La ayuda de Andalucía a países pobres se desploma con Juanma Moreno, y Palestina es uno de los más perjudicados

La solidaridad andaluza se ha quedado en el chasis con los gobiernos del PP en la Junta. Desde que Juan Manuel Moreno Bonilla la preside, el presupuesto para cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria se ha reducido a la mitad: de los 39,7 millones de euros que destinó a esas partidas en 2019 -sus primeros presupuestos- a los 18,8 previstos en los de 2025, un recorte que al cabo de seis años alcanza así el 53%. 

En 2018, un año antes de la llegada de Moreno Bonilla a la presidencia de la Junta merced a un pacto con Ciudadanos y Vox, Andalucía era la tercera comunidad autónoma que destinaba un mayor porcentaje de sus presupuestos a la cooperación y la ayuda humanitaria a países pobres. Entonces, el porcentaje se situaba en el 0,14%, pero tras sucesivas bajadas ha acabado en un ínfimo 0,05%, entre los cinco más bajos de España, según los datos del último informe comparativo de la Coordinadora estatal de Organizaciones para el Desarrollo. Y con el nuevo recorte presupuestario, descenderá aún más en 2025, al 0,04%.

El informe comparativo de la coordinadora refleja que Murcia y Madrid, con un 0,02; Castilla-La Mancha (0,03) y Castilla y León (0,05) son, junto a Andalucía, las comunidades que menos dinero asignan de sus presupuestos a la cooperación para el desarrollo, mientras que Euskadi, Navarra, La Rioja y el País Valencià son las que más gastan en estas partidas, hasta un 0,33%, aún bastante lejos del objetivo del 0,7 incluido en la Agenda 2030 para un desarrollo mundial sostenible.

“Nosotros y el País Vasco éramos los bastiones de la cooperación en España y por eso tenemos los mejores técnicos, gente muy formada, con mucha experiencia, que ha trabajado en Naciones Unidas. Pero tal como está la cosa ahora no podrá haber un relevo generacional, los jóvenes no se apuntarán a esto”, dice a Público la presidenta de la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD), Zaira Mesa, que lleva 19 años trabajando en este sector.

En el primer gobierno de Moreno Bonilla, el PP accedió a las exigencias de Vox para incluir en el acuerdo de investidura el compromiso de “dar pasos decididos hacia una gestión nacional” de la ayuda al desarrollo, lo cual equivalía a suprimir las competencias de la comunidad andaluza en cooperación internacional, una materia que ocupa un capítulo entero de su Estatuto de Autonomía. Luego, durante la pandemia, también a instancias del grupo de ultraderecha, se quitaron tres millones de euros de la dotación de la Agencia Andaluza de Cooperación para destinarlos al Banco de Alimentos, con el objetivo de solucionar los “graves problemas de pobreza alimentaria” en la región.

En la actual legislatura, ya con mayoría absoluta del PP y sin necesidad de los votos de Vox, la ayuda al desarrollo de los países más vulnerables no ha acabado de enderezarse. Tan es así que en los presupuestos de la Junta para el próximo año, aprobados este jueves y que son los mayores de su historia con un incremento del 4,4%, para la cooperación internacional se ha previsto, en cambio, una nueva reducción, esta vez de casi tres millones de euros para proyectos de ayuda humanitaria y desarrollo dentro y fuera de Andalucía.

Pese a que la mayoría absoluta del PP en el Parlamento andaluz aceptó cerca de un centenar de enmiendas al proyecto de ley de presupuestos -la mitad de ellas de los grupos de la oposición- con una cuantía de 80 millones de euros, ninguna hace referencia a la cooperación internacional de la Junta, que mantiene así un recorte del 13% para el próximo año, según la CAONGD, que ha emitido un duro comunicado con el siguiente titular: “El PP quiere aniquilar la política de cooperación internacional andaluza y nada se lo impide”.

En el comunicado, la coordinadora andaluza señala que este recorte tiene un “impacto muy grave y real” en “pleno genocidio de la población palestina refugiada que no recibirá asistencia psicosocial, vacunas para niñas y niños o atención para mujeres embarazadas”, en comunidades de Mozambique que “seguirán sin acceso al agua y al saneamiento y tampoco tendrán garantizada su alimentación” y en mujeres y niñas de Andalucía que “no podrán dar más pasos hacia la igualdad o dejando atrás la violencia basada en el género”.

