Refugiados por las marasVíctimas de las maras en Centroamérica: una guerra para la que no hay refugio

Carla vivía en Honduras con su marido y sus dos hijos, pero su día a día se llenó de terror. "Tenía una vida normal, una vida bonita y libre", afirma de espaldas a la cámara de las Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). No sabe qué va a ocurrir con ella, si podrá permanecer en Valencia o si en algún momento será devuelta a su país, donde podría ser asesinada por alguna de las maras que imponen su ley en cada barrio. "La mara Salvatrucha empezó a llamar a finales de noviembre de 2013. Yo colgaba, pero ellos insistieron, hasta que un día por la mañana me quedé sola en casa con mis hijos", recuerda esta desplazada por la violencia extrema y diaria en su país.

"Vinierons dos chicos con pantalones flojos y unas camisas grandes. Me dijeron: "Somos de la mara MS (mara Salvatrucha) y andamos pidiendo la contribución". Cerré la puerta, me metí en la habitación, cogí mi móvil y llamé a mi hermana. Le dije que si me pasaba algo, que si me mataban, habían sido los mareros que habían venido a pedir dinero". Ante el miedo y la escasa protección de las autoridades de su país, la familia estuvo pagando durante mucho tiempo hasta que la pandilla decidió aumentar el montante de forma drástica. "Vinieron de nuevo y pidieron 50.000 lempiras (unos 1.800 euros), sino matarían a mi hija de 15 años. Dijeron que nos la iban a mandar hecha pedazos en una caja de televisión".

Ver vídeo

Fue el momento en el que decidieron escapar. "Mi marido me dijo "o nos vamos o nos matan". Les dio los 50.000 a esos desgraciados, nos deshicimos de los tres coches y un día llegó con los billetes". De madrugada, "como si fuéramos ladrones", tuvieron que abandonar su casa, su barrio, su país. Toda una vida. Pero además de víctimas de la persecución que las pandillas ejercen en Centroamérica, en España sólo eran inmigrantes en situación irregular. "En la carta decía que teníamos 15 días para abandonar España", recuerda Carla. Se refiere a la notificación que reciben las personas solicitantes de asilo cuando su petición no es admitida a trámite o es denegada por las autoridades. "No tenemos sentencia ni documentación ni nada en Valencia, estamos en situación irregular", afirma despedrada.

España sólo ha concedido el asilo a 25 víctimas de las maras en cuatro años 

Carla es víctima de una guerra. La de las pandillas contra cualquiera, ya sea el Estado o los vecinos. Una guerra sin bombas pero que deja cientos de muertos cada semana y que, a ojos del mundo, sólo un un problema de delincuencia. Por eso es difícil encontrar refugio. Según ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, entre 2011 y 2017, 350.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador —el triángulo norte de Centroamérica— pidieron asilo en el mundo. 150.000 sólo en el último año. La mayoría trata de escapar hacia EEUU, pero el que puede pagar una vuelo prueba suerte en Europa, aún lejos del racismo de la era Trump.

Las peticiones de asilo en España procedentes de estos tres países pasaron de 115 en 2014 a 2.145 el pasado año. Sin embargo, apenas hay resoluciones de asilo favorables: solo 25 en los últimos cuatro años de un total de cerca de 3.400. Para CEAR, está situación supone un "grave error" en el sistema de asilo.

La organización lamenta que las autoridades españolas consideran que la violencia ejercida por las maras no constituye una persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas (los requisitos para acceder al sistema de asilo y refugio), sino que entran dentro de lo que se denomina “delincuencia común”. Para España no está acreditado que las autoridades del país de origen no puedan ni quieran proteger a las víctimas de las maras, estimando que las autoridades de los países centroamericanos demuestran una constante preocupación y han adoptado medidas alternativas para disminuir la violencia y el delito.

En Honduras, El Salvador y Guatemala hay un asesinato cada hora y media

Una disminución que, por otra parte, no ha conseguido eliminar a los países centroamericanos de los primeros puestos del macabro ránking mundial de asesinatos. Sólo durante el 2017 se produjeron más de 13.100 asesinatos en Honduras, Guatemala y El Salvador. Tres homicidios cada día, un muerto cada hora y media.

