Los trucos que usan las inmobiliarias para no cumplir con la ley de vivienda y cómo contrarrestarlos

Hecha la ley, hecha la trampa. Era de esperar que las inmobiliarias buscaran la fórmula para no perder una de sus fuentes de beneficios, las comisiones a los arrendatarios, prohibidas con la entrada de la ley de vivienda.

Les ha resultado más fácil buscar trucos para seguir cobrando y no cumplir la ley en lugar de seguir una de las dos opciones: o cobrársela a quien de verdad usa sus servicios (los arrendadores) o prescindir de la comisión.

Un tuitero ha recogido algunas de las estratagemas que están usando las inmobiliarias para seguir cobrando la comisión a quienes alquilan un piso con ellos. Pero que no decaiga el ánimo, también hay formas de contrarrestarlas.

Lo primordial es, por si se han despistado, avisarles de que no es legal cobrar esta comisión. Y no en las comunidades que se acojan a la ley, en todas. Esta norma es común para el territorio, a diferencia de algunos aspectos que pueden adoptar o no los gobiernos autonómicos.

Si superas esa pantalla, tienen más artillería. Algo común es que camuflen esa comisión bajo otros conceptos, como "asesoramiento" o "apoyo", pero no deja de ser la misma comisión con otro nombre. Incluso pueden amenazar con no alquilar la vivienda si no se paga.

Llegados a este momento hay una opción. Pagar la comisión vía transferencia y solicitar la factura con todos los conceptos bien claros. A partir de ahí se puede reclamar. Ya sea enviando un burofax a la inmobiliaria solicitando la devolución e interponiendo una demanda de no hacerlo.

Esta segunda opción aplica también para quien no la haya pagado y por ese motivo se pierda el alquiler. Además, es recomendable recurrir al asesoramiento de algún sindicato de inquilinos, que pueden dar consejos para no morir en el intento de alquilar un piso.

Conviene recordar, por mucho que insistan, que está prohibido por la nueva ley de vivienda que las inmobiliarias cobren una comisión a los arrendatarios por alquilar un piso, en todos y cada uno de los territorios. Los gobiernos autonómicos no tienen poder para decidir si adoptan esta medida o no. Con todo, los tuiteros piden más vigilancia para que se cumpla esta ley y evitar conflictos innecesarios.