“Nosotros también hemos trabajado mucho en la DANA de València. No hacemos distinciones entre ámbito exterior e interior. Si hay una emergencia, acudimos. Si vamos a la zona devastada por el huracán Mitch, ¿cómo no vamos a acudir a la de la DANA?”, subraya Zaira Mesa. La coordinadora andaluza lamenta que ni tan siquiera habiendo vivido y conocido tan de cerca las consecuencias del cambio climático con esa DANA, la Junta de Andalucía haya reconocido y respaldado el trabajo y la experiencia de las ONG de desarrollo en emergencias similares en otros países que han aplicado en València en primera línea.

Palestina, entre la más afectada por los recortes

Los recortes presupuestarios tienen consecuencias y este año una de las zonas más afectadas es Palestina, donde miles de personas han muerto o sufren una terrible hambruna a causa de la invasión del ejército de Israel en la franja de Gaza. Según un análisis de la Coordinadora Andaluza de ONGD sobre las solicitudes aprobadas para desarrollar en 2025, Palestina es el segundo país, tras El Salvador, con más proyectos que no se podrán llevar a cabo por falta de presupuesto, pese a contar con una buena calificación y ser considerados viables.

El pueblo saharaui es otro de los grandes damnificados por los recortes de la cooperación de la Junta. En 2023, la administración andaluza no aprobó inicialmente por primera vez ningún proyecto de ayuda a la comunidad saharaui y este año de momento tan sólo ha dado luz verde a uno, según la coordinadora.

“No tenemos una planificación de la acción exterior. No te dicen por qué se niegan unos proyectos para ciertos países. Y para Palestina, por ejemplo, ponen problemas con la documentación, exigen un papeleo que ahora allí como está la situación es muy complicado conseguir. Las organizaciones en el terreno se han adaptado, pero la Junta, en cambio, no”, se lamenta la presidenta de la CAONGD.

Las mujeres víctimas de malos tratos en Guatemala también van a sufrir los recortes de la cooperación andaluza. Allí, la organización Paz y Bien desarrolla desde 2021 un proyecto de huertos comunitarios familiares para favorecer la autonomía de estas mujeres y que en 2025 ya no va a poder seguir impulsando, porque le han denegado la financiación, pese a su alta valoración y a que su cuantía es de solo 60.000 euros.

Más de 600 mujeres se benefician de este proyecto que se puso en marcha hace tres años con financiación de la propia Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) en la región de Corredor Seco, cerca de la frontera con Honduras y El Salvador, muy castigada por la crisis climática. Muchas de ellas fueron salvadas de la muerte, de la más absoluta miseria tras ser abandonadas con sus hijos menores por sus parejas, en un país donde el feminicidio es bastante habitual, donde las posibilidades de una mujer para salir adelante sola son más bien escasas. Y Paz y Bien preveía que el año que viene fueran más, que llegaran a ser 800 las beneficiadas de este proyecto. Pero todo se ha ido al traste.

“Es una iniciativa muy innovadora, recogida con elogios por la autoridad judicial que nos manda a muchas mujeres víctimas de malos tratos. Pero todo esto no ha sido valorado suficientemente y el proyecto, aun estando consolidado, cae. Es doloroso”, dice a este periódico Francisco Molina, técnico de proyectos de Paz y Bien.

El objetivo de estos huertos comunitarios es permitir a las mujeres trabajar el campo con una agricultura ecológica y vender luego sus productos en los mercados de frutas y hortalizas de la zona, facilitarles, en suma, un medio de vida a ellas y a sus hijos. Pero, tras la denegación del proyecto, este tendrá que limitarse a la fase asistencial que ya habían desarrollado desde 2021. “Lo que nunca haremos es abandonar a estas mujeres", subraya Francisco Molina; "la fase de empoderamiento, de autonomía, de autogestión, es la que ha quedado truncada, pero seguiremos con la asistencial”.

La única ONGD española en Haití

Justicia Alimentaria, la única ONGD española que sigue trabajando en Haití, un país donde campa a sus anchas la violencia tras casi haber desaparecido el Estado, también ha sufrido las consecuencias de la reducción presupuestaria de la cooperación de la Junta de Andalucía. Su proyecto para apoyar la producción de campesinos haitianos y facilitar su distribución en los mercados locales no ha sido aprobado este año pese a contar con una alta puntuación, debido a la falta de dotación presupuestaria. Lo mismo le ha pasado con otros proyectos similares en Honduras y en República Democrática del Congo.