Pero no es un problema exclusivo del sistema de asilo español. Jonathan probó suerte en Canadá. Como transportista, puedo apreciar el auge de estas pandillas entre los años 90 y 2000 en toda la región. Tras recibir amenazas, decidió marcharse junto a su familia. Canadá inició su expediente de asilo, peor lo acabaron denegando. "Dijeron que las pandillas no eran un problema de guerra o persecución", así que tuvieron que regresar a Centroamérica. "Un día, paseando con mi hija por un parque, fui interceptado por pandilleros. Nos atracaron y mi hija fue víctima de una violación sexual", explica. Los mareros la violaron delante de él. "Me pusieron boca abajo, con el pie en la cara. Si hacia algo me mataban, a mí y a mi hija. Eso me detuvo, no sé si hice lo mejor quedándome quieto", relata a CEAR.

"Entonces compramos billetes de avión y vinimos toda la familia a España. Creíamos que nos iban a proteger, empezamos el proceso de petición de refugio, pero tras dos años y medio nos fue denegada". Jonathan han podido seguir en España gracias a esos dos años de trámite. Su familia encontró trabajo y obtuvo el permiso de residencia por arraigo. "Saber que no vas a ser deportado te cambia la vida, te hace estar seguro", explica.

Ver vídeo

ACNUR pide una reinterpretación del término refugiado

Pero el caso de Jonathan es uno entre miles debido a esta interpretación de conflicto en Centroamérica. Sin embargo, ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, hizo hace tiempo una aclaración sobre la interpretación de la definición de refugiado contenida en la Convención de Ginebra con respecto a estas pandillas. Precisa que hay que tener en cuenta "una serie de factores que incluyen los riesgos enfrentados por la persona solicitante", entre ellos, la gravedad y la naturaleza de la violencia o las violaciones de los derechos humanos que sufrió o que teme el solicitante de asilo, y define el requisito de pertenencia a un determinado grupo social como “un grupo de personas que comparte una característica común distinta al hecho de ser perseguidas o que son percibidas a menudo como grupo por la sociedad", una característica que "será innata e inmutable, o fundamental de la identidad, la conciencia o el ejercicio de los derechos humanos".

Incluso la Audiencia Nacional ya abrió en 2017 la puerta para que se reformulara esta interpretación, en concreto, sobre la persecución de las maras de El Salvador. Hasta ese momento, el Tribunal no consideraba justificado conceder la protección internacional a víctimas de persecuciones de las maras. Sin embargo, acabó sentenciando que la intensidad de la violencia en este país revestía tal intensidad que podía calificarse de conflicto interno. Una guerra en la que el Estado no se encuentra en condiciones de proteger a la población debido al poder real de las pandillas, a la insuficiencia de efectivos policiales y la ineficiencia del sistema judicial del país.

Poco después, el mismo tribunal sentenciaba que, en Honduras, la penetración de crimen organizado en diferentes esferas de la sociedad, entre ellas, la Policía, la política y la judicatura, hacía imposible la protección de los ciudadanos por parte del Estado, azotado por un alarmante incremento de la violencia.

Mientras en una oficina de debate la definición de un término, en Centroamérica, las maras siguen conquistando terreno al Estado y ciudadanos a la sociedad. Aumenta cada año el número de niños reclutados por la pandillas, chavales de 11 y 12 años que llevan pistolas y matan a quien no pagan "la contribución" o "el impuesto de guerra" o sus antiguos compañeros de la escuela que se han negado a unirse o han abandonado la pandilla. Resulta imposible saber cuántas personas sufren extorsión, pero afecta particularmente a los profesionales del transporte. 

Otros colectivos especialmente extorsionados, advierte CEAR, son el profesorado, jueces, policías y todos aquellos profesionales con un salario superior a la media; personas que reciben dinero de sus familiares en el extranjero o retornados que pudieron ahorrar fuera. Además, "el carácter fuertemente machista de las pandillas se expresa en un odio virulento contra las personas LGTB, las mujeres y las niñas", denuncia la organización, que reclama que España preste atención urgente a este colectivo invisibilizado.