El Gobierno ampliará las medidas de protección hacia las mujeres víctimas de explotación sexual y de trata con un paquete de medidas adicionales que incluye  la posibilidad de que accedan a "una alternativa habitacional", así como a cobrar una Renta Mínima de Inserción. Estas medidas se extienden también a las mujeres que se encuentren en nuestro país en situación administrativa irregular, que es la realidad de la mayoría de estas víctimas.

Las medidas han sido anunciadas por el Ministerio de Igualdad este martes y suponen un refuerzo del Plan de Contingencia aprobado el pasado17 de marzo por el Gobierno para luchar contra la violencia machista durante la emergencia sanitaria del coronavirus. Tal como afirman fuentes de Igualdad a Publico, las nuevas medidas no precisan de la aprobación del Consejo de Ministros, sino que fueron acordada con el Ministerio del Interior, Movilidad, la vicepresidencia segunda del Gobierno y comunicadas a la Seguridad Social.

El ministerio que dirige Irene Montero resalta que con estas medidas nuestro país cumple con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que advertía que los estados "deben tomar medidas adicionales de protección social para que su apoyo alcance a aquellas personas en mayor riesgo de ser afectadas de manera desproporcional por la crisis del covid-19".

Estas medidas vienen a paliar, también, la falta de atención que reciben las víctimas de explotación sexual y trata desde que hace más de un mes se decretara el estado de alarma y el confinamiento obligatorio. Medidas que obligaron a las ONG especializadas en su detección y apoyo psicosocial  a disminuir al mínimo su actividad ambulatoria, lo que las ha dejado en un "escenario de vulnerabilidad y desprotección de derechos", afirma la nota del ministerio. 

Desde hace varias semanas diversas organizaciones que trabajan en dar apoyo a estas víctimas habían dado la voz de alarma sobre la situación de desprotección y vulnerabilidad en la que viven estas mujeres desde el inicio del estado de alarma y la falta de medios y visibilidad de su situación.

La nota emitida por el Ministerio de Igualdad afirma que esta renta mínima se pondrá en marcha siempre que "se adapten a los criterios acordados", que aún tienen que ser definidas y aprobadas por el Consejo de Ministros.

Para la definición de este tipo de ayudas, el Gobierno otorgará un rol destacado a las Organizaciones de la sociedad civil que ya tienen una amplia experiencia en el trabajo con este colectivo.

De hecho, este tipos e organizaciones, que lleven al menos cuatro años de trabajo acreditado con estas víctimas, que tengan una amplia presencia a nivel nacional y un servicio de asistencia telefónico de 24 horas, podrán presentar los casos de mujeres que muestren signos de ser víctimas de trata o explotación sexual, así como una recomendación de recursos que consideren necesarios en cada caso. Con este informa, finalmente serán los servicios sociales generales o una serie de ONG las que tendrán la función de acreditar la idoneidad para recibir dicha renta de inserción.

El documento incluye, también, la búsqueda de soluciones al alojamiento de estas víctimas y explica que con carácter general presentan ya un cierto aislamiento social, no cuentan con redes de apoyo familiares o sociales, y no están familiarizadas con sus derechos y con los recursos del entorno. Esta situación se agrava en el caso de las mujeres extranjeras (algunas en situación administrativa irregular), que desconocen el idioma. Además, con la declaración del estado de alarma, han perdido la posibilidad de recurrir a los dispositivos habituales de información y atención, lo que agrava su marginalidad y aislamiento y, en algunos casos, una mayor dependencia de las redes que las explotan.

El plan refuerza la cooperación policial con las organizaciones que trabajan en la detección y apoyo de estas mujeres durante la inspección y cierre de hostales, hoteles y clubes, para "asegurar la asistencia y protección a las víctimas".

Como medida adicional y para garantizar el derecho a la información de las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución, la medidas incluyen reforzar la difusión de los teléfonos de atención 24 horas de las entidades especializadas, el teléfono gratuito de la Policía Nacional específica de trata, así como los correos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.