“Son países muy empobrecidos donde hemos generado unas expectativas y unos compromisos que ahora no se pueden cumplir, cuando se trata de paliar situaciones muy vulnerables”, explica a Público Erin Mcnulty, la coordinadora de Justicia Alimentaria en Andalucía, una organización a la que por segundo año consecutivo la Junta no le ha aprobado ninguno de los proyectos que ha presentado.

Entre los proyectos que le han rechazado a esta organización se encuentra uno de educación para el desarrollo que llevaba a cabo desde hace ya tres años, con financiación de la Junta, para tratar de mejorar el modelo de la alimentación en los centros escolares de Andalucía, que, según Mcnulty, tiene grandes carencias. Asesoraban a las asociaciones de madres y padres sobre esta materia con una iniciativa que, en cambio, sí ha sido financiada este año por el Ayuntamiento de Córdoba.

“Estamos muy preocupadas, porque nos están dificultando mucho nuestro trabajo en Andalucía. Nos lo están poniendo casi imposible”, asegura la coordinadora regional de Justicia Alimentaria.

La Coordinadora de ONGD ha advertido de que las cifras de los recortes “esconden efectos muy graves para la población de países con los que coopera Andalucía, desde las víctimas del genocidio de Israel en Palestina y del resto de conflictos armados vigentes, las personas refugiadas o desplazadas, que han alcanzado cifras récord últimamente, a las afectadas por los efectos extremos del cambio climático o a las que ven vulnerados sus derechos fundamentales en un marco de desigualdad y pobreza”.

“Los terribles efectos de la DANA en València demuestran que es necesario contar con políticas públicas que den respuesta a los enormes desafíos que vivimos en nuestros entornos más cercanos y en todo el planeta”, recalca la coordinadora que representa a 73 ONG andaluzas para el desarrollo, con más de 340.000 socios, que en 2023 apoyaron a 14,4 millones de personas, dos tercios de ellas mujeres, fundamentalmente en África y América.

Anfitriona de una Conferencia de la ONU sobre desarrollo

Con todas estas cifras, Andalucía acogerá el próximo año la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre la financiación para el desarrollo, donde representantes de gobiernos y movimientos sociales de todo el mundo debatirán cómo aumentar y mejorar la eficacia de los fondos destinados a los procesos de desarrollo en los países del sur global. La cuarta edición de esta conferencia tendrá lugar en Sevilla en el mes de junio y la CAONGD se movilizará durante su celebración para denunciar los recortes presupuestarios que ha sufrido la cooperación en la comunidad anfitriona.

“Vamos a hacer incidencia política durante el encuentro, porque se les tiene que caer la cara de vergüenza por ser anfitriones de una conferencia como esta con los recortes que están haciendo en los presupuestos”, afirma Zaira Mesa.

El informe comparativo de los presupuestos de 2023 refleja que el gasto al año por habitante en cooperación para ayuda al desarrollo es de sólo 2,90 euros en Andalucía, una cantidad que únicamente superan por abajo los 2,53 euros de Castilla y León, 1,68 de Castilla-La Mancha, los 0,75 céntimos de Murcia y los 0,68 de Madrid. La media de gasto per cápita en España se situó el año pasado en 8,42 euros.

Las competencias de cooperación internacional dentro de la Junta de Andalucía cambiaron de forma sorprendente el pasado agosto al pasar de la Consejería de Presidencia a la de Inclusión Social. Ese cambio no gustó nada a las organizaciones del sector, porque, a su juicio, supone una degradación de unas políticas que forman parte de la acción exterior de la administración autonómica y deben estar al máximo nivel en el escalafón del gobierno. El malestar se ha agudizado ahora al conocer el recorte del presupuesto que ha previsto Inclusión Social, consejería que no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre las razones de esta reducción.

Pese a todo, las ONGD andaluzas aseguran que van a seguir trabajando, poniendo de sus fondos, de las aportaciones de sus socios y de donaciones el dinero que ha dejado de aportarles la Junta para financiar los proyectos de cooperación. “Nosotros seguimos gastando lo que recibíamos en 2020, aportando ya más del 60% de lo que cuesta nuestra acción exterior. Estamos implementando la política pública que la Junta no hace”, subraya Zaira Mesa.