Vecinos del entorno de Madrid Río y activistas medioambientales protestan este lunes por la tala de 523 árboles por las obras de ampliación de la línea 11 de Metro.

Residentes de la zona y el colectivo Rebelión o Extinción, se han manifestado con pancartas en las que se podía leer "No a la tala" y "Metro sí pero no así" a la llegada al parque de camiones y operarios, quienes han iniciado la extracción. La Policía ha desalojado a los activistas que se habían abrazado a los árboles para impedir su tala.

De forma paralela, las talas también han arrancado en el parque de Comillas, en Carabanchel, motivo que ha llevado a la vecindad a convocar una protesta a las 16 horas ante las puertas del vecino colegio Perú.

La Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Madrid ha obtenido la declaración ambiental favorable emitida el 14 de noviembre por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, han trasladado fuentes regionales. 

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "va a reducir la masa arbórea apeada en un 50,9% de los 1.027 árboles que inicialmente se contemplaban para ser apeados", lo que finalmente deja la cifra final de la tala en 523.

La reducción se debe a los cambios de ubicación de la subestación eléctrica fuera de los Jardines de Palestina, que se une a la modificación de la ubicación también de otras instalaciones auxiliares necesarias para la ejecución de la obra, sobre todo fuera del entorno de Comillas. La tercera razón es el aumento de ejemplares trasplantados, según indica la Comunidad.

Denuncian la "ilegalidad" del proyecto

Las asociaciones vecinales y ecologistas han alertado en varias ocasiones de "irregularidades" en el proyecto, por lo que presentaron alegaciones al trámite de evaluación ambiental simplificada al considerarla "un movimiento deliberado por parte de la Administración pública para justificar las ilegalidades por la vía rápida e ignorar los procedimientos judiciales abiertos".

El proyecto aprobado cambió tras obtener la viabilidad ambiental, denuncian. Esta modificación "incrementa gravemente el daño ambiental y las talas respecto al proyecto de 2020: de las 79 talas recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental Simplificada (DIAS) original se eleva el número a 676 en el proyecto actual, un 856%, y de casi 10.000 m2 de afección a zonas verdes, ahora se van a arrasar más de 48.000 m2", han cuantificado.

"Sólo tras las denuncias vecinales, la Dirección General de Planeamiento del Ayuntamiento envía en septiembre de 2023 un informe reconociendo que las normas urbanísticas prohíben la construcción de la estación de Metro Madrid Río en el parque de Arganzuela, un año después del inicio oficial de las obras", han subrayado.

Para "esquivar esta ilegalidad" la Comunidad de Madrid, con la "complicidad del Ayuntamiento", se ha "amparado en el artículo 163.5 de la Ley del Suelo alegando que es urgente y de interés general". Para el movimiento No a la Tala es "un procedimiento opaco de dudosa legalidad, con similitudes a los aplicados inadecuadamente para justificar proyectos como el desdoblamiento de la M501 o el campo de golf de Chamberí, que fueron anulados por la Justicia precisamente por esto".

Insisten en que, como mínimo, se debería aprobar el Plan Especial antes de ejecutar las obras. También han solicitado una mediación al Banco Europeo de Inversiones, que está investigando el caso.

Y "para evitar que se repitan casos como el de San Fernando de Henares, las comunidades vecinales afectadas solicitan que no se inicie la obra hasta que todos los informes y documentos estén finalizados". Los denunciantes insisten en que hay "alternativas viables mucho menos lesivas", las seguirán denunciando ante las instancias europeas y adoptarán todas las medidas legales que estén a su alcance. 

El Ayuntamiento de Madrid ha autorizado las talas acorde a la ley del arbolado urbano, una autorización que llegó después de la "disconformidad" planteada por llevar la instalación a zona verde. "Se nos solicitó un informe desde el área de Urbanismo en el trámite de evaluación ambiental y dijimos que había una disconformidad en cuanto al planeamiento puesto que (el Metro) se instalaba en zonas verdes, incompatible con el planeamiento", explicaba el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

El delegado detallaba que la Comunidad de Madrid aplicó el artículo 163 de la Ley del Suelo, "que le permite aprobar obras disconformes con el planeamiento teniendo en cuenta que son de interés general", además de aprobar la evaluación ambiental.

"Ahora lo que hará la Comunidad de Madrid es remitir a la Ayuntamiento de Madrid esos estudios, cuál es la solicitud de talas, cuáles son los árboles específicos que pretende talar, también los trasplantes y la justificación de por qué hay que talarlos. Una vez que los recibamos procederemos a autorizar, tal y como establece la ley de Protección del Arbolado Urbano", enumeraba los pasos a dar.