado actual" de tramitación de la pieza principal del caso, ni las piezas separadas que se encuentran en instrucción permiten concluir que el procedimiento esté llegando a su fin, o que se pueda celebrar un juicio antes de que expire el plazo máximo legal de prisión provisional.

Fuentes fiscales apuntan que la puesta en libertad responde a una estrategia procesal, ya que al salir ahora en libertad permitiría que hubiera un remanente de meses (aproximadamente ocho) que podrían ser usados posteriormente como prisión preventiva en caso de que interese ante la celebración de próximos juicios.

Así las cosas, Anticorrupción solicita la puesta en libertad de Villarejo con respecto a toda la causa --que acumula una treintena de piezas--, de acuerdo al artículo 528 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), pero sin olvidar la "gravedad de los hechos" que se le atribuyen, en unos casos aún como investigado y en otros ya como acusado. 

Destaca que el riesgo de fuga continúa porque está "cada vez más acreditada" la integración de su círculo familiar en la presunta "organización criminal que dirige". Recuerda que la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá y el hijo del comisario, José Manuel, están procesados en algunas de las piezas separadas del caso Tándem. 

Pasaportes en blanco y grandes cantidades de dinero en efectivo 

Señala también que en los registros practicados se han incautado "pluralidad de identidades, así como pasaportes en blanco y grandes cantidades de dinero en efectivo". Al respecto, los fiscales indican que al estar intervenidos estos documentos, Villarejo no va a poder hacer uso de los mismos, pero sí apuntan a la posibilidad de la "planificación de una fuga del territorio nacional ante la eventualidad de poder ser penalmente investigado o detenido, que pone de manifiesto la disponibilidad de estos efectos siguiendo las pautas seguidas por los miembros más expertos y en situación de mando y preponderancia de las grandes organizaciones criminales".

A ello añaden que se ha acreditado durante la investigación la "facilidad" del investigado para "trasladarse a distintos países, tanto dentro como fuera de Europa" y el "mantenimiento de una amplia red de contactos, que le permitirían residir fuera del territorio nacional eludiendo aquí sus futuras responsabilidades penales". 

Asimismo, rechazan que al encontrarse jubilado como funcionario del Cuerpo Nacional Policía, Villarejo "no mantiene un arraigo profesional o laboral en España que garantice suficientemente su estancia", ya que "ha utilizado su entramado societario para la comisión de los delitos objeto del procedimiento".

Al mismo tiempo, Anticorrupción considera que sigue habiendo un "cierto riesgo de reiteración delictiva" porque es el "máximo responsable de una organización criminal, en cuyo marco general ha desarrollado las concretas conductas delictivas que se investigan en múltiples piezas separadas". 

Control de una "ingente" documentación desde prisión 

En este punto, subraya que se incoó la pieza 28 de la macrocausa, relacionada con el mercadeo de información desde el centro penitenciario, porque Villarejo "seguía controlando desde la prisión una ingente documentación que mantenía depositada después de su jubilación como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía el 22 de junio de 2016".

Según dice la Fiscalía en su escrito, el comisario tenía una doble finalidad: "lucrarse y de chantajear tanto a particulares como a las instituciones del Estado mediante la difusión programada de esa información sensible, para obtener así su impunidad o al menos a corto plazo, su libertad". Unos documentos, que, según indica el Ministerio Público, "ya se han recuperado la mayoría". 

Por todo ello, los fiscales del caso Tándem han solicitado al juez García Castellón que de acordar la libertad de Villarejo sea bajo una serie de medidas cautelares que permitan su control. 

Se trata, y así finalmente ha impuesto el magistrado, la obligación de comparecer diariamente en el juzgado correspondiente a su domicilio, prohibición de salir del territorio nacional, comunicación de cualquier cambio de domicilio o residencia y entrega de pasaporte y prohibición de obtención de un nuevo pasaporte.