El ICA, el polémico y contestado Impuesto de Contaminación de las Aguas que el Gobierno de Aragón estableció en 2016 con el aval de las Cortes autonómicas para financiar el desmesurado Plan de Saneamiento, les habrá supuesto a las familias y las empresas de la comunidad el pago de más de 300 millones de euros en un lustro.

El proyecto de Presupuestos de la comunidad para 2020 que el pasado lunes entregó el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, al presidente de la cámara autonómica, Javier Sada, incluye en el capítulo de ingresos una partida de 66,1 millones de euros vinculada a este tributo, que supone más de dos terceras partes de los 90 anotados como impuestos ambientales, entre los que destacan los 17 que gravan la explotación de embalses para producir hidroelectricidad y los dos del uso de los tendidos eléctricos para distribuir energía.

Esa cifra eleva a 334,7 millones de euros la previsión de ingresos del ejecutivo por este impuesto en sus primeros cinco años de vigencia, tras los 55,4 de 2016, los 75 de 2017 y los 69,1 de 2018 y 2019, en el que la comunidad funcionó con unos presupuestos prorrogados.

Sin embargo, esas previsiones no se han cumplido en ninguno de los años, principalmente por la oleada de rechazo e insumisión fiscal que, vía recursos y con más de 100.000 familias que se niegan a pagarlo, ha generado ese tributo en la ciudad y que ha mermado de manera notable la recaudación.

Así, y según indican los documentos mensuales de ejecución presupuestaria disponibles en el Portal de Transparencia de la comunidad, la facturación de los primeros tres años y nueve meses de vigencia del tributo ascendieron a 250,39 millones de euros, solo 18,31 menos de los presupuestados, mientras que los ingresos netos se han quedado en 159,51, un 59,3% de lo pasado al cobro.

El Gobierno mantiene las mismas condiciones en la tarifa

En cualquier caso, y salvo sorpresa, el montante de los recibos del ICA tramitados en sus primeros cinco años de vigencia habrá superado al acabar el 2020 la barrera de los 300 millones de euros siempre que se cumplan las previsiones que el Gobierno autonómico ha incluido en sus presupuestos.

La aplicación del ICA comienza a hacerse notar en los bolsillos de los aragoneses, ya que entre 2015 y 2018 el gasto doméstico medio en saneamiento prácticamente se duplicó al pasar de 75,37 a 139,73 euros anuales por hogar, según indica la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Esa cifra de 66,1 millones de euros, que se mantiene en la línea de los cuatro años anteriores, choca aparentemente con el punto número 74 del acuerdo en el que se sustenta el cuatripartito que preside Javier Lambán, disponible en la web del Par y que indica que “a fin de evitar una fiscalidad desigual en relación con el resto de las comunidades autónomas, el Gobierno de Aragón derogará el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) y establecer una nueva figura tributaria, atendiendo a las conclusiones y propuestas del Dictamen de la Comisión Especial de las Cortes de Aragón”.

Aunque cabe cuando menos una segunda opción que, como apuntan algunas fuentes, explicaría la anotación de esos 66,1 millones de euros en el proyecto de presupuestos.

Esta consistiría en que, más allá de alguna rebaja más bien liviana y dirigida especialmente a Zaragoza y su zona metropolitana, donde se concentra la oposición al impuesto que lidera la RAPA (Red del Agua Pública de Aragón), y también al Pirineo, muchos de cuyos ayuntamientos ya eran críticos con el Plan de Saneamiento y lo son más con el impuesto creado para financiarlo, las cosas apenas van a cambiar con la reforma, en la que, según indicaron fuentes del ejecutivo, están trabajando los técnicos de la Consejería de Hacienda y del Instituto Aragonés del Agua.

Por lo pronto, decimocuarta disposición adicional el proyecto de presupuestos mantiene la tarifa para el próximo año con las mismas condiciones que venía aplicando desde 2016.

La RAPA retoma las movilizaciones

El principal problema para el Gobierno autonómico en este asunto consiste en que la red de depuradoras, heredada de los ejecutivos PSOE-Par de Marcelino Iglesias y PP-Par de Luisa Fernanda Rudi, no es económicamente sostenible sin el ICA, cuyo pago ha provocado la reacción de miles de ciudadanos apoyados por sindicatos, movimientos sociales, grupos ecologistas y otras organizaciones.

Mientras tanto, y a falta de saber su la Fiscalía Anticorrupción tras la denuncia de Podemos, ahora integrado en el Gobierno de Lambán, la RAPA ha retomado las movilizaciones para reclamar la derogación del impuesto y ha empezado esta semana, con el apoyo de las asociaciones de vecinos, a instalar mesas informativas en los barrios de Zaragoza con la vista puesta en la manifestación convocada para el 1 de diciembre en la capital aragonesa.
El Gobierno de Aragón, que desestimó en una única resolución los 50.000 recursos presentados contra los recibos de 2016 mientras la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas desestimaba las 3.300 impugnaciones contra las facturas de 2017, abrió hace unas semanas el plazo de pago voluntario para liquidar los de 2018 en Zaragoza, que finaliza el 20 de diciembre.