Sindicatos de inquilinos convocan una huelga de alquileres ante la inacción del Gobierno

Los Sindicatos de Inquilinas de todo el país convocan una huelga de alquileres a partir del 1 de abril para las familias, autónomos y pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis económica que ha generado el coronavirus en España. "Lo que no cobramos, no lo pagamos. Si la economía productiva se para, la economía rentista también", afirman en un comunicado.

"Con la huelga, damos la única respuesta posible a todas esas familias: una respuesta colectiva, que les dice que ya no están solas y que las invita a unirse a una lucha para evitar que nadie tenga que hacer frente a una deuda o a un desahucio", añaden los activistas.

La llamada a los impagos "durará tanto tiempo como sea necesario hasta que el Gobierno suspenda el pago del alquiler para las personas afectadas por la crisis del coronavirus", concreta el comunicado.

Los sindicatos de inquilinas y otros colectivos sociales llevan presionando al Gobierno desde hace dos semanas para que decrete la suspensión del pago del alquiler para las personas cuyo empleo e ingresos se hayan visto perjudicados como consecuencia de la paralización del país tras decretarse el estado de alarma el pasado 16 de marzo.

Sin embargo, hasta el momento sólo han trascendido discrepancias, roces y desencuentros entre Unidas Podemos y Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos,en cuanto a una posible moratoria, una suspensión del pago de las rentas o una línea de crédito privado a interés cero con aval del Estado para familias vulnerables.

Ante esta inacción y posibles medidas que consideras "injustas e insensatas", con la entrada de mes en ciernes, los activistas redoblan su presión un día antes del próximo Consejo de Ministros para que su propuesta vuelva a estar sobre la mesa. "No podemos esperar a que se iluminen. Ya hay angustia en muchos hogares golpeados por esta crisis", apunta Palomera.

La llamada a los impagos "durará tanto tiempo como sea necesario"

Por eso, los sindicatos de inquilinas hacen un llamamiento para que quienes no puedan asumir el pago del próximo mes no lo haga, informe a su casero mediante un burofax que han facilitado y se pongan en contacto con ellos. "Si miles de familias nos negamos a pagar y lo hacemos bajo la cobertura de la huelga y de un mismo movimiento, nadie podrá hacer nada contra nosotras. En cambio, si afrontamos la situación de forma individual, terminaremos más pobres, con más deudas, y más vulnerables", explican.

Las organizaciones también han lanzado una caja de resistencia "para dotar a las personas que se sumen a la huelga de una mayor cobertura colectiva". Para ello, piden a todas las personas "que no están en riesgo de perder su casa" que apoyen la huelga colaborando económicamente con aportaciones a través de un crowdfunding. También explican que cuentan con un gabinete jurídico que organizará y tratará de agrupar los casos de impago que lleguen a los tribunales. Aunque advierten de que puede haber tantos afectados que el sistema de justicia tenga problemas para procesar tantas demandas por impago.

"Muchos impagos ya son inevitables. Hemos recibido en poco más de diez días 8.500 mensajes de familias y pequeñas empresas de toda España que advierten de que no van a poder pagar ya este mes", asegura a Público Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogateres de Barcelona. Según apunta el sindicato, el 10% de los que ya se han puesto en contacto con ellos hablan de problemas para hacer frente al pago del alquiler de un local comercial u oficina y el 90% expone que no podrán hacer frente a la renta de su hogar. "El 60% de los mensajes en el buzón que lanzamos hace dos semanas son de mujeres, lo que indica quién lo está pasando peor y quién está más desprotegido", detalla este activista.

Tras la aprobación del Gobierno de una moratoria en el pago de las hipotecas, los activistas y, sobre todo, quien tiene hacer frente a una renta cada mes, se sintieron discriminados y desprotegidos ante el nuevo escenario de incertidumbre económica. El precio de los alquileres se ha disparado un 50% en los últimos cinco años, más aún en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, y el porcentaje de ingresos que se destina al alquiler en España es mucho mayor que el de las hipotecas medias y superior a lo que recomienda la OCDE. Por eso, aseguran, no es suficiente siquiera con una moratoria, sino que exigen la cancelación de los pagos en un contexto de emergencia sanitaria, económica y social.

