La nueva Ley de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid logró poner sobre el papel una de las reivindicaciones históricas de los colectivos animalistas: por primera vez, los perros y gatos abandonados de la región no podrían ser sacrificados cuando nadie los reclamara o adoptara en el plazo de diez días. Una avanzada y pionera normativa —sólo Madrid y Catalunya la aplican— que evita que cientos de animales sean ejecutados por el mero hecho de permanecer en un centro de acogida. Pero un año y medio después de su entrada en vigor, las protectoras han dado la voz de alarma ante una situación de “desbordamiento” que califican de “absolutamente insostenible”.

“La ley no contempla medidas paralelas para atajar los abandonos y las perreras municipales están saturadas. No es tan difícil, empecemos la casa por los cimientos: vamos a evitar que nazcan los perros que no tienen que nacer”, dice a Público Matilde Cubillo, presidenta de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (Fapam).

En un análisis reciente de la aplicación de la ley, la Federación asegura que se han encontrado con casos de centros que han restringido las recogidas, animales que han quedado a custodia de sus maltratadores por no haber lugar para albergarlos, o centros municipales gestionados por empresas privadas donde se está hacinando a los animales o no se les prestan los cuidados necesarios.

En el Centro de Protección Animal gestionado por el Ayuntamiento de Madrid, con una capacidad máxima para 200 perros y cien gatos, además de otros animales, admiten que desde la entrada en vigor de la normativa hay “saturación” y un nivel mayor de animales de difícil adopción, sobre todo los calificados como potencialmente peligrosos. En un informe reciente, el consistorio alertaba de que el número de animales que llevan en el centro más de seis meses representa casi la mitad del total.

“Hay animales que llevan aquí más de un año. Hay momentos puntuales en que el centro se llena y no podemos acoger más, aunque siempre tenemos que dejar una reserva mínima para casos de máxima urgencia”, señala a este periódico Elena Repollo, una de las veterinarias que trabaja en las instalaciones municipales, que advierte de que no se trata sólo de la capacidad de espacio físico, sino también de personal.

No responde sobre cuántos técnicos trabajan en el centro, pero asegura que son “menos de los que quisiéramos” y no cree que una ampliación de las perreras, como tiene previsto subvencionar el Gobierno de la Comunidad, sea la solución.

“En vez de 200 perros tendríamos 400 y volveríamos a hablar de lo mismo, pero dentro de un año. Hay que ir a las causas del abandono, donde está el problema, porque si no la ley es un brindis al sol”, denuncia.

La Fapam considera que la manera más efectiva de reducir los abandonos sería limitar la cría de animales a los profesionales, impidiendo que los particulares puedan cruzar, vender o regalar a sus mascotas sin control. También la esterilización obligatoria de todos los animales que no se destinen a la cría. Elena Repollo añade la necesidad de revisar la normativa sobre perros peligrosos o averiguar las causas de abandono detrás de algunos perfiles o razas concretas.
Consultado por Público, el Gobierno de la Comunidad, sin embargo, hace una “valoración positiva” de la aplicación del sacrificio cero —como se conoce a la prohibición de matar animales abandonados— tras su entrada en vigor.

Según los datos que maneja la Consejería de Medio Ambiente, el número de animales que entró en centros de acogida de la región descendió de 2016 a 2017 en algo más de mil ejemplares (5.148 frente a 4.143 un año después, con la ley ya en vigor). También, durante el primer trimestre de 2018 los abandonos han disminuido un 7,5% con respecto al mismo periodo del año anterior y las adopciones han crecido un 10%.

La Comunidad —que no tiene previsto prohibir la cría a los no profesionales amparándose en “la libertad particular”— destinó algo más de un millón de euros en 2017 para ayudar a los centros públicos y privados a aplicar la legislación. Ahora, y pese a los “resultados positivos”, el Gobierno de Ángel Garrido asegura que las subvenciones se duplicarán hasta los 2,2 millones de euros para nuevas instalaciones, ampliación de albergues, adquisición de equipamiento, identificaciones, vacunaciones y desparasitaciones.

“No es bueno para los animales estar mucho tiempo encerrados o solos. No les hace bien física y psicológicamente. Necesitan su manada, su casa”, lamenta Elena Repollo.