El Observatorio Valenciano Contra la LGTBIfobia ha denunciado que la mujer víctima de humillaciones por parte de dos agentes de la Policía Local de Benidorm la semana pasada ha sido víctima de amenazas y coacciones tras darse a concocer el vídeo de los hechos que los mismos funcionarios grabaron.

Este organismo, que registra y documenta las agresiones lgtbifóbicas y ofrece ayuda a las víctimas, logró contactar con la víctima al día siguiente de viralizarse el vídeo de la agresión y puso en marcha sus protocolos de su servicio jurídico y de protección a las víctimas. Según les relató tanto la víctima como sus compañeras de piso, llevan días recibiendo llamadas telefónicas amenazantes y visitas intimidatorias al domicilio, sin querer especificar por parte de quién por miedo a represalias.

Al detectar la extrema vulnerabilidad de la víctima y de sus compañeras de piso y su situación de riesgo, varios miembros del Observatorio han acompañado esta tarde a un lugar seguro y alejado de Benidorm a la víctima y a las personas que convivían con ella.

Además, según relatan desde el Observatorio, tan solo unas horas después de conocerse los hechos, un abogado privado que no ejerce el turno de oficio, se puso en contacto con la víctima para ofrecerle sus servicios en el ejercicio de acusación. Al conocer esta noticia, sabiendo que ni la víctima habla castellano, ni el abogado la lengua materna de la mujer, ni se presentó tampoco ningún intérprete ni traductor para formalizar el trato, el Observatorio aceleró los trámites para intervenir ante una situación que sospechaban podría formar parte de alguna maniobra para perjudicar a la víctima.

El Observatorio puso en marcha una exhaustiva investigación para esclarecer estas circunstancias. "Nos ha parecido extraño que dicho abogado esté estrechamente relacionado con el que ejerce la defensa del policía, habiéndose personado ambos en colaboración en varias causas judiciales de relevante interés mediático y social, no solo para la provincia de Alicante, si no de todo el Estado",  afirman.

Hoy, sin embargo, una abogada del Obervatorio ha sido finalmente designada para ejercer la acusación particular en nombre de la víctima. Por su parte, el Ministerio de Igualdad, a través de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI ha anunciado este mediodía que había presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Alicante, algo que desde el observatorio consideran insuficiente. Según Toño Abad, director del Observatorio, el Ministerio  "debería presentar una querella contra ambos policías, contribuyendo así a esclarecer a donde iba a parar el vídeo teniendo en cuenta que existe un mando único policial según el RD 463/2020, del 14 de marzo, y la responsabilidad de las actuaciones de la policía municipal recaen en el Ministerio del Interior".

Por su parte, la Generalitat Valenciana condenó los hechos públicamente y ordenó a través de la Consellería de Justicia, Administración Pública e Interior abrir investigación sobre los hechos. Por su parte, la Vicepresidencia y Conselleria d’Igualtat i polítiques Inclusives que dirige Mónica Oltra ya ha dado ordenes a la abogacía de la Generalitat para que se persone como acusación particular en la causa, ya que según el articulo 41 Ley Trans valenciana (8/2017), la Generalitat podría actuar como interesada "en causas penales que, por su especial relevancia y especialmente en materia de delitos de odio, justifiquen su personación en la defensa de los intereses colectivos y de los intereses de las personas trans". Así mismo, desde Vicepresidencia de la Generalitat se han trasladado a Delegación del Gobierno varias informaciones para que investiguen si la víctima y su entorno pudieran ser víctimas de una red de trata de personas.El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm.

El agente que protagoniza los insultos, M.J.M.L., fue detenido por la Policía Nacional el pasado 1 de mayo, a las pocas horas de viralizarse el vídeo de los hechos. Este policía, que pasó la noche en el calabozo y al día siguiente se negó a declarar, se encuentra suspendido temporalmente de empleo y sueldo y con un expediente disciplinario abierto.

El otro agente que graba los hechos, J.D., también está siendo investigado en la causa, aunque no fue detenido tras presentarse voluntariamente ante la Policía Nacional. El Observatorio ha solicitado a la Fiscalía información sobre los motivos de la grabación y la difusión del vídeo, ya que este llegó a diversos chats policiales fuera incluso de Benidorm, hasta que un agente decidió filtrarlo a la prensa para denunciar los hechos.

Campaña de criminalización de la víctima

Por otra parte, varias páginas web con apariencia de medio de comunicación publicaron estos últimos días diversas informaciones sobre las circustancias personales de la víctima, algo que desde el Observatorio califican de "un conato de guerra mediática por parte de los sectores más reaccionarios del entorno periodístico en la que se ejerce un ataque continuado contra la mujer agredida señalando distintos aspectos de su vida privada que nada tienen que ver con el caso que se encuentra en este momento judicialiciado". Una de estas webs, además, está especializada en información policial.

El Observatorio ha anunciado que emprenderá acciones judiciales "contra todos aquellos que, pretendiendo desacreditar a la víctima, vulneren sus derechos, su honor, intimidad o derecho a la privacidad.".

Esta organización ha atendido a más de 300 personas desde su creación en 2016, víctimas de delitos de odio. En sus informes anuales, además, destacan que tan solo el 10% de las agresiones LGTBIfóbicas llegan a los juzgados, ya sea por el miedo de las víctimas como por la falta de pruebas. Es por esto que insisten en que "quienes tienen que velar por la protección de la ciudadanía tienen que tener formación y sensibilización necesarias para atender la diversidad en todas sus vertientes".

"En este sentido, cuando los protagonistas de las agresiones son los propios miembros de distintos cuerpos policiales, la desconfianza de las víctimas es todavía mayor". Por esto, remarca Abad, desde el Observatorio exigen a las autoridades competentes un plan de formación en diversidad sexual, familiar y de género para todos los agentes judiciales y policiales.