Los planes de reducción de déficit que está poniendo en marcha el Gobierno no gustan ni siquiera a algunas de las administraciones autonómicas con las que comparte signo político. Durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se ha celebrado esta tarde en Madrid, se ha roto por vez primera la unidad entre las comunidades gobernadas por el PP en torno a la que es la máxima obsesión del Ejecutivo: el ajuste de la deuda. Extremadura y Castilla y León, cuyos presupuestos están ahogados por las exigencias del equipo de Mariano Rajoy, han decidido abstenerse en la votación en la que se han aprobado los nuevos objetivos de déficit para los próximos años. En contra se han manifestado Andalucía, Asturias y Canarias, donde gobiernan los socialistas en diferentes coaliciones, además de Catalunya, en manos de CiU.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha mostrado decidido a no dar ni un sólo respiro a las comunidades autónomas, a pesar de que la Unión Europea haya permitido a España ampliar el objetivo de déficit en un punto para este año, al pasar del 5,3% establecido inicialmente, al 6,3%. Y es que, lejos de flexibilizar el margen de las autonomías, de aflojar mínimamente el cinturón de las cuentas públicas, el Gobierno ha decidido apretarlo aún más. Hacienda ha cumplido con lo que se esperaba, por lo que no permitirá a las comunidades que su deuda supere el 1,5% de su PIB este año. Pero, además, reduce en tres décimas el objetivo previsto para 2013 -pasando del 1,1% al 0,7%-, lo establece en el 0,1% para 2014, e incluso se atreve a predecir un superavit del 0,2% para 2015.

El objetivo de déficit de las CCAA para 2012 queda en el 1,5%, para 2013, en el 0,7%, y para 2014, en el 01%

La reunión de esta tarde se preveía larga, y así ha sido. Si el anterior encuentro entre los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas y el ministerio, la que tuvo lugar el pasado 17 de mayo, apenas duró dos horas, la de hoy se ha alargado hasta el doble. El debate ha retrasado la votación final en la que la propuesta del Ejecutivo ha logrado el respaldo de ocho comunidades autónomas. Una discusión agria, según la ha descrito el conseller de Hacienda catalán, Andreu Mas-Colell, a la salida. 'No nos escuchan, es el ordeno y mando', ha lamentado, antes de afirmar que este tipo de reuniones 'no sirven de nada' y se podrían hacer 'por email'.

'No tiene lógica, no tiene sentido salvo destruir los sistemas de protección social y el modelo del Estado del bienestar y marcar a las comunidades como culpables de todo', ha denunciado, por su parte, la consejera andaluza Carmen Martínez Aguayo que, como el catalán, ha votado en contra de las propuestas de Montoro. La titular de Hacienda asturiana, Dolores Carcedo, ha agregado su disconformidad con el reparto del cumplimiento del objetivo de déficit, sobre todo después de que la UE flexibilizara el tope para España. Y ha asegurado que la iniciativa del Gobierno supone entrar 'en una senda que acentúa el desequilibrio'.

El manifiesto descontento de quienes votaron en contra contrastó con la moderación de los responsables de las dos comunidades autónomas del PP que se abstuvieron, pero que después trataron de quitar importancia a su decisión. Antonio Fernández, el consejero extremeño, insistió en que su equipo 'cumplirá' con el objetivo de déficit aprobado en el encuentro y se ha limitado a anunciar que la suya, como las demás comunidades autónomas, tendrán que hacer además 'reformas estructurales' para atender a las exigencias del Gobierno. También cumplirá a pies juntillas Castilla y León, que ha defendido su abstención y no el voto negativo que, por la mañana, había anunciado el consejero de Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez. 'No es serio votar en contra de un Gobierno que ha hecho más por las comunidades autónomas en estos meses, que lo que hizo el anterior Ejecutivo', se ha justificado la titular castellano leonesa de Hacienda, Pilar del Olmo.

'Cumpliremos por responsabilidad' fue, del mismo modo, la frase más repetida por los demás consejeros de las comunidades que respaldaron la iniciativa del Gobierno. No les quedará otro remedio, según se ha esforzado por recalcar el propio Montoro, en la rueda de prensa que ha ofrecido al finalizar la reunión. 'El Gobierno está seguro de que todas van a cumplir', porque 'el resultado es de obligado cumplimiento' y porque 'sólo ha una opción, que es cumplir', ha insistido y reafirmado el ministro de Hacienda en media docena de ocasiones.Montoro, además, pareció dar argumentos a quienes, como la consejera andaluza, afirmaron que la actitud del Gobierno durante la reunión del CPFF fue 'amenazante'.

El ministro ha asegurado que se 'ha alertado' a algunas comunidades autónomas del 'riesgo' de que no cumplan con el objetivo de déficit, y de las consecuencias que les podría acarrear. No ha querido dar los nombres de esas regiones, y ni siquiera el número. Posteriormente, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que ha arropado a Montoro en su comparecencia ante los medios, ha explicado que en los próximos siete días el Gobierno 'analizará' cuál es 'el acercamiento' de las comunidades hacia el objetivo del 1,5% marcado para este año. 'Si no se llega el Ministerio de Hacienda lo elevará al Consejo de Ministros, que lanzará una advertencia a la comunidad en cuestión'. El primer paso antes de la intervención de las regiones.

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se presentaba como el escenario adecuado para la aprobación de los llamados hispanobonos, la fórmula que hasta ahora se concebía como la adecuada para que las comunidades consiguieran financiación a través del Estado y a un menor coste. Pero a pesar de lo esperado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que esa figura no ha estado entre los planes del Gobierno en ningún momento.

Pero el Ejecutivo sí está decidido a facilitar crédito a las comunidades autónomas que pasen por apuros. Así, constituirá un fondo con el objetivo de 'atender a determinados vencimientos de las comunidades a los que no pudieron hacer frente'. Se habilitará para ellas una ayuda 'de manera excepcional', no sin tener por recibirla 'una mayor condicionalidad' que las demás a la hora de clarificar sus cuentas.

Si no se ha oprtado por los hispanobonos es, precisamente, porque el Gobierno no quiere la 'mutualización' del riesgo. Pero Montoro ha reconocido la financiación del fondo, que no tendrá una 'cantidad grande', sí 'repercutirá al Estado' y, por tanto, a la deuda del mismo, aunque a la vez afectará de manera positiva a alcanzar el objetivo de la comunidad que lo reciba. El ministro ha querido dejar claro que el instrumento será 'flexible' y dependerá de cada situación concreta y excepcional.