La decisión de la Audiencia de Navarra de poner en libertad bajo fianza a los cinco miembros de La Manada, ha sido considerada por feministas y expertas en derecho como "asombrosa". Desde el Gobierno, hasta las asociaciones de jueces y juezas, la medida ha levantado sorpresa e incomodidad. No se trata de que no se ajuste a derecho, pero resaltan que se trata de una medida "excepcional" y "poco justificada" por las circunstancias. Incluso el Consejo General de la Abogacía Española ha expresado por boca de su presidenta, Victoria Ortega, que la decisión "ha sido motivo de sorpresa  para la Abogacía, al igual que para el resto de la sociedad". 

Sin embargo, para la mayoría, lo importante no es sólo el hecho en sí y su excepcionalidad, sino que ponen el foco en el mensaje que esta decisión lanza a las mujeres víctimas de violencia sexual, y a la sociedad en su conjunto. Así lo afirman muchas juristas y feministas consultadas por Público para interpretar el auto de la Audiencia de Navarra. 

​"Lo importante de la decisión, es que el mensaje que se está lanzando al permitir la libertad provisional de tipos que en ningún momento se han sentido interpelados por un delito tan grave como el que han cometido", afirma Bárbara Tardón, experta en violencia hacia las mujeres y derechos humanos.

Tardón afirma que este mensaje "se lanza a todas las mujeres y a la sociedad en su conjunto" y es de "desconfianza absoluta hacia el poder judicial y de desprotección que va dirigido a la victima de los Sanfermines, pero también a la de Pozoblanco y es extensible a todas las mujeres y a todas las víctima de violencia sexual", añade.

Para Amalia Fernández, presidenta de la asociación de Mujeres Juristas Themis, el mensaje también es una de las claves. "Ahora saldrán y se vanagloriarán de su actuación y la respuesta que va a tener. Las víctimas de estas agresiones darán un paso atrás y no se van a atrever a denunciar". 

Por su parte, desde la Fundación Mujeres, explican que con esta decisión "se refuerza un mensaje y apariencia de impunidad para con los delitos sexuales por parte de la Justicia española, que en realidad perjudica a la seguridad y libertad sexual de todas las mujeres, especialmente de las más jóvenes". Y añaden que con este auto "se da una nueva oportunidad para que socialmente se orquesten actuaciones de acoso y vulneración de los derechos de la víctima directa de este delito por parte de sectores sociales, que no dudarán en aprovechar esta ocasión para volver a cuestionar el comportamiento y la dignidad de la víctima". 

500 kilómetros no son nada

El auto de la Audiencia de Navarra argumenta que una de las medidas de protección de la víctima de los Sanfremines, es la prohibición de que los condenados puedan acercarse a Madrid, así como a tener comunicación alguna con la joven a través de ningún medio. Medida que para muchas de las consultadas no tiene ningún fundamento ni protege a la víctima.

"El problema es que la influencia la hacen a través de los medios de comunicación, por lo que no hace falta estar al lado de la víctima para hacerle sentir que puede estar en peligro", afirma Fernández. "Ya tuvimos una carta desde la prisión [en referencia a la que escribió el Prenda] . Serán sus declaraciones, sus actos públicos o los actos públicos de su letrado, en los que no sólo ataca a la víctima, sino a todas las mujeres que la defiende, llamándonos histéricas. Por lo tanto esa respuesta y ese acoso ya ha empezado y pone en peligro la salud psicológica de la joven", añade.

Uno de los focos de la sentencia es justificar la nula capacidad de reincidencia de los acusados. Para ello utiliza un razonamiento que ha despertado las críticas de las expertas en derecho. Los dos jueces que sostienen el auto principal afirman que la pérdida del anonimato de los condenados “hace poco menos que impensable” el riesgo de reiteración delictiva. Es decir, que como son conocidos la posibilidad de que cometan nuevos delitos es remota. 

Fernandez afirma que esto "nos ha dejado perplejas. Primero porque no son conocidos por toda la sociedad. Tenemos grabadas dos o tres caras. Pero eso no evita el riesgo de que reincidan. De hecho, hay un caso todavía por juzgar en Pozoblanco, con lo cual la reincidencia ya se produjo. Lo que venden ellos es que todo ha ocurrido de una forma distinta y que por lo tanto ellos son las víctimas".

Para Marisa Soleto, presidenta de Fundación Mujeres, "se ha optado por priorizar las garantías procesales de los condenados por encima de los derechos de las víctimas, sin considerar que hay causas pendientes para varios de los condenados por hechos similares". 

Para la Fundación Mujeres este auto es "un nuevo ejemplo de justicia patriarcal, es decir, una Justicia que minimiza las causas y las consecuencias de los delitos que se cometen contra las mujeres, que no sólo carece de una perspectiva de género en la gravedad de los delitos contra las mujeres, sino que se aparta de las bases de un derecho penal orientado hacia las víctimas". 

Para Fernández esta resolución deja a la víctima desprotegida. "Lo que no tiene sentido es se hable de la necesidad de una prisión permanente. ¿Para qué la queremos si no se aplica ni la prisión provisional en estos tipos de delitos?. En el caso de la Arandina, los agresores están en libertad provisional, a pesar de ser acusados de delitos de mucha enjundia".

La solución: formación, sensibilización y capacitación

Entre las soluciones que proponen las expertas, hay algunas medidas ampliamente conocidas y exigidas desde hace años. Entre ellas, la necesidad de formación en perspectiva de género de todos los operadores jurídicos. Esta medida está contenida en la ley de violencia de género de 2004. Sin embargo, casi 15 años después de su aprobación, aún no se ha aplicado.

Ahora algunas de las expertas opinan que habría que ir más allá. Que la formación no es suficiente.

"Habría que cambiar las mentes de las personas que tienen que impartir justicia. Porque sencillamente con esa mentalidad de nada sirve cambiar códigos o leyes. Si las personas que tienen que administrar justicia dicta una sentencias según su conciencia (y ésta es la que está reflejada en ese voto particular de la sentencia de La Manada), será muy difícil que un cambio de la normativa tutele a las víctimas", comenta Fernández.

"Ya no se trata de formación. Ya no es suficiente", afirma Tardón. "Tiene que haber sensibilización y capacitación. Si no interiorizas de lo que estamos hablando en este tipo de delitos, la formación no basta. Es necesario incorporar en tu práctica cotidiana todos esos matices que hay detrás e la violencia sexual. El sistema judicial tiene que incorporar toda una parte clínica sobre lo que supone ser agredida, acosada o abusada sexualmente. Que aterricen a la realidad de las secuelas y las implicaciones que supone haber sido agredida sexualmente", añade Tardón.

La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), exigen formación obligatoria y transversal en materia de género para los y las profesionales de la Administración de Justicia, "y ello como sinónimo de una Justicia de calidad". Además, exigen que la legislación procesal y penal se adapte a las exigencias del derecho internacional de los Derechos Humanos de las mujeres, especialmente el Convenio de Estambul.

La AMJE "hace un especial y urgente llamamiento a los poderes públicos para la adopción de medidas de prevención basadas en una educación y formación con perspectiva de Derechos Humanos que evite la consolidación de la violencia contra las mujeres".