Máster de CifuentesMás allá de la URJC: las irregularidades en las universidades españolas

En poco más de un año, dos escándalos han puesto en tela de juicio el prestigio de la Universidad Rey Juan Carlos. Tras las informaciones que evidenciaban al menos 15 plagios del rector, Fernando Suárez decidió adelantar las elecciones al rectorado dejando la dirección de la universidad en manos de su pupilo Javier Ramos. Pese a financiar mayoritariamente a la universidad pública, la Comunidad de Madrid se escudó en el desconocimiento del caso -o en la autonomía universitaria recogida en la Constitución- para escurrir el bulto.

Un año después, se entiende mejor el silencio de la comunidad liderada por Cristina Cifuentes. De acuerdo a la investigación de Eldiario.es, la presidenta regional habría realizado un máster en la URJC, cuando era delegada del Gobierno en Madrid, del que no figura ni su presencia en las clases ni su trabajo fin de máster, pero sí la falsificación del acta que probaría la realización del máster y la modificación por parte de una funcionaria de la nota final de Cifuentes.

Antes de cerrar el círculo con el supuesto máster realizado por la presidenta regional, el exrector Suárez también favoreció al entorno de la presidenta adjudicando a dedo una plaza de profesora visitante en la URJC a la hermana de Cifuentes. Figura reservada a profesores de universidades externas de reconocido prestigio, cuando Margarita Cifuentes era únicamente personal de administración en la universidad y su experiencia docente e investigadora era nula.

Las conexiones del gobierno autonómico con la URJC no se limitan a la actual presidenta. Su actual consejero de Educación, Rafael van Grieken, fue vicerrector de Investigación en la Rey Juan Carlos durante 10 años; y María Teresa Feito, profesora titular en la universidad, también asesora al Gobierno regional y ha sido la encargada de presionar a la universidad para sacar un acta falsificada que probara la realización del trabajo (según Eldiario.es). Otros asesores nombrados por Cifuentes como el economista Daniel Lacalle partieron del Instituto Juan de Mariana, think tank que dirige un máster en la misma universidad.

“La Universidad Rey Juan Carlos es una universidad del Partido, nace en los años 90 en un impulso de Gallardón y de la Comunidad de Madrid para hacer de contrapeso a la Universidad Carlos III que juzgaban más cerca del Partido Socialista. Acaba siendo la representación del bipartidismo y lo que proliferan son los grupos afines al Partido Popular, como el Opus Dei, el Instituto Juan de Mariana y Libertad Digital. Todos nacen allí a rebufo del catedrático Jesús Huerta de Soto y la ofensiva de la Escuela Austriaca (corriente que defiende la privatización total del Estado)”, asegura una fuente anónima conocedora de las conexiones políticas y económicas de la URJC.

La URJC lidera el ranking de contratación de profesores visitantes “a dedo”

Amén de las irregularidades y conexiones de la URJC que ponen de manifiesto su funcionamiento como una “red clientelar”, según aseguró la candidata a rectora Rosa Berganza, la universidad también lidera el ranking de profesores visitantes con el 40% del conjunto de facultades españolas (424 según su portal de transparencia). Acompañada de la Universidad Carlos III, ambas acaparan el 60% del total de profesorado visitante en los claustros españoles, llegando a alcanzar el 30% de sus plantillas (según asegura la Coordinadora de Universidades Públicas de Madrid).

Esta figura, contemplada en la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001, tenía como objetivo la contratación de profesorado “de reconocido prestigio, procedente de otras universidades y centros de investigación nacionales o extranjeros”. En este caso, el periodo máximo de contratación estipulado en la ley es de tres años. Desde el Observatorio del Sistema Universitario (OSU), han detectado cómo esta figura ha dejado de utilizarse de forma excepcional. Hipótesis que vino a confirmar la Sindicatura de Cuentas de Catalunya al denunciar que la Universidad Pompeu Fabra había incumplido la ley al contratar a 96 profesores visitantes en 2011, que ya habían sido contratados por la misma universidad previamente bajo la figura de profesores asociados o ayudantes. Las cifras de la URJC, Carlos III y Pompeu contrastan con los 17 visitantes que tiene contratados la Universidad Complutense.

“El abuso de esta figura es muy reciente y se explica porque el profesorado visitante es la única categoría que no requiere de un concurso público para ser contratado. Eso provoca que sea mucho más fácil contratar bajo la figura de profesor visitante. Al impedir la ley el encadenamiento de contratos, hemos detectado en los datos del ministerio que el número de visitantes está sometido a vaivenes constantes. Eso se explica porque un año caen en picado los asociados y se disparan los visitantes. La sospecha, que vino a demostrar la Sindicatura en el caso de la Pompeu, es que se trata de la misma gente que encadena contratos diferentes”, desvela Vera Sacristán -presidenta del Observatorio del Sistema Universitario-.

