El verano pasado, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que depende del ministerio que dirige Teresa Ribera (PSOE), comenzó a precintar de forma preventiva pozos ilegales en la comarca de Doñana. Esta es una antigua reivindicación de los ecologistas que hasta ahora no se había efectuado de forma más o menos generalizada.

"Uno de los últimos decretos de sequía [de 2023], antes del verano, ha permitido adoptar estas medidas cautelares", aseguran a Público fuentes de la CHG, que también citan la ley de procedimiento administrativo.

El precinto, argumenta el organismo que vela por el buen estado de las aguas, "se lleva a cabo para proteger los recursos hídricos". El acuífero de Doñana está sobreexplotado y en riesgo. Y "las actuaciones, explican, consisten en el requerimiento a la propiedad de la extracción de los equipos de bombeo instalados en las captaciones para proceder seguidamente a su precintado".

En este tiempo, desde el estío, la CHG ha clausurado por esta vía 43 pozos, según sus propios datos. "Se están aplicando medidas cautelares de precintado de pozos que son objeto de procedimiento sancionador en trámite. Estas actuaciones se verán incrementadas próximamente como consecuencia del resultado de los planes específicos de inspección actualmente en marcha", dijeron a Público fuentes oficiales de la confederación.

"Gracias a estas medidas cautelares –añadieron las mismas fuentes– ejecutadas sobre pozos ilegales se ha conseguido el cese del riego de 57,74 hectáreas de frutos rojos, estimándose la captación irregular de agua para riego en más de 300.000 metros cúbicos [más de un centenar de piscinas olímpicas] por campaña".

La cifra es aún escasa, según las ONG conservacionistas (en Doñana hay más de mil hectáreas regadas ilegalmente). "Hasta ahora es insuficiente lo que se hace. Cuando uno quiere resolver un problema, todo consiste en poner fondos y recursos, poner normas y hacerlas aplicar. ¿Esto significa que el esfuerzo que hace ahora el personal de la confederación es escaso? No. Pero sí es verdad que la confederación requeriría de mayor apoyo", analiza Juanjo Carmona, de WWF.

"Hacen falta más recursos, más personal y también lealtad por parte de otras administraciones. Hay ayuntamientos que tienen fincas ocupadas y no hacen nada; la Junta de Andalucia no puede ignorar si una finca rústica de secano tiene riego: en ese caso hay un incumplimiento de las normas urbanísticas", añade el ecologista.

"Estamos en un marco de emergencia climática. Está muy claro ahora que con la sequía que tenemos, y la situación del acuífero, hay que tomar medidas que aseguren que el agua no se roba. Lo vamos a pasar muy mal si se ignoran los planes, las normas, todo. Esto es necesario", remacha Carmona.

Además de estos 43, desde el año 2019 la CHG ha logrado cerrar definitivamente 271 pozos –150 de acuerdo con quien lo abrió, el resto, 121, obligatoriamente–. Además, mantiene abiertos expedientes para clausurar otros 235. Otros 17 cierres han sido suspendidos por la apertura de procedimientos judiciales. Y se han cerrado 450 pozos que contaban con alguna figura de regularización, al contar con nuevos derechos, por sustitución del uso de agua subterránea por superficial. En total, 1.016 en cinco años.

"La confederación está sometida a muchas presiones, y evidentemente están cerrado pozos, pero durante mucho tiempo otros que han estado antes en la confederación los han consentido y los han permitido", afirma Juan Romero, de Ecologistas en Acción a Público.

Tarde

El jurista Carmona, de WWF, afirma: "La aplicación de una medida cautelar es algo habitual en el derecho español desde siempre. Se hace para asegurar la eficacia de la resolución final. ¿Podría haberse hecho antes ese análisis y haberse aplicado al robo del agua? La respuesta es sí. La Administración ha sido reticente a hacerlo hasta hace bien poco en Doñana".

"Si no hay impedimento por parte del que abrió el pozo, la confederación lo cierra automáticamente. Pero si le dan la batalla legal, se tardan ocho años. Los que están cerrando están en monte público y son los que no presentan batalla legal. En cualquier caso, es importantísimo que la confederación cierre los pozos ilegales y que controle los legales que no tienen contador y no se puede saber cuánta agua extraen", señala Romero.

"Hay que pedir –abunda Carmona– una mayor implicación y responsabilidad a todas las administraciones. Encontrar un pozo, saber que una finca no tiene concesión para sacar agua y no tomar medidas cautelares que impidan esto, socava la ley porque el objetivo es que se deje de robar agua".

Carmona agrega: "Es necesario, además, que el funcionario tenga apoyo del servicio jurídico. Esto no solo depende de que haya un guarda en el campo, sino también del funcionario que lleva el expediente, del presidente del organismo que tiene que firmarlo y del servicio jurídico del Estado en este caso. Si se tomaran realmente medidas cautelares adecuadas, seguramente estaríamos en otra situación en relación con el robo del agua".