La batalla judicial contra el Gobierno por la gestión de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus sigue escalando con fuerza. La organización ultracatólica Abogados Cristianos y Jucil, el sindicato de Jusapol en la Guardia Civil, han sido las últimas organizaciones en presentarse al combate contra la gestión del Ejecutivo en los tribunales de justicia por la vía de lo penal. Antes, ya habían presentado querellas por la vía penal el sindicato de funcionarios CSIF y a nivel particular, el abogado Víctor Valladares, relacionado según la Cadena Ser con supuestos casos de estafa, y el abogado Mariano Llorente en València, quien también defiende al exconcejal del PP Cristóbal Grau en el caso Taula.

La asociación Abogados Cristianos, conocida por sus mediáticas denuncias contra el actor Willy Toledo o contra las mujeres de la "procesión del coño insumiso", anunció el miércoles a primera hora una querella criminal contra el Gobierno ante el Supremo por "omisión del deber de socorro y prevaricación en la gestión del coronavirus". Concretamente, la asociación ultracatólica se ha querellado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los vicepresidentes Pablo Iglesias y Carmen Calvo; los ministros Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Luis Ábalos (Transportes), Salvador Illa (Sanidad), Irene Montero (Igualdad); y, por último, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón.

El comunicado de la asociación  dice que la decisión de interponer una querella criminal "se ha visto motivada por la frivolidad con la que se está tratando a los mayores de 70". Asimismo, su presidenta, Polonia Castellano, señala que "este gobierno sabía que ocultando la realidad del coronavirus hasta después del 8M ponía en riesgo la vida de los más vulnerables, pero no le importó". Por último, la asociación también solicita "medidas cautelares por vía urgente" para que se administre a las residencias de mayores material para la prevención de la enfermedad y medicinas.

En una línea similar y apenas unas horas después del anuncio de Abogados Cristianos, la Asociación Profesional de la Guardia Civil Jucil, brazo de Jusapol en la Guardia Civil, presentaba una querella criminal contra el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por "homicidio imprudente" y "por "infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales". Su portavoz, Ismael Guerrero, ha señalado en un comunicado que la decisión de los citados ministros de "no aceptar las peticiones realizadas" por su asociación para incluir a la Guardia Civil "dentro de los colectivos de riesgo alto de contagio" ha provocado "el fallecimiento de cuatro miembros del instituto armado".

La presentación de estas dos nuevas querellas se suma a la maraña previa de querellas y denuncias con motivo del coronavirus que ya existía en los tribunales. A las ya desarrolladas, hay que sumar la interpuesta por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ante la Sala de lo Penal del Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como máxima autoridad del Gobierno, al considerar que "la falta de previsiones y las insuficientes medidas de protección" con las que cuentan los profesionales del Sistema Nacional de Salud en la gestión de la pandemia de coronavirus, podrían ser constitutivas de un delito contra los trabajadores sanitarios y suponer una "infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente".

Contra el delegado del Gobierno en Madrid y contra Sánchez

Asimismo, el abogado Víctor Valladares, que anunció la creación de una asociación con más de 7.000 afectados por el virus, presentó denuncias ante los juzgados de Plaza Castilla en Madrid contra el presidente Pedro Sánchez, el ministro Salvador Illa, y contra todos los delegados del Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, por no haber prohibido concentraciones multitudinarias celebradas entre el 5 de marzo y el 14 de marzo.

La denuncia cayó en el juzgado de instrucción nº 51 de Madrid y la jueza Carmen Rodríguez-Medel acordó abrir diligencias penales por presunta prevaricación administrativa y/o lesiones por imprudencia profesional contra José Manuel Franco, delegado del Gobierno del Madrid, a la vez que instó al denunciante a que, si lo estimaba procedente, trasladara la denuncia contra los miembros del Gobierno ante el Supremo. Dicho y hecho, Valladares acudió al Supremo y reprodujo su denuncia contra el presidente del Gobierno.

Se da la circunstancia, en este último caso, siempre según la información publicada por la Cadena Ser, que el abogado Valladares fue condenado y sancionado por "quedarse con el dinero de algunos de sus clientes sin llevar a cabo el trabajo para el que le habían contratado o no dar cuenta de él". Según informa la emisora del grupo Prisa, el Colegio de Abogados de Madrid le sancionó en dos ocasiones y un juzgado le condenó a devolver el dinero a una clienta en 2018, estando a la espera de otro juicio en Madrid este mes de junio. Asimismo, otro juzgado, en sentencia no firme, le ha condenado hace dos meses por un delito leve de estafa por engañar a otro cliente. 

Contra el Govern de la Generalitat Valenciana

En esta maraña de denuncias por la vía penal, también hay que incluir la presentada por el abogado Mariano Llorente en el Tribunal Superior de Justicia de València por presunta "prevaricación lesiones y homicidio imprudente" contra el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig; la delegada y el subdelegado del Gobierno en esa comunidad, Gloria Calero y José Roberto González; contra el alcalde, Joan Ribó (Compromís) y contra Carlos Galiana, concejal delegado de Cultura Festiva. La denuncia considera que los citados responsables políticos "omitieron dictar la oportuna resolución o cancelación" de actos multitudinarios celebrados a lo largo de febrero y marzo.

El abogado Mariano Llorente, según señala el diario valenciano Levante-EMV, "es un conocido penalista valenciano, con una extensa trayectoria profesional, y es el abogado del exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia Cristóbal Grau en el caso Taula.