La interconexión de redes, el aprovechamiento del agua regenerada y la creación de nuevas infraestructuras son las propuestas que hace la Comisión de Agua, Energía y Medio Ambiente del Col·legi de la Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Catalunya ante el episodio de sequía que vive Catalunya. Este planteamiento de trasvasar agua desde la cuenca del Ebro a la del Llobregat, que abastece al área metropolitana de Barcelona, recupera una idea que ya se puso sobre la mesa en 2008 y ha resucitado una nueva guerra de agua, en la que los regantes y las entidades ecologistas rechazan la medida por su impacto ambiental y sus efectos sobre el equilibrio territorial.

En un documento publicado recientemente, los Ingenieros de Caminos instan a prepararse "no para un simple período de sequía, sino para un clima más seco, caracterizado por lluvias más irregulares". Este aviso va acompañado de la advertencia de que "si Catalunya quiere una buena garantía en el suministro de agua, las infraestructuras actuales no son suficientes para hacer frente a estos episodios cíclicos".

Aparte de las medidas de ahorro y eficiencia, los ingenieros reclaman "la interconexión de sus redes, superando una división tanto técnica como administrativa en la gestión de los recursos hídricos que dificulta una verdadera planificación integral". Paralelamente, apuestan por un incremento del uso del agua regenerada, un recurso que consideran que todavía no está suficientemente explotado y que rebaja la dependencia hacia las condiciones climáticas.

La iniciativa de la interconexión ya la reivindicaron en 2008 los ingenieros industriales y un grupo de empresarios, que creían que el déficit estructural de reservas de agua requería la conexión de las redes catalanas o, como mínimo, que las cuencas del Ebro (controlada por la Confederación Hidrográfica del Ebro) y la del Llobregat, por la Agència Catalana de l'Aigua, estén gestionadas desde la propia administración.

Después de que a principios de este mes, la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) activara la fase de excepcionalidad por sequía en el sistema Ter-Llobregat y en el acuífero del Fluvià Muga, un total de 224 municipios de 15 comarcas, lo que supone casi seis millones de habitantes, sufren ya restricciones. Entre éstas, destacan una reducción del 15% para usos industriales y un 40% para las agrícolas, fundamentalmente por el riego de las explotaciones.

Uno de los primeros colectivos afectados, los regantes, han reaccionado ya a algunas de estas peticiones. En una jornada reciente sobre modernización de riegos en Mollerussa, organizada por Canals d'Urgell, el colectivo presentó su plan de modernización, que apuesta por el uso eficiente del agua y la transformación, en una primera fase, de 11.200 hectáreas.

La 'guerra' por la gestión

En este contexto, la consellera de Acció Climàtica, Teresa Jordà, presente en la jornada, reclamó que la hipotética agua sobrante derivada de la modernización del Canal de Urgell "se quede en Catalunya". La acción permitiría completar el riego del canal Segarra-Garrigues y asegurar el caudal en el curso bajo del río Ebro hasta el Delta. Jordà se reafirmó, asegurando que "si el proyecto lo paga el país es necesario tener todas las garantías para disponer del agua sobrante, puesto que se trata de un bien finito sobre el que hay que actuar con responsabilidad".

La petición ya ha tenido una respuesta de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que en palabras de su presidenta, Dolores Pascual, matiza que la gestión de la cuenca del Ebro, a la que pertenece el Canal de Urgell, es integrada y única "sin perjuicio de que la Generalitat exponga sus prioridades".

Desde el punto de vista del territorio de las Terres de l'Ebre, se rechaza cualquier planteamiento como el dibujado por los Ingenieros de Caminos. El presidente del Consorci d'Aigües de Tarragona, Joan Alginet, critica la iniciativa "por ser contraria al equilibrio territorial y ni siquiera debería ponerse sobre la mesa". Aunque Alginet admite que la interconexión es una opción técnica viable, la descarta desde una visión política y de solidaridad y equilibrio territorial.

En una aproximación similar, el portavoz de la presidente del Consorci d'Aigües de Tarragona (PDE), Joan Antoni Panisello, ha denunciado "la pésima gestión hídrica en Catalunya", evidenciada por la planificación o anuncio de macroproyectos, como el Hard Rock, un complejo turístico que se prevé construir entre Vila-Seca y Salou, que contempla grandes hoteles de hasta 90 metros, tiendas de lujo, espacios de ocio y un casino de, al menos, 8.500 metros cuadrados, entre un Espacio de Interés Natural y una zona verde. Además, Panisello añade que en un escenario de falta de agua "resulta inadmisible que se hable de iniciativas como la ampliación del circuito de Montmeló, el aeropuerto del Prat o el Cuarto Cinturón cuando no se disponen de los recursos para llevarlos los a cabo".

Mal uso del agua potable

Coincidiendo con el Día Mundial del Agua, que se celebró el día 22, la plataforma Aigua és Vida, formada por asociaciones de vecinos, sindicatos y entidades ecologistas, lamenta que más de la mitad de los municipios de más de 20.000 habitantes, obligados a disponer de un Plan de Emergencia Municipal por Sequía, no tenga ninguno. Así, afirma que "no estar preparados para abordar la actual crisis del agua es una debilidad que es necesario revertir urgentemente". De hecho, Aigua és Vida cree que los planes de emergencia deberían ser una exigencia también para los municipios más pequeños de 20.000 habitantes.

Entre las medidas a aplicar, la plataforma aboga por restringir el uso de las duchas en las playas de la costa catalana si se mantiene el estado de alerta y excepcionalidad. Por otro lado, cree que se debe avanzar en una regulación para prohibir la utilización de agua de calidad potable para usos que no lo son. Mientras no tenga lugar la cumbre por la sequía, que la Generalitat de Catalunya ha convocado para el próximo viernes, día 31, entidades sociales y ciudadanas piden que se garanticen los abastecimientos de agua potable, además de desplegar las acciones necesarias para hacer un uso eficiente y establecer un mecanismo jurídico que penalice los incumplimientos derivados del decreto de excepcionalidad.