La LEMES agudizará la contratación de profesores visitantes

Uno de los proyectos estrella desde el inicio de la legislatura de Cifuentes ha sido la Ley de Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES), considerada como la avanzadilla de una futura reforma universitaria estatal y tumbada a mediados de marzo por la propia Cifuentes al equivocarse en el voto. El texto, que volverá a ser presentado con los mismos preceptos, pretende utilizar la figura de profesor “visitante distinguido” para flexibilizar aún más la contratación del profesorado.

Para la Coordinadora de Universidades Públicas de Madrid (CUPUMA), que dos universidades públicas madrileñas abarquen el 60% de contratación de profesorado visitante no es una casualidad. Estaríamos ante un modelo destinado a la entrada del capital privado en la universidad y uno de los pasos indispensables, de acuerdo al modelo defendido por la fundación del Banco Santander Conocimiento y Desarrollo, sería el cambio de un profesorado funcionario por otro de contratación laboral más flexible.

Con la LEMES, el Gobierno regional resolvería de un plumazo sus dos principales inconvenientes, explica un representante de CUPUMA: “La figura de profesor visitante que contempla la ley actual es temporal, a lo sumo de dos años. Para poder ser una verdadera alternativa a los funcionarios y lograr la consideración de profesor permanente resulta imprescindible la acreditación de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). La LEMES pretende que quien otorga la acreditación sea la fundación Madrid+d, que depende al 100% del Gobierno regional, por un periodo de cinco años. Así, el control total del Gobierno sobre las universidades y la contratación del profesorado estaría garantizado”.

Los profesores asociados van a la huelga indefinida

Al igual que sucede con los visitantes, el abuso en la contratación de profesores asociados está acrecentando la precarización de la docencia universitaria. En las universidades catalanas, el estudio del OSU evidencia cómo el grueso de las plantillas ya no está constituido por profesorado funcionario, que ha pasado de abarcar el 52% al 37% en el periodo 2004-2015.

La incorporación de profesorado asociado, explica Vera Sacristán, tenía como objetivo la contratación de personas que ejercían la profesión fuera del ámbito universitario y que eran contratados para aportar su experiencia a los alumnos. “Se suponía que eran personas iban a dar clases muy específicas relacionadas con una materia especializada. En un principio la cifra no podía superar el 20% del profesorado universitario y el límite está establecido ahora mismo en el 49%. Que se haya preferido rebajar los límites, en vez de ser más duros, es significativo de hacia dónde nos encaminamos”, añade la presidenta del Observatorio.

Junto a Catalunya, donde más se extiende este fenómeno es en la Comunidad Valenciana. Con 1.300 asociados, el profesorado de la Universidad de Valencia decidió declarar la huelga indefinida el pasado 29 de enero. Vicent Monroig, miembro del comité de huelga, explica los motivos del hartazgo: “Nuestro trabajo recibe una retribución irrisoria, la hora de trabajo se paga a cinco euros. La Universidad de Valencia, la Politécnica y la Jaume I de Castellón pagan entre 200 y 500 euros brutos mensuales. Nunca hemos pedido equiparnos a un titular o a un catedrático, pero hay una figura intermedia a la que no se le exige ser doctor y que su salario anual ronda los 12.500 euros, mientras que nuestro bruto anual son 7.400 euros”.

Otra de las denuncias de este colectivo, avalada por el Tribunal Supremo en 2017, es el encadenamiento de estos contratos entre diez y treinta años. Según la sentencia del Alto Tribunal, que da la razón a un profesor de Barcelona despedido después de diez años como asociado, la universidad incurrió en fraude de ley obligando a indemnizarle como empleado indefinido no fijo. En el mismo sentido, otra sentencia reciente reconoció el carácter indefinido a una profesora asociada de la Universidad Politécnica de Valencia que llevaba treinta años encadenando dicho contrato.

José Luis Díez Ripollés, catedrático en la Universidad de Málaga, es una de las pocas voces que se atreven a expresar su desacuerdo con el sistema de selección del profesorado. En su opinión, el cambio del concurso oposición por la acreditación nacional otorgada por la ANECA ha tenido efectos muy limitados y no se ha visto traducido en una mayor objetividad. Su principal punto de desacuerdo reside en que, tras conseguir la acreditación, se antoja necesario que la universidad convoque una plaza concreta, lo que suele hacer solo si hay candidato acreditado local, con un tribunal plenamente sesgado a su favor que vota por el candidato de casa.

“Este sistema provoca que la universidad se haya convertido en un coto cerrado en el que se funciona a base de amiguismo, favores prestados y obediencia ciega a las personas que te han promocionado. Atendiendo a la selección del profesorado, la universidad podría considerarse la institución más corrupta de España, algo que no se solucionará mientras no cambie la ética del profesorado e interioricemos que deben acceder a las plazas aquellos que tengan mayores méritos y capacidad", concluye el catedrático.