El pleno del Parlamento Europeo (PE) dio luz verde a una nueva legislación comunitaria que otorga más protección a las personas que revelen información obtenida en el entorno laboral sobre actividades ilegales o dañinas. La normativa necesita el respaldo de los ministros de los países de la UE, que se da por hecho. Después, los Estados miembros tendrán dos años para aplicarla.

Las nuevas normas, aprobadas con 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones, establecen estándares europeos para proteger a quienes revelen infracciones de la legislación comunitaria en contratación pública, servicios financieros, blanqueo de capitales, seguridad de productos y transportes, seguridad nuclear, salud pública, consumo y protección de datos.

Para asegurar que los potenciales delatores están protegidos y que la información que revelan mantiene la confidencialidad, la nueva ley permite que las denuncias se lleven a cabo internamente, ante la autoridad legal competente o directamente ante las autoridades nacionales o las instituciones, cuerpos, oficinas u agencias de la Unión Europea (UE).

En los casos en los que no se tomen las medidas pertinentes ante la denuncia inicial de los delatores, o si éstos consideran que se puede causar un daño inminente a las personas interesadas o que hay riesgo de represalias, el delator también gozará de protección si decide denunciar las infracciones públicamente.

La ley prohíbe explícitamente las represalias e introduce mecanismos para impedir que los delatores sean suspendidos, degradados o intimidados, mientras que las personas que cooperen con los delatores (intermediarios, compañeros o parientes) también estarán protegidas.

Desde el colectivo Xnet celebran que la directiva recoja, entre otras medidas, "el reconocimiento del anonimato del denunciante, la inmunidad en la obtención de la información por parte del alertador, o el hecho de que éste pueda elegir canales internos o externos de denuncia dependiendo de las circunstancias concretas". "Asimismo", añade este colectivo en un comunicado, "cabe recalcar que este avance convierte a los buzones anónimos de denuncia (de cuya implementación en instituciones Xnet es pionera en España) en herramientas esenciales para cumplir plenamente con los objetivos de la directiva".

Los Estados miembros deberán asegurar que los delatores tienen acceso a información completa e independiente y a orientación sobre los trámites y posibles soluciones, así como a asesoramiento legal adecuado durante el curso del procedimiento, según la nueva normativa, acordada también con el Consejo de la UE (los países).

La "precariedad" de los denunciantes

La ponente del informe parlamentario sobre esta legislación, la socialista francesa Virginie Rozière, afirmó que escándalos recientes como LuxLeaks, los papeles de Panamá o Football Leaks "han demostrado la enorme precariedad que sufren los denunciantes en la actualidad".

Actualmente, solo 10 países europeos ofrecen protección legal adecuada, en tanto que en los demás Estados miembros, entre ellos España, la protección es parcial o afecta solo a algunos sectores o categorías laborales.

Recordó que un estudio llevado a cabo por la Comisión Europea en el año 2017 estimó que la falta de protección efectiva a los delatores produce, solo en el ámbito de la contratación pública, entre 5.800 y 9.600 millones de euros de pérdidas anuales en el conjunto de la UE.

"Los denunciantes juegan un importante papel en nuestras sociedades. Ayudan a detectar y evitar daños a los intereses públicos, como fraude, corrupción, elusión fiscal o daños al medioambiente", comentó en un comunicado el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, quien confió en que la nueva ley "proteja a las personas que se arriesgan por hacer lo correcto".

La comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, indicó que evitará que sean despedidas o se tomen represalias en su contra.

Pese a todo, la norma no es todo lo completa que podría ser. Desde Xnet recuerdan que "deja en situación de vulnerabilidad a los intermediarios y en parte a la prensa, un aspecto que habrá que pelear en la transposición de la directiva europea al marco legislativo español".