La Comisión de Empleo de RTVE ha acordado revisar el manual de los tribunales de sus oposiciones para esquivar situaciones como la vivida el pasado domingo cuando 5.000 aspirantes que se presentaban a la prueba de Información y Contenidos sufrieron su cancelación repentina por unas preguntas filtradas. Con el fin de evitar filtraciones, solo tendrán acceso a las cuestiones el director y el secretario del tribunal, a lo que se añade la preparación de otra versión del formulario que se mantendrá disponible en caso de emergencia. 

Esta decisión del órgano público no se ha dado de forma unilateral. De acuerdo con las fuentes sindicales que se reunieron el miércoles con el comité, se está avanzando en la dirección correcta para materializar una serie de mejoras que impidan este tipo de episodios. Como se ha mencionado, se confeccionarán dos exámenes: uno que se imprimirá y cuyo contenido estará completamente limitado a los otros ocho miembros que forman el tribunal, y uno de repuesto. 

En realidad, no es la primera vez que se retrasa la fecha de la convocatoria. Ya en 2023, la Federación de Espectáculos, Información, Papel y Artes Gráficas de la Confederación General de Trabajadores (Feipag-CGT) y Comisiones Obreras denunciaron que los requisitos descritos en las bases tales como la baremación y la exigencia de un año mínimo de experiencia en el grupo informativo eran "injustos" y "podrían ser ilegales". El tiempo les dio la razón, pues la sentencia de la Audiencia Nacional falló a su favor posponiendo la celebración de la prueba e iniciándose ese camino de inestabilidad que la ha rodeado desde su anuncio a finales de 2022. 

Si el relato de que RTVE pretendía según CGT "asignar de forma ilegal más de un millar de plazas, tras más de una década sin convocar oposiciones" había cobrado fuerza, la noticia de la filtración de más de un 80% de las preguntas no ha hecho si no reforzar aun más la desconfianza. No obstante, las complicaciones tampoco acaban aquí. En su momento, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) anunciaron que impugnarían el concurso porque en este no se solicitaba la titulación oficial de Periodismo. 

Este hecho, que hacía que cualquier formación universitaria resultase válida, está directamente relacionado con las 10.000 solicitudes que se recogieron en la empresa cuando se publicó la preinscipción. El número de plazas ofrecidas es de 1.082, de las cuales solo 371 son para informadores. También hubo polémica cuando el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) señaló que los criterios dirigidos a las personas discapacitadas eran "excluyentes, discriminatorios y capacitistas", pudiendo constituir una vulneración del derecho al empleo. 

A pesar de que el incidente que tuvo lugar el citado día 29 de septiembre ya había acumulado una gran cantidad de protestas tanto en el propio lugar de los hechos como en redes sociales, la reacción popular ha empeorado todavía más cuando se ha fijado como nueva fecha el sábado 2 de noviembre, justo después del festivo por el Día de Todos los Santos. Las quejas se ciñen al encarecimiento de los precios en el transporte y los alojamientos como resultado del puente, un lamento que continua la petición tanto por parte de los mismos candidatos como de FACUA, que piden que se devuelvan los gastos anteriores de desplazamiento.