Este artículo se publicó hace 14 años.
Los abolicionistas ganan terreno ante la votación de mañana para prohibir las corridas en Cataluña
Cataluña votará mañana la prohibición de las corridas de toros tras unas semanas frenéticas en las que los defensores de la fiesta han intentado sin éxito, sobre el papel, convencer a los diputados catalanes, especialmente a los de CiU, de que se opongan a esta iniciativa impulsada por la plataforma Prou!.
La propuesta de los animalistas, que recogieron 180.000 firmas para promover una iniciativa legislativa popular, cuenta con el respaldo de ERC (21 diputados) e ICV-EUiA (12) y, por lo que han dejado entrever, con el voto de la mayoría de los 48 representantes de CiU, la federación nacionalista que ha dado libertad de voto.
La federación nacionalista, en la tramitación de la ILP, introdujo una enmienda para que, de prosperar, la abolición se aplique a partir de enero de 2012.
También el grupo del PSC permitirá a sus 37 diputados votar en conciencia, después de haber mantenido una postura claramente contraria a la abolición durante la tramitación de esta iniciativa que modificará la Ley de Protección de los animales para prohibir las corridas, y que convertirán a Cataluña en la segunda comunidad en vetar estos festejos tras Canarias, en 1991.
Todo indica que la mayoría de los diputados del grupo PSC-CpC, cuyo portavoz en la comisión de Medio Ambiente, David Pérez, es un reconocido taurino, votarán en contra de la prohibición, entre ellos el presidente de la Generalitat, José Montilla, contrario a la prohibición, aunque los miembros de Ciutadans pel Canvi, se muestren partidarios de acabar con las corridas.
Los defensores de la fiesta -que cuentan con el apoyo de los 14 diputados del PP y los 3 del grupo mixto- creen que la iniciativa se ha politizado hasta convertirse en un debate identitario, sobre todo tras el enfado nacionalista por la sentencia del Estatut, y aunque han apelado a la catalanidad de las corridas no han logrado asegurarse el respaldo de la decena de diputados de CiU protaurinos.
A ello no ha colaborado tampoco la decisión del PP catalán de llevar al consejo de Garantías Estatutarias la regulación de los tradicionales "correbous", espectáculos en los que se utilizan toros, pero que no acaban con la muerte del animal, típicos del sur de Tarragona, y que CiU quería "blindar" en esta legislatura.
Ello ha llevado a que Francesc Sancho y Xavier Pallarés, diputados de la federación en las Tierras del Ebro, hayan anunciado que no participarán en la votación de mañana, lo que allana aún más el camino a la prohibición.
El debate de la ILP se iniciará a las 10:00 horas y en el mismo intervendrán los portavoces de los diferentes grupos, que servirán para demostrar, una vez más, la falta de acercamiento que se ha producido en este proceso, en el que pocos diputados parecen haber cambiado de opinión, a pesar de la comparecencia en el Parlament de una treintena de defensores y detractores de las corridas.
En la votación de mañana, que será pública, se conocerá la postura de los 135 diputados -algo que reclamaban los taurinos para que los políticos se "retrataran"- entre ellas la del presidente de CiU, Artur Mas, el único líder político que no ha expresado el sentido de su voto.
Por lo que pueda pasar, la plataforma de Promoción y Difusión de la Fiesta ha encargado un informe sobre el coste económico que conllevaría la supresión de las corridas, que de hecho sólo afectaría a la plaza de Toros de la Monumental, propiedad de la familia Balañá, y única en activo en toda Cataluña.
El informe elaborado por el profesor de Economía de la UB Vicente Royuela, miembro hay que decirlo de la plataforma, estima que prohibir las corridas de toros costaría unos 300 millones de euros a la Generalitat en concepto de indemnizaciones.
Además, la Federación de entidades taurinas de Cataluña anunció recientemente que si la prohibición sale adelante, sus abogados estudiarán la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, que no requeriría de medidas cautelares, porque la abolición incluye la moratoria de 18 meses hasta enero de 2012.
Como ya ocurrió en la toma en consideración de la ILP, la votación de la mañana en el Parlament ha generado una gran expectación tanto entre la prensa nacional como en la internacional, y entre los acreditados mañana habrá periodistas de la BBC, The Times, Le Figaro o CNN Internacional.
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