El apoyo de Estados Unidos (EEUU) a la supresión de las patentes de las vacunas es histórico. La presión de las organizaciones y de los países pobres como India y Sudáfrica han conseguido este avance. Pero lo que queda no es fácil. Si el giro que ha dado EEUU consigue cambiar la posición del resto de países ricos, antes del 10 de junio se podría llegar a aprobar la propuesta en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Hasta entonces se prevé que aumente la presión de los lobbies de las farmacéuticas y que se pongan sobre la mesa muchos argumentos en contra. Si se consigue, después hay que asegurar que se transfiere la tecnología, se aumenta la producción y las vacunas se venden a precio de coste. Pese a la complejidad, en un contexto de pandemia mundial ganan los motivos a favor, más aún teniendo en cuenta los altos beneficios que ya han recibido las farmacéuticas, que el grueso de la inversión para conseguir las vacunas ha sido pública y que, si no se aumenta el ritmo de fabricación, no se podrá inmunizar a todo el mundo hasta 2024, según los cálculos de la Universidad de Duke (EEUU).

Entre los detractores de la propuesta de la supresión de las patentes, entre los que se encontraban EEUU, la Unión Europea y España hasta hace muy poco tiempo, se dice que esta alternativa no es la "panacea" y que el problema real está en la capacidad de producción. Los defensores sostienen que esta liberación es el primer paso: cómo se desarrolle la propuesta determinará si es posible conseguir aumentar la fabricación en un plazo de tres o seis meses.

Fernando Lamata, ex secretario general del Ministerio de Sanidad y miembro de la Asociación para un Acceso Justo al Medicamento, es uno de los expertos que mejor ha seguido el debate en la OMC desde que India y Sudáfrica presentaron el pasado octubre la propuesta de liberar los derechos de propiedad intelectual de todos los medicamentos y vacunas contra la covid-19. "En este tiempo en el que los países ricos han bloqueado la propuesta han muerto dos millones de personas. Es duro pero es así. No hay más tiempo que perder", valora a Público.

Primer paso: conseguir el apoyo de todos los países ricos

Ahora toca conseguir el resto de apoyo de países ricos. Vanessa López, directora de Salud Por Derecho, cree que el paso que ha dado EEUU va a "forzar" a los diferentes países a apoyar la exención. Claves ahora para este debate son la UE, Japón, Australia y Canadá. La primera ya ha pasado en una semana de votar en contra de la exención a decir que lo estudiarán. "Hay que conseguir todos los apoyos porque en la OMC las decisiones se toman por consenso y ahora se está en la fase de negociar un nuevo texto", concreta. En estos momentos, según el recuento que realiza Médicos Sin Fronteras, hay hasta 105 países que se han mostrado a favor.

Tras el bloqueo sobre la primera propuesta de India y Sudáfrica el pasado octubre, ahora se está redactando un nuevo documento. "Es importantísimo que no quede descafeinado. Que sea lo suficientemente ambicioso para que no se pervierta la idea inicial", añade López. En esta propuesta trabajará ahora también EEUU, como se ha comprometido la Administración de Joe Bidden. Se tiene que presentar a lo largo del mes de mayo y, si se llega a un consenso, se puede aprobar en cualquier momento. Si no es así hay otra opción porque se podría someter a votación en el Consejo General de la OMC que se celebra los próximos días 8 y 9 de junio. Se necesitaría que 3/4 de los países dieran su apoyo.

Siguiente clave: la transferencia de la tecnología

Si se prueba la exención, el primer obstáculo estaría superado: acabar con el monopolio de las patentes. Pero después toca "forzar a las empresas a que transfieran la tecnología", explica Lamata. Este proceso puede tardar entre tres y seis meses pero realmente es hacer lo que han hecho hasta ahora las farmacéuticas con empresas que ellas han querido "subcontratar", como AstraZeneca con el Serum Institute of India.

Como argumento en contra de la exención, la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica Farmaindustria dice que el proceso de fabricación de vacunas solo "está al alcance de unas pocas compañías en todo el mundo". En un comunicado publicado este jueves aseguran que la industria farmacéutica ha llegado, a través de acuerdos de colaboración con transferencia de tecnología, con "cualquier empresa de cualquier país del mundo que tenga capacidad de participar en la producción".

