El Samur Social de Madrid sufre un severo deterioro desde que Almeida entregó la gestión a una empresa de Florentino Pérez

El Samur Social de Madrid, servicio esencial para la atención de personas en situación de emergencia social, ha sufrido un proceso de privatización paulatino que ha afectado tanto a la calidad asistencial como a las condiciones laborales de los trabajadores.

Los empleados han denunciado en diversas ocasiones que desde que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida concedió su gestión a Clece, una empresa perteneciente al grupo ACS presidido por Florentino Pérez, y luego a Atende (que anteriormente era parte de Clece, pero se reestructuró y cambió de nombre) se ha producido un deterioro que ya ha comprometido la atención a la ciudadanía. 

El Samur Social nació hace 20 años como una iniciativa para proporcionar asistencia rápida a ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad, como personas sin hogar, víctimas de violencia de género, y aquellos afectados por desastres naturales o emergencias sociales.

En un principio, la idea era que su gestión fuera adjudicada a empresas especializadas en servicios sociales, que tenían un enfoque más centrado en el bienestar de los beneficiarios, como ocurrió con Grupo 5, una compañía con raíces en el trabajo social. Aunque entonces la plantilla también fue muy crítica con la forma de manejar las asistencias, la circunstancia no llegaba a ser "tan deficiente como ahora".

Sin embargo, en 2022, fue Clece, la empresa de Florentino Pérez, quien ganó la licitación para administrar el Samur Social, prometiendo eficiencia y un ahorro económico, pero a costa de un enfoque mercantilista que ha generado múltiples problemas. Este proceso de privatización se enmarca en una tendencia más amplia de externalización de servicios públicos por parte de diferentes gobiernos del Partido Popular en toda la región.

Desde que Clece asumió la gestión del Samur Social, los trabajadores han denunciado un empeoramiento significativo en sus condiciones laborales. Diferentes empleados, que prefieren mantener su nombre oculto, han explicado a Público cuál es la situación actual.

Sin una solución "de fondo"

En diciembre de 2022, los trabajadores iniciaron una huelga para protestar por la sobrecarga de trabajo, la falta de personal y los problemas de gestión bajo la empresa Clece. En respuesta a estas movilizaciones, el Ayuntamiento de Madrid incrementó el presupuesto para el Samur Social en un 44%, lo que permitió la ampliación relativa de la plantilla; pero los problemas "de fondo" no se solucionaron, tampoco con la entrada de Atende a principios de 2023, cuentan.

M. (trabajadora):  "Evidentemente, los objetivos no son los mismos para una empresa que para un servicio público"

Los empleados arrastraron la misma situación durante algo más de un año, hasta marzo de 2024, cuando retomaron los paros y las movilizaciones. Las reivindicaciones se centraron en aspectos básicos como una correcta remuneración, el reconocimiento de los días festivos o la provisión de servicios esenciales como la lavandería. El conflicto llegó incluso al pleno municipal de la mano de Más Madrid y del PSOE, que hasta se plantearon acciones legales para abordar las deficiencias.

Entonces el comité de empresa y la compañía pactaron ciertos acuerdos, como el garantizar la limpieza de los uniformes de los trabajadores. "Este era un punto clave. Nosotros atendemos a gente en lugares que, por ejemplo, pueden tener chinches. No tenía sentido que nos lleváramos ese material a casa y comprometiéramos la salud de nuestras familias", dice A.M.D.

Con todo, explican a este medio, esta mejora "no dejó de ser una mejora de mínimos, que aún está poniéndose en marcha". Según reportan, los salarios (que ya de por sí eran bajos) siguen sin crecer de acuerdo con la inflación y se han perdido varios complementos importantes que afectaban la remuneración. Además, "la falta de formación adecuada para los nuevos empleados y la contratación de personal sin la experiencia necesaria ha llevado a una desprofesionalización del servicio". 

"Hay una desprofesionalización brutal. Cada vez se intenta que hagamos funciones que no son las propias con un único objetivo: seguir ganando dinero", declara M. otra de las empleadas.  "Evidentemente, los objetivos no son los mismos para una empresa que para un servicio público", añade.

A.M.D. (trabajador): "Parece que el Ayuntamiento quiere que terminemos atendiéndonos a nosotros mismos"

La plantilla del Samur Social lamenta su posición: "Somos trabajadores empobrecidos, parece que el Ayuntamiento quiere que terminemos atendiéndonos a nosotros mismos". Por eso, más allá de las negociaciones parciales y escasas con la empresa, aspiran a que el día de mañana este "servicio fundamental" pueda ser 100% municipal, "como el resto de los servicios de emergencias", al estilo de los bomberos o la Policía. 

En definitiva, es una realidad donde la precariedad y la falta de recursos se entrelazan peligrosamente. Los recortes se extienden en todos los ámbitos posibles, "incluso en aspectos tan vitales como el catering", explica M.

Además, la falta de personal suplente genera incertidumbre constante: el hecho de si habrá compañeros disponibles para atender a quien lo necesite o, en caso de haberlos, si estarán capacitados para las emergencias, son preguntas que rondan habitualmente a los empleados. En este escenario, la capacidad de intervención se ve limitada a la disponibilidad de unas plazas que son "escasas", en lugar de atender las verdaderas necesidades y demandas de una labor vital pero "dudosamente atendida".

Desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Gobierno de Martínez-Almeida responden a Público que "todos los gobiernos municipales, de distinto signo político incluso, han mantenido el sistema de gestión mixta (público y privada) porque se ha comprobado en el tiempo que funciona de forma satisfactoria". 

Además, ponen de relieve el acuerdo alcanzado entre empresa y trabajadores "para superar ciertas discrepancias". "La compañía atendió sus reclamaciones y, en consecuencia, los paros anunciados fueron desconvocados. Por tanto, el servicio continúa prestándose con normalidad y con la profesionalidad que caracteriza a este recurso municipal y a los trabajadores que lo integran", afirman. Exigen a la empresa "el cumplimiento del convenio vigente y las condiciones que en él están establecidas".

Público ha contactado con Atende, pero no ha recibido respuesta.