"Si los políticos y los gobiernos no se ponen manos a la obra para bajar las rentas, lo vamos a hacer nosotras con una huelga de alquileres a medio plazo". Esta es la premisa que defienden los sindicatos de inquilinas y activistas provivienda. Las administraciones públicas rechazan tomar medidas para intervenir los precios, ignoran el "hartazgo" de las clases trabajadoras e "improvisan" con "cortinas de humo" de "dudoso impacto", como los bonos al alquiler joven y el registro online de pisos turísticos. Las intenciones de los colectivos sociales son claras: caminar hacia un impago masivo de las rentas.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid llamó a la huelga de alquileres durante la multitudinaria manifestación que desbordó las calles de la capital este fin de semana. Los activistas no trabajan con plazos definidos, pero tienen claro que el éxito de la propuesta pasa por la "organización" y la "fuerza colectiva". La cuestión bucea en una especie de limbo legal, aunque tiene antecedentes: la huelga de inquilinos que miles de familias apoyaron hace 90 años en Barcelona y la que actualmente existe en Madrid contra el fondo buitre Nestar-Azora, propietario de diez bloques de viviendas que no pagan las facturas por considerarlas abusivas.

Los convocantes todavía tienen que debatir los términos de la propuesta: dejar de pagar el 60% de la renta, es decir, "justo lo que han subido los alquileres, de media, en los últimos diez años", o tomar como referencia el índice de precios que aprobó el Gobierno. "La llamada a la huelga representa ahora mismo la única solución posible al problema de la vivienda en nuestro país. La alternativa institucional ha fracasado, los políticos no tienen ninguna voluntad de resolver el conflicto. La huelga es una seña de protesta contra unos caseros y especuladores que se lucran todos los meses fruto de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo", denuncian desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

El Banco de España ha publicado este miércoles un informe que constata que cada vez son más las familias que necesitan vivir de alquiler y reconoce que cuatro de cada diez tienen que hacer un "sobreesfuerzo" económico para llegar a final de mes. La institución que dirige José Luis Escrivá defiende, además, la intervención pública de los precios. El número de españoles que viven de alquiler ha crecido un 57% desde la última crisis inmobiliaria, hasta alcanzar los nueve millones de personas. España tiene un parque de 444.000 viviendas nuevas sin estrenar ni vender, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El 14% de los inmuebles se pasan el año vacíos y los pisos turísticos siguen destrozando los barrios céntricos de las grandes capitales.

La huelga de alquileres, desde un prisma jurídico

Este domingo más de 150.000 personas –según los organizadores– tomaron las calles de Madrid, llaveros en mano, para reivindicar el derecho a una vivienda digna, protestar contra la especulación inmobiliaria y exigir una "bajada del 50% de los alquileres". Los activistas, sin embargo, consideran "prácticamente imposible" que todas sus demandas se vean atendidas, sobre todo teniendo en cuenta la negativa del "brazo político" de las clases rentistas. Los sindicatos de inquilinas, sospechosos de la "nula reacción" de los parlamentos, preparan una acción de desobediencia civil a gran escala. ¿Es posible una huelga de alquileres colectiva?

Gema Rosado Iglesias, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid, desliza los límites legales de la propuesta. "El conflicto jurídico es entre particulares, otra cosa es la batalla pública. La llamada a la huelga de alquileres supone una dejación de funciones en la prestación de una actividad –abonar las rentas–", señala. La abogada considera que "no es del todo correcto hablar de huelga" y detalla cuáles serían las consecuencias directas de secundarla: una posible cascada de desahucios, "aunque técnicamente sería complicado y dependería de cada propietario a título personal". La iniciativa, en cualquier caso, "puede servir como toque de atención" para los dirigentes políticos.  

Las agencias inmobiliarias, cuando actúan como personas jurídicas, es decir, como arrendadoras, también tendrían capacidad para poner en marcha los desahucios. Los jueces, no obstante, estarían obligados a iniciar un procedimiento distinto por cada caso de impago. "Otra cosa es que los magistrados, a la vista de la igualdad de los procedimientos, decidan acumular todas las causas para dictar una sola sentencia. Esto es realmente difícil, porque entra en juego la vulnerabilidad de cada familia. Te pongo un ejemplo: si dos arrendatarios dejan de pagar y uno está en una situación vulnerable, la solución jurídica no puede ser la misma para ambos", continúa la docente. 

Alejandra Jacinto, activista provivienda y abogada en CAES, también respalda la posible huelga de alquileres. "Esto nos ayudaría a conseguir una verdadera autorregulación de los precios, teniendo en cuenta que las administraciones públicas han fallado. Si sólo dejase de abonar las rentas una persona no tendría sentido, porque sería un impago y probablemente se emprenderían acciones de desahucio. Si participan una gran cantidad de personas organizadas, cambia la cosa. La huelga de alquileres es todo un camino político por recorrer", advierte la columnista de Público. 

El Sindicato de Inquilinas de Madrid prepara "de forma muy intensa" esta huelga de alquileres masiva, con la "formación de comités territoriales" y grupos de trabajo. "Esta es la única herramienta de la que disponemos para lograr una reducción de los precios. La propuesta puede parecer poco usual, pero no es nueva. En 1931, 90.000 familias obreras de Barcelona dejaron de pagar sus alquileres  [para denunciar que crecían por encima de sus salarios]. En tiempos más cercanos, hicieron lo mismo Londres, Toronto y algunas ciudades de EEUU", recuerdan desde el colectivo. 

Las agencias inmobiliarias subrayan que "el concepto de la huelga de alquileres no está reconocido como una figura legal" y evitan aclarar si tienen capacidad suficiente para responder con su propio dinero a los propietarios –ante una posible avalancha de impagos generalizados–. Gema Rosado Iglesias reconoce que la propuesta "está más cerca de la desobediencia civil" que de una obligación legal y pone el foco en el posible "atascazo" de la Justicia. "Lo tenemos claro. Si queremos que los precios bajen, sólo podemos organizarnos e ir a la huelga de manera conjunta", sentencian desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid.