Las agresiones a dos niñas de Granada reavivan el debate sobre la falta de educación sexual en las aulas

La apertura de una doble investigación por agresiones sexuales a dos niñas de Granada, cometidas presuntamente por parte de otros alumnos de su mismo centro de Primaria, ha puesto en evidencia la profunda asignatura pendiente de educar en el consentimiento y abordar de forma integral la prevención de la violencia sexual en las aulas. Estos casos, donde los acusados son también menores de edad –tienen, de hecho, menos de 14 años y, por tanto, son inimputables–, no son un hecho aislado, sino un reflejo de una realidad que cada vez llama más la atención de la expertas y de la propia Fiscalía General del Estado. En los últimos años, las diligencias incoadas a menores por delitos contra la libertad sexual se han triplicado, pasando de 1.081 casos en 2015 a 3.185 en 2023, según la memoria del Ministerio Público. Las causas son muchas: desde la falta de educación sexual o el acceso temprano a contenidos pornográficos violentos sin contrapesos, hasta la persistencia inevitable de un machismo estructural que permea tanto el entorno escolar como la sociedad en su conjunto.

El problema, como consecuencia, no radica únicamente en la aparición de estas situaciones ya consumadas, tan dramáticas y dañinas, sino en un sistema que no parece estar sabiendo reaccionar ni implementar las estrategias necesarias para prevenirlas. La "carencia de una adecuada coeducación" sigue siendo "un lastre intergeneracional en España". Así lo explica a Público Marian Moreno Llaneza, asesora de coeducación en el Instituto Asturiano de la Mujer. La experta, además, advierte que el consumo de pornografía violenta en edades tempranas "sin contar con las estructuras mentales pertinentes" que les permitan procesarlo, "condiciona y moldea la percepción de la sexualidad para los niños y niñas". 

Este consumo ocurre en un contexto social "impregnado de misoginia y machismo", y lo que es peor, "donde la educación sexual es, aún hoy, una iniciativa aislada". "En España seguimos siendo generaciones de supervivientes sexuales. La solución pasa por implementar la educación sexual y la coeducación de manera obligatoria, sistemática y con respaldo de las Administraciones", defiende Monero Llaneza.

Conviene tener en mente que "estos chicos no se convierten en agresores cinco minutos antes de la agresión; el problema tiene raíces profundas" relacionadas con "cómo se construyen los modelos de masculinidad y se normalizan las conductas sexistas", recuerda Carmen Ruiz Repullo, socióloga especializada en violencia de género en adolescentes y jóvenes. En estas conductas pueden influir acciones más o menos banalizadas como la tolerancia social a ciertas "bromas" sexuales y el uso indiscriminado de tecnologías que normalizan la cosificación. Los casos de Granada, a su juicio, evidencian la necesidad de "educar en el consentimiento desde las primeras etapas de la vida". Ruiz Repullo insiste en que "el consentimiento debe enseñarse ya en Infantil, no en términos sexuales, sino en dinámicas cotidianas como aceptar o rechazar un abrazo o un juego". Este enfoque permitiría que niños y niñas interioricen desde pequeños el respeto por los límites propios y ajenos, sentando las bases para relaciones igualitarias en el futuro.

Falta de apoyo y decisión por parte de las autoridades

Pese a todas las evidencias, la implementación de programas efectivos de coeducación sigue enfrentándose a múltiples obstáculos. Marian Monero Llaneza critica que "a pesar de contar con materiales, programas y personas expertas, la coeducación no se ha implantado de manera generalizada", y denuncia la falta de apoyo por parte de las administraciones educativas a quienes trabajan en este ámbito. A esta problemática se suma la ofensiva de algunos sectores sociales ultraconservadores, que en no pocas ocasiones han instrumentalizado este debate educativo para su particular "guerra cultural", lo que ha redundado en una mayor polarización del mismo.

Ejemplo de ello es la polémica que se generó en torno al llamado "pin parental" y las denuncias contra programas de educación sexual en colegios, como ocurrió en 2017 con Skolae. "La solución está en cumplir las leyes ya existentes, como la de Igualdad de 2007, el Convenio de Estambul o la Lomloe, así como en garantizar que las profesoras tengan el respaldo necesario para implementar estos programas", sentencia Monero Llaneza. Carmen Ruiz Repullo destaca, en el mismo sentido, la "cultura del miedo" instalada en algunos centros educativos, que retrasa o impide que estos contenidos se impartan con la seriedad que requieren. "Es esencial que tanto las familias como los claustros educativos entiendan que la educación sexual no es opcional, sino una herramienta clave para construir una sociedad más igualitaria y segura", insiste. 

"Al final, las familias lo que quieren es lo mismo que el sistema educativo: sacar adelante a sus criaturas y que la vida de sus pequeños esté empapada de felicidad. Cuando las informas de lo que vas a hacer, de cómo lo vas a hacer, de por qué se hace, y se forma también a esos padres y madres, su reacción suele ser buena", añade Marian Monero Llaneza. Ahora bien, advierte, "hay un 1% que grita mucho, sí; lo mismo que en política". La cuestión, llegadas a este punto, será "a quién hacemos caso: a quién grita más o a quien tiene más razón. Si tenemos miedo a los que gritan, acabarán ganando y tendremos de nuevo una España fascista", lamenta la especialista.

La cruda realidad, en cualquier caso, es que "a nuestras niñas las están violando", concluye Monero Llaneza, "y no podemos seguir ignorando las herramientas que sabemos que funcionan". Es por ello que, tanto ellas como otras muchas especialistas y activistas instan a "dejar de mirar hacia otro lado" y "poner los cimientos" para construir una sociedad que no solo condene la violencia sexual, sino que también la prevenga en sus causas.