"Mala praxis" en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Es lo que opina la médico forense que realizó la autopsia al cadáver de Samba Martine, la mujer congoleña de 34 años que murió en diciembre de 2011 tras pasar 38 días internada en el centro sin recibir la atención médica adecuada.

Así lo ha expuesto durante su comparecencia durante el juicio por este agónico fallecimiento, que abrió con fuerza el debate sobre las pésimas condiciones de los migrantes recluidos en los CIE, lugares prácticamente opacos donde acaban personas que no han cometido ningún delito, sino una única falta administrativa: estar en España en situación irregular.

Además de la forense, en esta sesión del juicio también ha dado su visión varios expertos en enfermedades infecciosas. Todos coinciden en que hubo "mala praxis" al no derivar a un hospital a la víctima, portadora de VIH, que falleció por una criptococosis a las seis horas de ser ingresada en el Hospital 12 de Octubre. Hasta allí llegó en un coche de policía, no en una ambulancia, y sólo después de varios días de puro sufrimiento, como quedó constatado por varias de sus compañeras internadas en el CIE y el personal de Cruz Roja que estaba en el interior. Martine estuvo 38 días "sin recibir tratamiento alguno a la dolencia que finalmente terminara con su vida", ha explicado la forense.

El Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid ha celebrado este martes la segunda sesión de la vista oral que se celebra contra uno de los tres acusados en el caso, ya que dos de ellos —el médico del CIE al que visitó ocho de las 11 veces que Martine precisó asistencia y la enfermera de guardia en el centro durante el fin de semana previo a su muerte— están prófugos de la Justicia, ya que el juicio ha tardado casi ocho años en celebrarse.

Ayer, uno de los doctores acusados del homicidio imprudente y de posible negligencia médica manifestó que no le constaba que fuera portadora del VIH y que los días que le atendió lo hizo sólo por "síntomas gripales".

El juicio quedará el próximo viernes visto para sentencia. Será entonces cuando las partes expongan sus informes de calificaciones jurídicas. En el caso, la Fiscalía no ejerce acusación, ya que durante la instrucción solicitó el archivo de las actuaciones. Las acusaciones piden para el único acusado hasta dos años de cárcel y seis de inhabilitación.¡

La sala ha escuchado este martes los informes periciales de la forense que practicó la autopsia del cadáver de Samba, quien murió por una infección pulmonar; una doctora de especialidades y el jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón Y Cajal.

En primer lugar, la forense ha explicado que los médicos que atendieron a la mujer en el CIE no incurrieron en mala praxis en relación a los síntomas que pensaron que tenía, ya que "todo apuntaba a que tenía una gripe" y en la historia clínica no aparecía que fuera portadora del VIH. Pero seguidamente ha señalado que, teniendo en cuenta la enfermedad que padecía, se le tenía que haber mandado al hospital "a los dos días" de seguir padeciendo esos síntomas que se pensaban que eran gripales.

No se le hicieron las pruebas debidas

Los otros dos peritos, expertos en enfermedades infecciosas, han manifestado que hubo "varios errores" en la praxis médica, ya que conforme a los criterios epidemiológicos debió ser trasladada desde un principio al hospital.

En su declaración como peritos, los expertos han manifestado que los doctores que atendieron a Samba antes de su fallecimiento deberían haberle realizado pruebas para diagnosticar por qué sus síntomas -tos, cefalea, dolor torácico y candidiasis- persistían en el tiempo o haberla derivado a un hospital, en lugar de tratarla en el servicio médico del centro.

Si lo hubieran hecho, han dicho, habrían advertido de que la víctima padecía Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y que los síntomas de los que se quejaba no eran un cuadro catarral sino una infección más grave como la criptococosis que le causó la muerte. Según los peritos, "no se indagó en el fondo de la cuestión" y "lo primero que debería haberse hecho", por el origen de la mujer -República Democrática del Congo- y sus síntomas sería una prueba de VIH.

Una vez trasladada a un hospital se le podría haber detectado la infección de criptococosis que padecía y se le podría haber tratado. Este procedimiento podría haberle salvado la vida con hasta un 70% de probabilidad, han dicho.

Las acusaciones, la representada por la familia de la víctima y la organización Ferrocarril Clandestino, sostienen que hubo negligencia tras un mes de encierro en el que solicitó al menos once veces asistencia médica "sin recibir tratamiento alguno a la dolencia que finalmente terminara con su vida".

En su declaración, el acusado sostuvo ayer que atendió a la víctima los días 15 y 30 de noviembre de 2011 por síntomas catarrales, manifestando que no le constaba que fuera portadora del VIH. "Ella manifestaba que tenía dolor de cabeza. No la valoré porque no dijo nada. Fue en una época con muchas gripes", dijo ante el juez.