Vanessa Fuentes, una psicóloga de 38 años con parálisis cerebral que vive con su tía jubilada en un piso de renta limitada en el barrio barcelonés del Eixample, se enfrenta a una cruda realidad: antes del 10 de julio de 2020 va a ser expulsada de la casa en la que lleva, literalmente, viviendo toda la vida. 

La Vanguardia se hace eco de la historia de Vanessa. Dependiente en un alto grado —tiene una severa afectación a nivel motor (del 95%) que le obliga a desplazarse en silla de ruedas y a necesitar una persona que la ayude con las tareas básicas del día a día—, se crió con sus abuelos en el piso de alquiler en el que aún vive con su tía Joana, una mujer jubilada que ahora se ocupa de ella. Los abuelos de Vanessa alquilaron la vivienda hace 53 años y desde entonces la familia ha vivido siempre ahí. Según explica el diario catalán, "al morir los abuelos, el contrato permitía una tercera subrogación de dos años a Joana. Esta subrogación finaliza el 10 de julio de 2020, fecha en la que ella y su tía deberán dejar la vivienda".

Ahora pagan 553 euros al mes porque cuando Joana se fue a vivir al piso, aún trabajaba. "En medio siglo nunca hemos dejado de pagar el alquiler", afirma la tía de Vanessa. Pese a todo, ellas dos, una persona discapacitada y una mujer jubilada, deben afrontar una mudanza y, sobre todo, la incertidumbre que genera esta situación.

Ni Vanessa ni su tía pueden pagar mucho más de esos 553 euros: Vanessa cobra una pequeña pensión de menos de 600 euros más otros 230 de dependencia. La pensión de Joana es algo mayor, pero no mucho más. Es cierto que Vanessa trabaja como autónoma, pero sus colaboraciones no pueden exceder de los 2.500 euros anuales si no quiere perder la pensión. 

La situación se agrava, además, porque Vanessa, al ser autónoma, trabaja desde casa y necesita un piso con un despacho o una habitación extra para trabajar. Tal como están los alquileres en Barcelona, costearse un nuevo piso en Barcelona es una quimera para estas dos mujeres. 

Todo el edificio en el que viven es de la misma propiedad, la empresa Inmobiliaria Nordeste de Construcciones, y de renta limitada. Amparándose en la ley, la empresa propietaria no permite a Vanessa subrogarse al contrato de los abuelos porque, dice, nunca la adoptaron legalmente. Tanto Vanessa como su tía están dispuestas a hacer un esfuerzo económico, pero la propiedad tampoco les hace un contrato nuevo con condiciones actualizadas. La inmobiliaria reconoce la situación "especial" de Vanessa y su tía y explica que "hace un tiempo" sí que ofreció un nuevo contrato que la familia desestimó porque “no alcanzaba a las cantidades que se pedían". 

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona se han interesado por la situación. En declaraciones a La Vanguardia, el consistorio barcelonés asegura que "se activarán los mecanismos para estudiar el caso y ver qué posibilidades tiene atendiendo a sus circunstancias".