El Gobierno ha aprobado hoy un real decreto ley que reduce en un 80% las tasas judiciales variables de las personas físicas en primera instancia y en los recursos de algunos órdenes. Esta marcha atrás del gobierno permitirá devolver las tasas cobradas a los futuros beneficiarios de la justicia gratuita.

El Ministerio elimina 'por completo' la posibilidad de que el desahuciado, o su avalista, de una vivienda habitual pague las tasas abonadas por el banco ejecutante en virtud de una condena en costas.

El real decreto ley aprobado hoy reduce en un 80% las tasas variables de las personas físicas en primera instancia en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo (están exentos los órdenes penal y social). A partir de ahora, pasarán del 0,50% del valor del litigio con el límite de 10.000 euros al 0,10% del valor del litigio, con el límite de 2.000 euros. También se reducen en un 80% las tasas variables de las personas físicas en los recursos en los procesos civil, contencioso-administrativo y social, en los mismos términos que en primera instancia, según consta en la referencia del Consejo de Ministros.

La norma elimina también por completo las tasas para un mayor número de personas, y adelanta los efectos del anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, publicado el pasado enero, que tendrán carácter retroactivo. Así, se procederá al reintegro de las tasas abonadas desde el pasado 17 de diciembre a todas las personas que lo soliciten ante la comisión de Justicia Gratuita de cada comunidad autónoma, si bien la devolución sólo afecta a la tasa y no así al pago a abogados y procuradores, del que están excluidos los beneficiarios de la ley.

También se elevan los umbrales de renta para ser beneficiario de la exención de tasas, que también se aplica a víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, de accidentes graves de tráfico y menores o discapacitados psíquicos víctimas de abuso o maltrato.

En los casos de laudos arbitrales de consumo tampoco se abonarán tasas, así como en las separaciones y divorcios que se produzcan de mutuo acuerdo.

En los procesos contenciosos relativos a multas y otras sanciones administrativas, además de producirse la reducción del 80 % de las tasas variables antes indicada, se establece como límite de la tasa el 50 % de la cuantía de las multas.

También se equipara a los funcionarios con el resto de trabajadores al aplicarles en demandas laborales la reducción del 60 % en segunda instancia al total de la tasa, como habían reclamado los sindicatos.

El Gobierno estima que las medidas aprobadas afectarán en menos de un 5% respecto de los 306 millones de euros que el Ejecutivo espera ingresar por las tasas este año, una cifra que sólo tiene en cuenta la parte fija y no la variable de la tasa, que no se puede determinar. Fuentes del Ministerio de Justicia han precisado que en los dos primeros meses desde la entrada en vigor de la ley de tasas se han recaudado 17,9 millones de euros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que la aprobación del real decreto ley se produce tras el acuerdo alcanzado con la defensora del pueblo, Soledad Becerril, para abordar cambios en algunos asuntos de la ley de tasas. La portavoz del Ejecutivo ha valorado la 'importante y cualificada' petición de la defensora del pueblo al Ministerio de Justicia, que recoge muchas demandas de los ciudadanos y pide la 'razonable' anticipación de los efectos de la justicia gratuita.

Todos estos cambios serán aplicados al día siguiente de la publicación del decreto-ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sin necesidad de esperar a los nuevos formularios que el Ministerio de Hacienda entregará en las próximas semanas.