851 personas fueron víctimas de agresiones de la Policía y los funcionarios de prisiones en 2012

La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) ha informado hoy de que el pasado año 2012 se documentaron 288 casos de agresiones y malos tratos en España, en los que resultaron afectadas 851 personas, por parte de funcionarios de los diversos cuerpos de policía y de prisiones.

Estas cifras están incluidas en el Informe anual que elabora la Coordinadora, integrada por unas 50 organizaciones y asociaciones de derechos humanos y entidades sociales españolas, y que este año ha sido presentado en rueda de prensa en Barcelona, porque se inicia el lunes en esta ciudad un juicio a nueve funcionarios de prisiones por agresiones durante un motín en la cárcel de Quatre Camins.

Cataluña con 53 y Madrid con 49 son las Comunidades donde se registraron más agresiones

Por territorios, según el informe, en Cataluña se registraron el pasado año 53 situaciones de agresiones por parte de las fuerzas de seguridad, con 141 personas afectadas; a la que sigue Madrid, con 49 y 278 afectadas; Andalucía, 42 y 97; Valencia, 29 y 95; Euskadi, 29 y 68 y Galicia, 24 y 31, respectivamente. En Castilla y León se denunciaron 14 situaciones de agresiones con 17 personas afectadas, a la que sigue Aragón, con 11 y 31; Asturias con 7 y 20; Canarias,7 y 12; Extremadura, 5 y 7; Murcia, 5 y 12; Baleares, 5 y 8; Ceuta, 4 y 6; La Rioja, 3 y 8; y Melilla, 1 y 20 personas afectadas, según los datos de la Coordinadora. Atendiendo a la población, el mayor porcentaje de denuncias por cada 100.000 habitantes se produjo en Melilla, con veinte personas afectadas (25,5 % de la población), seguida por Ceuta, con 6 y 7,75 %; Madrid, 278 y 4,34 %; y La Rioja, 8 y 2,58 %.

La mayoría de estas personas resultaron agredidas cuando participaban en movilizaciones sociales (591 personas afectadas y 102 movilizaciones), seguidas de los emigrantes, de los que se tiene constancia de 75 casos y 103 víctimas, ha indicado el portavoz de la Coordinadora, Jorge del Cura.

Este informe anual de la Coordinadora, el noveno que elaboran, ha sido presentado tres días después de otro informe, éste del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, que pidió a las autoridades españolas una mayor firmeza para evitar malos tratos a los detenidos y presos por parte de las fuerzas del orden y funcionarios de prisiones. En respuesta al informe del Consejo de Europa, el Ministerio del Interior aseguró que España cuenta con órganos administrativos y judiciales que de forma "rigurosa" e "independiente" investigan el maltrato policial.

En cuanto a los emigrantes, se tiene constancia de 75 casos y 103 víctimas

En la rueda de prensa de hoy, la presidenta de la Coordinadora, Lluïsa Domingo, y los portavoces de la entidad en Cataluña, Begoña Casado, y en Euskadi, Carlos Hérnandez, han deplorado las actuaciones policiales con motivo de movilizaciones sociales, con grandes despliegues de agentes, que, han dicho, "lo que generan es miedo y tensión" en los ciudadanos.

Entre estas víctimas de situaciones de violencia el pasado año, durante algunas movilizaciones, hay 53 periodistas, que presentaron denuncia tras ser agredidos cuando realizaban su trabajo, ha precisado por su parte Del Cura. Por lo que se refiere a los cuerpos de seguridad denunciados, 514 personas aseguraron que fueron agredidas por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía; 155 por policías autonómicos, de los que 117 denuncias correspondían a actuaciones de los mossos d'esquadra, 35 de la ertzaintza y 3 de la policía foral de Navarra; 39 por policías locales; 81 por parte de funcionarios de prisiones y 2 en centros de menores, con el resultado de muerte en estos dos últimos casos.

Según los datos de la Coordinadora, 37 personas sufrieron lesiones graves el pasado año por el impacto de pelotas de goma disparadas por la policía, entre ellas el joven Iñigo Cabacas, que falleció en el País Vasco, y Esther Quintana, que perdió un ojo, en Barcelona.También han informado sobre las muertes de personas detenidas bajo custodia de los funcionarios del Estado, que se elevaron en 2012 a 64, de las que 42 se produjeron en las prisiones o inmediatamente después de ser trasladados los presos a un hospital.