La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado que la justicia haya "dado la espalda" a Irune Costumero al absolver a los responsables de quitarle la custodia de su hija y de acusarle de una patología que no existe y que está prohibida. Además ha lamentado el "maltrato judicial contra madres que protegen a sus hijos e hijas de la violencia machista".

"Cuando digo que hay que proteger a las vivas, me refiero a mujeres como Irune Costumero y Juana Rivas. Casos que están siendo criminalizadas por proteger a sus hijos de los maltratadores y de la violencia machista", declaró en 'Las Cosas Claras'.

Las declaraciones se producen después de que ayer la Audiencia Provincial de Bizkaia absolviera al diputado de Acción Social de Bizkaia, Sergio Murillo, y a tres funcionarias de los Servicios Sociales de la Diputación Foral de los delitos de prevaricación, malos tratos y lesiones psicológicas, de los que fueron acusados por una mujer, Irune Costumero, a la que le quitaron de forma violenta la custodia de su hija.

Los cuatro funcionarios de la Diputación Foral de Bizkaia le aplicaron a Irune Costumero una falsa patología inexistente que no está reconocida por ninguna institución médica o psiquiátrica internacional, denominada Síndrome de Alienación Parental. Este falso diagnóstico se aplica en procesos judiciales y trata de retirar la custodia a las madres acusándolas de influir en que sus hijos no quieran ver a sus padres.

Irene ha incidido en que gracias a la nueva ley de protección a la infancia aprobada en junio, el SAP (Síndrome de Alineación Parental) está prohibido por ley, así como el régimen de visitas ante cualquier indicio de maltrato.

"No puedo imaginar el dolor de una madre que protege a sus hijos e hijas de la violencia machista y ve cómo la justicia le da la espalda. Todo mi apoyo para Irune Costumero", ha escrito la ministra en redes sociales.

La institución foral resolvió hace cuatro años que la niña fuera a vivir con su padre, denunciado por su exmujer por violencia machista y con varios procedimientos por malos tratos relatados por la niña, a pesar de que un juez había dictado una sentencia de custodia compartida.

"Necesitamos justicia feminista y con clara perspectiva de derechos humanos. Los niños y las niñas deben ser escuchados. No podemos permitir más maltrato judicial contra madres que protegen a sus hijos e hijas de la violencia machista", concluyó Montero.