Víctimas de trataEspaña vulnera los derechos a la maternidad de las mujeres nigerianas víctimas de trata

Cuando el común de los mortales se para a pensar en las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, normalmente lo relaciona con prostitución, violación de derechos de las mujeres, negocio, pobreza... pero rara vez se piensa en el derecho que tienen estas mujeres a la maternidad y a formar una unidad familiar con sus hijos o hijas. Esto es lo que ha hecho la organización internacional Women's Link en su último informe Madres en la redes de trata. Derechos robados, presentado este jueves.

Según la organización, las autoridades españolas consideran de forma sistemática que los hijos e hijas de las mujeres nigerianas que entran en nuestro país se encuentra en una situación de riesgo porque sus madres son víctimas o presuntas víctimas de trata. En lugar de buscar soluciones que protejan a la unidad familiar de la violencia de estas redes, deciden retirar las custodias y alejar a los niños y niñas de sus madres, lo que vulnera su derecho a la vida familiar.

El informe relata la historia de cuatro mujeres nigerianas que viven en distintos países europeos (España, Francia, Alemania y Dinamarca) y compara las medidas de protección que en cada caso se aplica. La disparidad de modelos y la falta de comunicación entre distintos países dentro de la gran frontera de la Unión Europea, hace casi imposible el seguimiento de estas mujeres y en la mayoría de ocasiones, terminan perdiendo definitivamente a sus hijos que son dados en adopción.

Según el informe, los países en los que estos menores son más visibles son Italia, España y Grecia, que se consideran como puertas de entrada a Europa. Y es precisamente en Italia y España donde más medidas de separación familiar se aplican. 

"El problema es la identificación que se está haciendo del riesgo. Como las madres son victimas de trata y se consideran un riesgo para sus hijos e hijas, las medidas de protección que se aplican pasan por la separación familiar. Si en lugar de esto se identificara que el riesgo está en la unidad familiar y que la amenaza externa es la red de trata, las medidas que se buscarían pasarían por la protección de la unidad familiar", afirmó Gema Fernández, abogada de Women's Link en la presentación.

Para la organización, esta interpretación se debe a una mirada estereotipada de estas mujeres por ser mujeres migrantes, indocumentadas, pobres, que ejercen la prostitución y que tienen una manera de ejercer la maternidad muy diferente a la Española.

"Es necesario que la prioridad de las autoridades empiece a ser la de proteger los derechos humanos de las víctimas de trata y por tanto proteger su derecho a estar con sus hijos", ha indicado la coordinadora del informe, Helena Maleno, quien ha reclamado que se resuelva cada caso analizando las circunstancias de cada familia y no declarando al menor en desamparo de forma sistemática.

Como no portan documentos, lo primero que se hace cuando se detecta una posible víctima de trata que entra en nuestro país con un menor, es comprobar el vínculo con pruebas de ADN. Pero mientras se esperan los resultados las autoridades hacen uso de la retirada provisional de niños y niñas, ingresándolos en un centro de acogida sin autorización judicial ni intervención de la fiscalía. Se puede hacer directamente por la administración o la policía y sin haber decretado el desamparo.

"Cuando se comprueba que sí son sus hijos, la única opción que se les da es que se reconozcan como víctimas de trata y que vayan a un centro especializado. Es complicado porque ellas no pueden estar en un centro encerradas porque tienen que pagar la deuda y porque ella aún no han hecho el proceso de haber salido de la red", afirma Fernández.

Según el informe, uno de los problemas es que como ellas no se reconocen como víctimas y no van a esos centros, las autoridades interpretan esta negativa como un riesgo y proceden a la separación.

Esta es la medida más extrema de todas las que se pueden adoptar y debería ser utilizada de forma excepcional por abandono o malos trato. Pero se está aplicando como acción inmediata en el caso de estas mujeres que no han maltratado a sus hijos. "Se les retira a los hijos porque sus madres son víctimas de trata".

El informe recoge cuatro casos de mujeres nigerianas que viven en distintos países europeos. Uno de ellos, el de Mamá Prince, relata la historia de una mujer que reside en Dinamarca y a la que se le negó la visa para continuar en el país. Ante lo que consideraba como una inminente deportación, intentó desesperadamente recuperar la relación con su hijo primogénito (Prince) cuya custodia le fue retirada en España en 2003 cuando el niño fue declarado en desamparo, tutelado y posteriormente, dado en adopción. Ella no llegó ni a ser notificada porque la red la movía de una ciudad a otra. 

Esta mujer, que tiene otras dos hijas, ha sido incapaz de tener contacto con su hijo o tener contacto de ningún tipo. Sólo ha podido dejar una carta en su expediente de adopción para que si el día de mañana él quiere consultarlo, sepa que su madre no lo abandonó voluntariamente.

"Con este informe queremos contribuir a mejorar el enfoque de las medidas de protección que se aplican en estos casos para que se incorpore un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género", afirma Viviana Waisman, presidenta de Women´s Link.

Para la organización, que analiza los sistemas de protección de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas nigerianas víctimas de trata en cuatro países europeos (España, Francia, Alemania y Dinamarca), es imprescindible que se abandone la supremacía de los enfoques de persecución del delito o de control migratorio por parte de las autoridades y que se establezca como prioridad el enfoque de derechos humanos y de protección a las mujeres y a sus hijos e hijas.

El informe resalta que es imprescindible, además, una mayor armonización en la manera en la que los Estados regulan los sistemas de protección a las victimas de trata y una mayor comunicación entre los sistemas de protección, de manera que la protección a las víctimas se pueda llevar a cabo en un marco de continuidad que evite que las mujeres tratadas se entren con un papel en blanco cada vez que son movidas de uno a otro país europeo.