Palomera: "El 60% de los mensajes en el buzón que lanzamos hace dos semanas son de mujeres, lo que indica quién lo está pasando peor"

En una entrevista con Público el pasado 17 de marzo, el portavoz del Sindicat de Llogateres de Barcelona, Jaime Palomera, advirtió de una "enorme cadena de impagos a partir del 1 de abril" debido al frenazo económico. Una recesión que afectará todavía a más personas después de que este fin de semana se anunciara el cierre de las actividades no esenciales. "El Gobierno tendrá que decidir si estos impagos que van a llegar seguro se producen de forma desordenada y caótica, generando angustia social, o si se dan de forma ordenada, con un decreto que alivie a las familias", decía Palomera a este diario hace menos de dos semanas.

La idea de la huelga de alquileres ya estaba sobre la mesa y fueron preparando el terreno y aumentando la presión a través de una campaña de recogida de firmas que ya suma más de 51.000 adhesiones. Sin embargo, son conscientes de las tiranteces en el seno del Ejecutivo de coalición a consecuencia de la inacción ante un escenario predecible y, para los afectados, muy preocupante.

Tal y como adelantó Público el pasado martes, el Gobierno debate una posible suspensión del pago de la renta de vivienda durante dos meses prorrogables para a quienes hayan sufrido la pérdida de su empleo, una reducción de jornada, un Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, o por "deberes de cuidados". También incluía una compensación del 100% de la mensualidad para pequeños propietarios que destinaran hasta dos viviendas al alquiler.

Sin embargo, frente a esta medida impulsada por Unidas Podemos está la postura de la ministra Calviño. Una línea de créditos de hasta cien millones de euros para canalizar préstamos privados a 0% de interés destinados a las familias vulnerables que por motivos derivados de la pandemia no puedan afrontar el pago de sus alquileres. Tendría que devolverse en un año si la economía de la familia que pide el préstamo lo permitiera. En caso contrario. El Estado sería el avalista.

En cualquier caso, será el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por José Luis Ábalos, quien haga la propuesta formal, al tener las competencias en vivienda, aunque las fuentes consultadas el domingo tenían muchas dudas de que este asunto se tratara en el Consejo de Ministros de este martes.

Para el portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Javier Gil, la propuesta de Calviño significa un "sobreendeudamiento de las familias que peor lo van a pasar" en esta crisis. "No solo van a perder el trabajo sino que además van a salir endeudados para que los rentistas sigan cobrando un precio del alquiler que ya era desorbitado", apostilla. "Ya vimos en la crisis del 2008 cómo acabó el sobreendeudamiento de las familias, en cientos de miles de desahucios", recuerda Gil, que insiste en que proponer créditos es llevar a las familias a "un callejón sin salida que no puede permitirse ningún Gobierno" y que solo busca garantizar el negocio del sector inmobiliario en lugar de proteger a las personas y a las pequeñas empresas.

Tanto Gil como Palomera insisten en que la huelga de alquileres, que no tiene una figura jurídica que la ampare, no consiste solo en dejar de pagar, sino en articular "una lucha colectiva" que requiere "implicación y organización de los que la secunden". Por eso, aunque no es obligatorio afiliarse a los sindicatos para llevarla a cabo, insisten en que se les contacte para aunar las iniciativas.

Por último, los sindicatos de inquilinas apuntan que "los costes de la crisis no pueden recaer en exclusiva sobre las familias y el Estado" y consideran que "las entidades financieras y los grandes arrendadores también tienen que colaborar en esta situación". Conscientes de los efectos negativos que una suspensión de los pagos de la renta puede genera para los pequeños arrendadores "que necesiten el ingreso del alquiler para cubrir sus necesidades básicas" proponen que estos también reciban una renta básica del Estado.