La ley es la ley, aunque eso no impide que su aplicación provoque situaciones de desamparo que resulten difíciles de compartir incluso para los jueces encargados de aplicarla, como ha ocurrido con el caso de Sole B. B., una madre zaragozana de 33 años a la que los tribunales han dejado en la calle a pesar de sufrir una minusvalía, de recibir como único ingreso un salario social de 430 euros, de tener la custodia de su hija de 15 años compartida con su exmarido y, también, a pesar de que el piso del que ha sido desalojada, y del que es copropietaria, ha quedado vacío, deshabitado, sin que nadie lo ocupe.

“Tengo de todo, menos dinero”, ironiza Sole, que esta semana se trasladará con su hija a un alojamiento que ha podido conseguirles la trabajadora social de una parroquia zaragozana tras salir de él un matrimonio, y en el que podrán permanecer hasta tres meses.

Su caso no entra en las situaciones de emergencia que los juzgados atienden en coordinación con la comunidad autónoma, ya que no se trata de un desahucio por impago de rentas o ejecución hipotecaria, ni tampoco encaja en el dispositivo municipal para situaciones de violencia machista. Se encuentra en la calle desde que el 9 de marzo un juzgado de Zaragoza ejecutó el lanzamiento que pidió su exmarido tras vencer el plazo que le asignaba el antiguo hogar familiar. Llevan dos semanas en un albergue en el que la habitación les cuesta más de lo que cobra al mes.

Sole y su exmarido están formalmente divorciados desde principios de 2015, tras catorce años de matrimonio y seis anteriores de convivencia. El juzgado, que entonces le otorgó la guarda y custodia de la hija menor de la pareja, de doce años en aquellas fechas, le asignó el uso de la que había sido la casa familiar hasta el 31 de diciembre de 2016.

La Audiencia destaca los “aspectos dudosos” del caso

Sin embargo, su exesposo, que antes había logrado que la custodia de la menor pasara a ser compartida ya que es la figura preferente en Aragón, acabó solicitando el lanzamiento de la mujer tras la prórroga de un año en el uso de la casa que había marcado el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Zaragoza. “Mi situación había empeorado en lugar de ir a mejor”, explica Sole, que finalmente tuvo que dejar la vivienda al avalar la solicitud del exmarido la Sección Segunda de la Audiencia de Zaragoza.

Este tribunal, no obstante, reflejó en su resolución los “aspectos dudosos” del caso, entre los que destaca que en el derecho civil “no hay propiamente un derecho de lanzamiento o desalojo del bien común”, como sería en este caso la vivienda familiar, ya que “ello llevaría al sinsentido de que ninguno de los comuneros pudiera utilizar la cosa común conforme al destino que le es propio”.

En realidad, señala la Audiencia de Zaragoza, lo normal es que primero el juzgado de Familia que lleva el divorcio determine por cuánto tiempo puede usarlo uno de los excónyuges y, vencido ese plazo, que otro de Primera Instancia establezca como debe usarse ese bien común “de modo que no impida el uso del otro copropietario”.

“Situación de supremacía de la denunciante”

Sin embargo, en Aragón las cosas no son del todo así cuando se refieren a la figura del “desalojo de condueño” con una ruptura familiar de por medio. De hecho, la doctrina que la Audiencia venía aplicando históricamente, según la cual no se puede echar de su propia casa al propietario, ha sido revocada por una instancia judicial superior.

Por un lado, el el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) interpreta que el Código de Derecho Foral limita el uso de la vivienda familiar para uno de los excónyuges porque “no en todos los casos existen razones atendibles para un uso de larga duración y menos para acordar un uso ilimitado”, ya que mantener esos vínculos entre los miembros de la antigua pareja “constituye de ordinario fuente de conflictos” y “puede lesionar el interés del otro si es propietario o copropietario de la vivienda”.

Y, en ese sentido, el TSJA ha determinado que superar el plazo que marca el juez de Familia despojaría a su sentencia de “la precisión y eficacia que la norma impone” porque “en lugar de quedar libre la vivienda y a disposición de ambos (…) se mantiene una situación de supremacía de la denunciante”.

Es decir, que la primera decisión judicial sobre el uso de la vivienda pasa a ser incuestionable, ni siquiera para prorrogarla si, como en este caso, la situación económica o de salud del excónyuge que la ocupa ha empeorado.

“Me fui con cuatro cosas”

“La casa está vacía”, lamenta Sole, cuya situación económica le ha llevado, pese a haber trabajado la mayor parte del tiempo desde que cumplió 18 años, a tener pendiente de pago más de 800 euros de la luz desde octubre de 2016. Tiene reconocida una minusvalía del 37% por esclerosis múltiple, a lo que se añade la lesión en el hombro con rotura de varios tendones que sufrió hace año y medio y un tratamiento psicológico, lo que dificulta su colocación.

El juzgado había autorizado la venta del piso por 130.000 euros y su puesta en alquiler. Sin embargo, anota, “no hay forma de venderlo, y al no tener llaves tampoco puedo enseñarlo para alquilarlo”. Ella, por otro lado, ha dejado de pagar su parte de la hipoteca “porque no me llega”, dice.

En su caso, el desalojo hizo que se quedara sin llaves de la casa pese a seguir siendo oficialmente una de sus dos propietarios. “Me fui con lo justo, solo me llevé cuatro cosas más algunas que me guardan un hermano y dos vecinos ¡Estoy usando unos zapatos de mi hija”, añade.

“Hay más mujeres en esa situación”

El caso de Sole, que se encuentra en un limbo ajeno al circuito asistencial por no tratarse de un desahucio por motivos económicos ni de una víctima de violencia machista, no es único, ni mucho menos.

“Hay más mujeres en esa situación, muchas más”, señala Ariadna Marco, presidenta de la asociación de mujeres maltratadas Somos Más, que destaca cómo en ocasiones caen en ella víctimas de violencia machista que rechazan denunciar su caso en los juzgados, lo que dificulta su acceso a los programas de garantía social.

“Cada una tiene su historia, pero es cierto que existe un vacío legal”, explican fuentes de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas Carmen García Castellón, que ha asesorado a algunas de ellas.

Su abogada, Ana María García Fernández, destaca que “el uso de la vivienda suele ser uno de los principales focos de conflicto tras las rupturas”. No obstante, la extensión de la custodia compartida de los hijos está abriendo una vía para resolverlos mediante la asignación del uso por turnos a cada uno de los excónyuges, frecuentemente por periodos de un año hasta que logran venderla o deciden alquilarla. Ese reparto actúa en ocasiones como un medio de presión para que ambos se decidan a liquidar los bienes gananciales, o el consorcio conyugal en Aragón.