La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, quiere 'ordenar' la autorización de manifestaciones en el centro de Madrid, específicamente en el eje del paseo de la Castellana y otros estratégicos para la movilidad, en las zonas históricas protegidas y en las áreas de gran afluencia turística.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, la alcaldesa ha anunciado que va a solicitar formalmente a la Delegación del Gobierno en Madrid una reunión para acordar 'una serie de espacios que deberían ser especialmente protegidos' frente a las manifestaciones.

Eso no significa limitar ni restringir las manifestaciones en el centro de la ciudad sino 'ordenar' la autorización de sus recorridos, 'caso por caso' y atendiendo a criterios que tienen que ver con la movilidad, el interés económico de la ciudad en su conjunto y el respeto al patrimonio histórico, según ha explicado después la alcaldesa.

Lo que ha propuesto Ana Botella es 'pactar' con los organizadores de las protestas 'itinerarios alternativos fuera del corazón de la ciudad' y además 'hacerlos cumplir'.

Para eso no sería necesario modificar ninguna ley ya que la Delegación del Gobierno ya fija el itinerario de cada manifestación de acuerdo a la valoración que hace en cada caso, ha indicado.

Ana Botella, que ha comenzado por expresar su 'absoluta repulsa y condena' a los hechos ocurridos tras las Marchas de la dignidad del pasado sábado, ha aportado la estimación del coste para el ayuntamiento de esa jornada, 655.000 euros, ha dicho, 'que han salido del bolsillo de todos los contribuyentes'.

Después de solidarizarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y expresar su apoyo personal a los empresarios cuyos negocios fueron agredidos, la alcaldesa ha declarado que 'la capital de España no puede tolerar que el espacio público de todos, especialmente el centro de la capital, sea ocupado sistemáticamente'.

Específicamente, ha dicho, 'por los que han hecho de Madrid la diana de todas las manifestaciones, tomando como rehenes a los madrileños y a quienes nos visitan'.

A su juicio, el derecho de manifestación consagrado en la Constitución 'debe ser regulado de forma razonable' y como ejemplo ha puesto a Francia, que 'regula escrupulosamente las medidas que refuerzan el mantenimiento del orden público, rechazando aquellas que supongan una amenaza grave para la seguridad, y preservando el centro de su capital'.