La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado comienzo al juicio al expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, su mujer y otros tres amigos y parientes con 45 minutos de retraso respecto de la hora señalada, las 10 de la mañana. Sin embargo, no se habían terminado de dirimir las cuestiones previas cuando el tribunal ha suspendido la sesión por problemas técnicos.

Rosell afronta una petición de pena de 11 años de prisión y 59 millones de euros de multa acusado de liderar una organización criminal que acabó blanqueando más de 19,9 millones de euros del que fue presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) entre 1989 y 2012, Ricardo Terra Teixeira.

Junto a él y frente a un tribunal presidido por la magistrada Concepción Espejel, se sientan su socio Joan Besolí –que al igual que Rosell está en prisión preventiva desde mayo de 2017–, el cuñado de éste, Antonio Ramos; su amigo personal José Colomer, y su presunto testaferro, Sahe Ohanessian, todos ellos acusados por la Fiscalía como integrantes de "una estructura estable" que desde al menos 2006, se dedicó "al lavado de capitales a gran escala".

El juicio ha comenzado con 45 minutos de retraso y al cabo de otros diez, se ha suspendido por problemas de sonido ya que el público que asistía a la vista dentro de la sala no conseguía escuchar la intervención de Pau Molins, uno de los abogados de Rosell. El fiscal, José Javier Polo, rechaza este extremo, así como la puesta en libertad de Rosell. 

Por su parte, Pau Molins, uno de los abogados del expresidente del Fútbol Club Barcelona, ha alegado que condenados "por delitos bastante más graves" como los de La Manada están libres.

La defensa: la jurisdicción española no es competente

La representación de Rosell estima que la jurisdicción española no es competente para juzgar dos de las tres operaciones atribuidas por la Fiscalía a Rosell -que presidió el Fútbol Club Barcelona entre 2010 y 2014- ya que ocurrieron en Brasil y Andorra, donde la corrupción entre particulares no es delito, por lo que ha pedido el archivo de la causa respecto a las mismas.

Se trata de unas supuestas intermediaciones de Rosell en la cesión de los derechos audiovisuales de la Confederación Brasileña de Fútbol a una sociedad árabe en 2006, por los que Rosell habría recibido dinero en Andorra, y en un contrato en 2008 entre la CBF y Nike para equipar a la selección de fútbol de Brasil.

Ha añadido que la tercera operación que se atribuye a Rosell es la venta en 2011 de su sociedad de márketing deportivo, BSM, al también acusado Shahe Ohannessian y ha planteado que estos hechos se juzguen en Barcelona, donde ocurrieron. 

El fiscal se ha opuesto a todas las cuestiones previas planteadas por las defensa, que la Sala resolverá este martes, y ha mantenido que la Audiencia Nacional es el tribunal competente para juzgar este caso sobre todo con la nueva regulación de la justicia universal y teniendo en cuenta que el delito de blanqueo de capitales es de "persecución extraterritorial".