La comisaría de Mossos d'Esquadra de la Ciutat Vella de Barcelona se ha colocado en el centro del huracán informativo durante las últimas semanas. Sin duda, el caso más sonado ha sido el de Juan Andrés Benítez, el empresario del Gayexample que fue reducido y arrestado por ocho agentes en el Raval. Murió pocos minutos después de ser esposado. Sin embargo, en los días posteriores han salido a la luz varios casos más relacionados con abusos policiales, una situación que algunos colectivos y movimientos sociales de la ciudad venían denunciando desde hace tiempo.

Juan Andrés Benítez, de 50 años, era empresario del llamado Gayxample, donde regentaba las tiendas Mi Tropa y American Men, y era miembro de la Asociación de Empresas para Gays y Lesbianas. El 5 de octubre, por la noche, salió a la calle a buscar a su perro. Según los relatos de los distintos testigos recogidos por los medios de comunicación, tuvo varias discusiones por la calle, en el Raval, cerca de su casa, mientras trataba de encontrarlo. La última acabó en trifulca. Finalmente, llegaron los Mossos d'Esquadra y le redujeron violentamente, como muestran los vídeos.

Según el examen del forense, murió debido a 'múltiples traumatismos sobre la región craneo-facial', si bien aclara que estos golpes no acabaron con su vida directamente, sino que 'dieron lugar a un fallo cardiaco' que 'se vio afectado por otros factores', como la enfermedad cardiaca que padecía. Un diente, un pómulo, la ceja y la nariz rotas, además de heridas en los labios, la cabeza y una fractura del metacarpiano derecho; así fue ingresado Benítez. De esta forma, los forenses concluyeron que la muerte es de naturaleza 'homicida'.

El País publicó recientemente dos vídeos caseros, grabados por vecinos del Raval, que muestran a los agentes de los Mossos golpeando duramente a Benítez y dispersando a las personas que intentan observar los hechos. La posibilidad de que haya sido una víctima de la Policía ha hecho saltar las alarmas en el barrio, que desde hace años viene emitiendo quejas por la actuación de las fuerzas del orden. Además, amigos, vecinos y activistas de distintos movimientos sociales, como el LGTB o el 15-M, han lanzado una campaña para pedir la verdad sobre este homicidio.

El departamento de Interior ha apartado cautelarmente del cuerpo de los Mossos d'Esquadra a los ocho agentes imputados en este caso. El caso va a llegar finalmente al Parlament de Catalunya. La Comisión de Interior ha acordado este jueves por unanimidad la comparecencia urgente del conseller Ramon Espadaler para que dé explicaciones en el hemiciclo. Paralelamente, el director de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, ha defendido este mismo jueves que la reducción de Benítez por parte de ocho agentes, que han sido imputados por el juez tras la muerte del detenido, fue una actuación policial 'más o menos correcta, a no ser que aparezcan nuevas pruebas'.

El periodista y polítologo Bertran Cazorla era conocido por documentar abusos policiales. Recientemente, fue quien dio a conocer la condecoración a miembros de la División Azul por parte de la delegada de Gobierno de Catalunya, María de los Llanos de Luna. Publicó un reportaje sobre el aumento de muertes bajo custodia policial y es autor de un mapa interactivo en el que se recogen las agresiones y declaraciones xenófobas de la formación Plataforma per Catalunya. Hasta que fue detenido por los mossos de Ciutat Vella poco después de haber denunciado públicamente una actuación xenófoba por parte de agentes de este cuerpo autonómico. Ha denunciado malos tratos durante el tiempo que permaneció en los calabozos.

Hay tres agentes imputados. Pero Interior no ha adoptado ninguna medida cautelar en contra de los agentes, al tratarse de delitos de menor gravedad. En concreto, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona ha imputado a los agentes de la comisaría de Ciutat Vella por un delito contra la integridad moral y una falta de lesiones.

