El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la Orden de Caza de 2016 en dicha comunidad autónoma. La sentencia, hecha pública este martes, falla a favor de PACMA y de la conservación de las poblaciones de fauna silvestre y sus hábitats. Según informa el Partido Animalista, "el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid sentencia que la autorización de caza de cualquier especie debe ir precedida de los correspondientes estudios científicos sobre los datos demográficos".

La Orden de Caza dictada por la comunidad autónoma carecía de los citados estudios, lo que incumplía la Directiva Europea relativa a la conservación de las aves silvestres. Esto, según PACMA, "supone un duro golpe contra los argumentos que los cazadores, sus federaciones y la propia administración esgrimen para autorizar la caza".

Según la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, la declaración de especies cinegéticas que hace el artículo 13 del Decreto 32/2015 (que es el presupuesto para la aprobación de la orden anual de caza) es contraria a derecho porque para hacer esa declaración es necesario que las especies, en atención a sus niveles poblacionales, distribución geográfica e índice de reproductividad, puedan ser objeto de caza.

PACMA informa de que "la Orden de Caza anulada por el tribunal se aprobó con absoluto desconocimiento de la población real de cada una de las especies". Y prosigue que "la propia administración reconoció que sólo se conocen los datos estadísticos de períodos y estimaciones históricas de 10 y 5 años a través de los planes cinegéticos que presentan los propios titulares de los cotos de caza, sin llevarse a cabo estudio poblacional alguno".

La Sala también basa su sentencia en otro argumento de tipo formal y es el de que dicha orden se asienta sobre dos normas declaradas nulas por el mismo Tribunal. 

Para PACMA, "es un despropósito que la caza se sostenga en los datos otorgados por los propios cazadores y propietarios de los cotos de caza (principales beneficiarios de la actividad) y que estos no estén contrastados por auditores externos". Desde el partido consideran que esta norma perjudicaba a "unas 40 especies entre los que se cuentan lobos, zorros, conejos o patos, entre otros". Por último, PACMA ha anunciado que exigirá responsabilidades a quien corresponda.