Pero los defensores argumentan muy distinto. Miriam Alía Prieto, responsable de vacunas y pandemias de Médicos Sin Fronteras, explica que "la capacidad se puede crear" con todas las vacunas, también con las de ARN mensajero, y que esto se muestra porque ya hay acuerdos bilaterales entre las farmacéuticas y empresas que fabrican vacunas. "El primer problema es que estos acuerdos son bastantes oscuros porque se firman con acuerdos de confidencialidad, como firmó la UE los acuerdos de compra de las vacunas. El segundo es que la farmacéutica tiene el poder de decidir cuántas dosis se fabrican, el precio y a qué países se vende. Esto no garantiza un reparto equitativo de las dosis de más que se produzcan", sostiene la experta. Añade, además, que hay un claro ejemplo de esto: "La empresa francesa Sanofi se puso a disposición de Pfizer para producir 225 millones de dosis, Pfizer subcontrató a la empresa y al día siguiente firmó con la UE el incremento de dosis. Mientras tanto, a COVAX le ha dado 40 millones de dosis para todos los países pobres".

En este sentido, Alía y Lamata coinciden en que, más allá de que existan más empresas con capacidad de fabricar, la clave estaría incluso en garantizar que las empresas producen todo lo que pueden y que se distribuyen entre los países que aún no tienen ni vacunados a sus sanitarios. El experto añade una fórmula que considera que sería la "ideal": utilizar la fórmula de la OMS, la C-TAP, una plataforma para que las empresas cedan ahí la tecnología y el organismo internacional se encargue de transferir la tecnología. "En seis meses como tarde estaríamos en disposición de fabricar", insiste. 

Vacunas a precio de coste, tiempo y seguridad de la fabricación

Otra clave para garantizar el acceso universal a las vacunas es que, una vez que se liberen las patentes, se comercialicen a coste de producción. Lamata explica que se tendrían que volver a hacer compras anticipadas, como se ha hecho hasta ahora, para garantizar los recursos necesarios para la fabricación. Y que el control de los precios es fundamental para que los países de rentas medias y bajas tengan acceso. En ese sentido, López añade como claves "organizar cómo se aumenta la producción, mecanismos para apoyar la capacidad de producción de los países más pobres y fijar los royalties en su caso".

La propuesta se trabaja  para que la exención se mantenga mientras dure la pandemia. Y, aunque es cierto que no es una solución a corto plazo, lo puede ser en el medio y largo si se tienen en cuenta las previsiones de las farmacéuticas. Pfizer prevé que será necesaria una tercera dosis de su vacuna. "¿Se volvería a repetir el proceso si nos tenemos que revacunar?

Además, ya la propuesta inicial recogía que se pueden acoger a la supresión los países que lo quieran. Es decir, países ricos que ya han avanzado en la inmunización no tendrían que recurrir a ella. Algo que incluso permitiría que las farmacéuticas mantuvieran más beneficios.

¿Pueden hacer algo en contra de esto las farmacéuticas? Los expertos asumen la presión de los lobbies, algo que ya ha sucedido en Europa. Sin embargo, la exención de las patentes se contempla en la legislación internacional y, como explica López, la soberanía es de los Estados: "Está dentro de la legalidad. Es únicamente decisión de la OMC". Sin embargo, hay una posibilidad que no está contemplada todavía pero a la que se puede recurrir y es que las farmacéuticas transfieran el conocimiento de forma voluntaria.

Por otro lado, los lobbies también dicen que suspender las patentes "podría hacer que fábricas desconocidas sin experiencia o con escasos controles de producción y calidad pudieran entrar a competir por materias primas escasas, causando disrupciones en la cadena de suministro e incrementando el riesgo de falsificaciones". Pero esto Alía también lo desmonta recurriendo a la legislación: "La producción de genéricos está sujeta a unos controles de seguridad y calidad que son los mismos que para el producto general. En el caso de las vacunas, son aún muchos más estrictos que medicamentos y tratamientos. Que se abra la patente no significa que una fábrica de neumáticos se ponga a fabricar vacunas. Significa que, manteniendo todos los controles de calidad, se produce más. AstraZeneca antes, por ejemplo, solo producía vacunas contra la gripe. Es decir, se puede. Solo es cuestión de voluntad política".