'¡Ole, ole y ole! ¡En Rusia sí que saben tratar a los delincuentes!'. Fue lo escribió un agente de esta comisaría en las redes sociales, compartiendo una noticia en la que se veían a agentes de las fuerzas de seguridad rusas practicando unas detenciones mediante el uso de la fuerza. El departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya le abrió un expediente disciplinario. Este mismo agente está también imputado por los malos tratos a Bertran Cazorla.

Otros dos mossos de la comisaría de Ciutat Vella han sido requeridos para presentarse ante juez acusados de golpear a un motorista que circulaba sin carné y falsificar después el atestado para imputarle un delito de atentado a la autoridad, según recoge la agencia Efe. El juez da por concluida la investigación sobre este caso de presunto abuso policial y señala indicios suficientes para juzgar a los dos mossos imputados por los delitos de falsedad documental, denuncia falsa y detención ilegal y por una falta de lesiones.

Según relata el juez en su auto, el motorista se disponía a aparcar su moto en la calle Mitjà de Sant Pere de Barcelona cuando se percató de que era observado por dos hombres que le 'miraban raro', de acuerdo con la expresión que él mismo utilizó en su declaración ante el juez. Ello motivó que el motorista saliera corriendo y los dos hombres, que resultaron ser mossos d'esquadra de paisano, le siguieron montándose en su propia moto hasta darle alcance. Tras bajarse de la moto, añade, los dos mossos imputados le golpearon con el casco en la cabeza, por encima del oído, lo que motivó que el hombre cayera al suelo, donde le pegaron un puñetazo en la boca y en el pómulo.

Posteriormente, los agentes lo detuvieron y condujeron a la comisaría de Ciutat Vella, donde los imputados confeccionaron un atestado en el que le atribuyeron los delitos de atentado a agentes de la autoridad y delito contra la seguridad del tráfico. El juez concluye que hay indicios para llevar a juicio a los agentes de la policía catalana con base en las 'numerosas' declaraciones de los testigos, cuyas versiones 'no discrepan en sí de lo fundamental', la declaración de la víctima y los informes forenses.

También la Audiencia de Barcelona considera que las lesiones sufridas por la víctima 'no parecen compatibles' con los hechos relatados por los mossos imputados 'ni con la mínima violencia imprescindible para una detención'.

El pasado mes de junio se hacían públicas unas imágenes grabadas por las cámaras de seguridad en la entrada de la comisaría de Ciutat Vella en las que puede apreciarse la detención de dos jóvenes. En ellas se puede constatar cómo los agentes recurren a la fuerza sin ningún pretexto aparente, pues no se estaba produciendo ningún altercado ni se aprecia agresión alguna por parte de los detenidos.

Este caso no se refiere a la comisaría de Ciutat Vella, pero ha ocurrido esta misma semana y también se refiere al cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Un juez está investigando la muerte de un detenido en la comisaría de la Policía autonómica de EL Vendrell, en la provincia de Tarragona. Falleció cuando estaba inmovilizado en el suelo. Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, los hechos ocurrieron el pasado 31 de julio, cuando el detenido, que al parecer había ingerido cocaína y alcohol, falleció en los calabozos de la comisaría, donde se había mostrado muy nervioso e incluso se había intentado lesionar golpeándose la cabeza con las rejas y las paredes de la celda.

Esta muerte, que este jueves avanzaba la Cadena Ser, ocurrió después de que una patrulla detuviera al hombre a requerimiento del dueño de un bar, que llamó a la policía porque entre sus clientes había identificado a un joven que le había robado la tele de su casa. Según la versión policial, cuando los mossos llegaron al local, poco después de las diez de la mañana, el joven se negó a ser identificado, empujó a un agente y trató de huir corriendo, si bien pudo ser interceptado y detenido. Cuando iba a ser introducido en el vehículo policial, el joven se intentó autolesionar golpeando con su cabeza en la puerta izquierda posterior, según la versión policial.

El joven acumulaba quince detenciones previas por parte de los mossos por delitos contra el patrimonio y orden público y otros diez antecedentes policiales por parte de otros cuerpos.