Sanidad aprueba un protocolo nacional para mejorar la atención a las víctimas de violencia sexual

El Consejo Interterritorial de Salud ha aprobado este jueves un nuevo protocolo para la intervención sanitaria ante las violencias sexuales. Las medidas son de carácter homogéneo y nacional y establecen criterios respecto a la detección, valoración e intervención en estos casos.

El objetivo es poner el foco en las víctimas de violencia sexual y mejorar el trato y las medidas sanitarias a las que se someten. En otras palabras, el protocolo busca ofrecer una "atención sanitaria integral (física, psicológica y social) ágil, respetuosa y eficaz".

Al mencionar "contextos de gran vulnerabilidad", Sanidad se refiere a casos enmarcados dentro de la ruralidad, discapacidad, migración, racialización, el colectivo LGTBI+, prostitución, trata sexual, sinhogarismo, edad avanzada, VIH, embarazo o consumo de sustancias y adicciones.

Método de actuación

Cuando se produzca el primer encuentro entre los profesionales de la salud y la víctima de agresión sexual, los sanitarios deberán notificar el caso a los servicios sociales municipales o de protección a la infancia (en caso de los menores). Más adelante, darán parte al juzgado de guardia y se harán consultas de seguimiento, con énfasis en el apoyo psicológico.

Previo consentimiento de la persona agredida, se procederá a su exploración y será informada en todo momento de las pruebas que se le van a realizar. Además, se le invitará a preguntar cuando lo necesite y a determinar el ritmo del examen médico. Es aconsejable que una persona de su confianza la acompañe si ella lo desea.

De esta forma, el protocolo destaca la importancia de atender al relato de la víctima y evitar su revictimización. Para ello, las evaluaciones sanitaria y forense deberían, por ejemplo, realizarse en un acto único que pueda reducir el impacto psicológico tras la agresión.

El Consejo Interterritorial de Salud informa de que la difusión y aplicación del protocolo es especialmente relevante en dos ámbitos: la atención primaria y la hospitalaria. Atender a las medidas en las dos áreas significará un aumento de la calidad de la atención médica y una más rápida detección de la violencia sexual.