Un total de 38.000 personas dependientes fallecieron en 2017 sin haber recibido las prestaciones o servicios que les correspondían, 104 cada día, y en España aún hay 310.000 ciudadanos en lista de espera de la dependencia.

El Observatorio Estatal para la Dependencia, relativo al año 2017 y presentado este miércoles en Madrid, recoge que en España hay 1,26 millones de dependientes reconocidos -51.000 más que el año anterior-, un 3 % de la población. Sin embargo, ese año quedaron pendientes de valoración más de 120.000 personas.

La dependencia en España tiene nombre de mujer, según el Observatorio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, ya que dos de cada tres dependientes son mujeres. El 72 % de ellos tiene más de 65 años y más de la mitad, casi el 55 %, supera los 80.

El informe subraya que uno de cada cuatro dependientes aún no recibe la prestación ya reconocida, situándose la lista de espera en 310.120 personas, inferior en 51.000 personas a la de 2016. De los 310.000 dependientes que se encuentran en el "limbo", más de la tercera parte -120.000- son de grado II y III, es decir, los de mayor gravedad.

En la presentación del informe, el presidente del Observatorio y de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha denunciado el "sufrimiento terrible" que padecen estas personas vulnerables y que año tras año se mantiene la cifra de dependientes severos que no reciben la prestación que necesitan. "No puede ser que el Estado abandone a esas personas", es "una crueldad la desatención de las personas más vulnerables", ha subrayado.

Grandes diferencias entre CCAA

El Observatorio vuelve a constatar las "gravísimas desigualdades" en la atención a la dependencia existente entre las distintas comunidades autónomas: Castilla y León y Castilla-La Mancha están a la cabeza, con notas de 9,29 y 8,21, respectivamente, mientras que Canarias (1,79), Baleares (2,14) y Cataluña (2,5) se encuentran a la cola.

También suspenden Extremadura (2,5), Aragón y Asturias (ambas con 3,21), Ceuta y Melilla (3,57), Comunidad Valenciana (3,57) y Madrid y Navarra (ambas con 3,93). Aprueban Cantabria (5,36), Murcia y País Vasco (5,71), La Rioja y Galicia (6,07) y Andalucía (6,43). La nota media del país se sitúa en 4,62.

Si se tienen en cuenta las listas de espera, la comunidad que sale peor parada es Catalunya, con un 37,1 % de los dependientes reconocidos esperando su prestación o servicio. Le siguen Canarias (36,6 %, La Rioja (32,2 %), Andalucía (31,8 %) y Extremadura 27,2 %). En Castilla y León la lista de espera se limita al 1,4 % y en Castilla-La Mancha, al 5,2 %.

Más de 6.500 euros anuales de media

En cuanto al gasto público por dependiente, la media nacional es de 6.665 euros anuales, pero las cifras oscilan entre los 4.271 euros de Ceuta y Melilla o los 5.181 de Murcia a los 7.698 euros del País Vasco y a los 7.683 de Cantabria.

A pesar de las diferencias, se ha producido un incremento anual de las personas dependientes atendidas en todas las comunidades autónomas -la media es del 10,3 %-, a excepción de La Rioja, donde han descendido un 2,3 %.

El coste de las prestaciones y servicios entregados a la atención de la dependencia ascendió en 2017 a 7.597 millones de euros: las administraciones aportaron el 79,5 % y los usuarios el 20,5 % restante mediante copago.

Actualmente, según el informe, la atención a la dependencia genera 200.000 empleos directos y el Estado recauda casi 2.900 millones de euros por la aplicación de la Ley.

Aunque aún tiene "muchas pegas", el Observatorio destaca que la mayoría de los parámetros de gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) mejoraron el pasado año, si bien dicha "reactivación" responde en gran medida a los servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes más moderados (grado I) y al esfuerzo de las comunidades autónomas.

"A pesar de los numerosísimos problemas, el SAAD parece haberse consolidado", ha indicado el portavoz, quien ha destacado que se han estabilizado las solicitudes en torno a los 1,5 millones de solicitantes, que 3 millones de personas han pasado por el sistema y casi 1 millón son atendidas.