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El Gobierno impone la renovación del Constitucional con responsabilidades penales a quienes la incumplan
Agencia Atlas
El Gobierno de España ha aprovechado su proposición de ley para suprimir el delito de sedición para presentar dos enmiendas cuyo objetivo es "forzar el desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional". Así lo ha anunciado este viernes Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. De este modo, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez pone el foco en los dos puestos que competen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por un lado, ahora solo bastará con una mayoría simple del Consejo, suprimiendo la mayoría de tres quintos. Por el otro, se imputarán responsabilidades penales a los vocales que impidan dichos nombramientos. López también ha comentado que van a "analizar con detenimiento las enmiendas del resto de los grupos", teniendo en cuenta dos principios innegociables. "No se apoyará ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a los condenados o procesados por corrupción. Todo uso irregular y arbitrario de los fondos públicos tiene que estar sancionado sí o sí en el Código Penal", ha repetido el portavoz del PSOE en la Cámara Baja.