La promesa electoral de Esperanza Aguirre que agrietó los sueños de todo un barrio

Ganar las elecciones autonómicas de mayo de 2007 era el objetivo prioritario de Esperanza Aguirre para mantenerse en la presidencia de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular. Hizo todo lo posible hasta conseguirlo. Para ello, Aguirre anunció en 2006 un cambio de trazado -de recto a curvo- en la línea 7B de metro -que había comenzado a ejecutarse en 2004- para construir en un año dos paradas más: Henares y Hospital del Henares. Una promesa electoral que supuso un sobrecoste de 37 millones de euros, que se añadieron a los 168 del contrato de adjudicación de las obras, en manos de Dragados (Grupo ACS), presidida por Florentino Pérez. Pero también supuso trabajar con excesiva rapidez.

Cumplieron su objetivo. El proyecto se inauguró tres semanas antes de las elecciones y arrasaron en aquellos comicios. Pero ¿a qué coste?

Al poco de la apertura, los vecinos observaron cómo los trenes llegaban a las estaciones manchados de un color grisáceo. También los agricultores de la Vega de San Fernando de Henares se quejaron de que sus pozos se iban secando. Por ello, la Comunidad de Madrid pidió en 2008 un informe de asesoramiento hidrogeológico a las universidades Politécnica y Complutense de Madrid para saber qué pasaba. Según este informe, al perforar el túnel se incrementó por veinte el caudal del subsuelo al mezclarse el agua con las arcillas, yesos y algunas sales como la halita, thenardita y anhidrita. Este fenómeno natural provocó la aparición de huecos perjudiciales que ponían en riesgo de hundimiento tanto el túnel como los edificios vecinales.

Los expertos no se equivocaban. Por ello, desde la Comunidad de Madrid, para intentar subsanar los daños estructurales en el subsuelo, han llevado a cabo hasta nueve cortes parciales o totales en los últimos tres lustros (2008, 2011, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021 y el que actualmente está vigente por tiempo indeterminado). Durante el tiempo que está cerrada la línea se llevan a cabo labores de afianzamiento de las infraestructuras y del terreno afectado, para asegurar su estabilidad. Para ello, se aplica mortero y lechada de cemento para cubrir los huecos que producen las sales y el agua bajo tierra. Unos materiales que se utilizaron también para sellar el túnel que se hundió en las obras de ampliación de la línea 5 de metro en el barrio del Carmel, en Barcelona, en 2005. Aquel suceso provocó el desalojo de 1.276 vecinos.

En el caso madrileño, las consecuencias de aquella promesa electoral han dejado, por el momento, cerca de 600 viviendas dañadas, 13 calles con afecciones, 81 familias desalojadas, tres viviendas unifamiliares y un bloque de 24 viviendas derruidos y una "inmensa incertidumbre" sobre los afectados. A día de hoy siguen produciéndose daños en las infraestructuras de los edificios.

Adiós a toda una vida

"Ha sido muy duro porque no he podido sufrir el luto de mi abuela o volver a por mis recuerdos como mi chupete o algunas fotografías", así comienza su testimonio Iván Fuentes (22 años), uno de los vecinos afectados. Este realizador de contenidos presenció y grabó la demolición de su vivienda para su posterior documental #VidasRotas. Una pieza audiovisual que le ha servido como terapia y le ha permitido dar voz a su familia y a sus vecinos. 

"Había una grieta que dividía por completo la habitación de mis padres y se veía la calle", asegura un vecino afectado

Iván nos cuenta que la primera grieta de gran calibre que salió en su casa fue en abril de 2021. Este vecino relata que en la habitación de sus padres "había una grieta que la dividía por completo e incluso se veía la calle", una de las numerosas grietas diagonales que más tarde afectarían a la estructura de la vivienda de Iván. 

Un año exactamente es lo que ha estado esta familia en un apartahotel costeado por la Comunidad de Madrid, tras un desalojo de apenas 24 horas donde cogieron lo justo porque "iba a ser poco tiempo". Un año desde que salieron de su casa para nunca volver. Iván nos cuenta que ahora vive junto a su familia en un piso de alquiler costeado por ellos mismos. Lo único que le pide a los responsables políticos es "humanidad" y vivir como vivían en San Fernando de Henares.

"Inmensa incertidumbre"

"Todos hemos necesitado de ayuda psicológica", relata con enfado Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma de Afectados de la línea 7B de metro, cuando recuerda que su familia tiene que medicarse a diario por esta problemática eterna. Este vecino ya apreció en 2010 como los muros de su casa se agrietaban o la pintura de las paredes se caía. Tras dos desalojos entre 2016 y 2019 por las obras de reparación de los pisos, Alejandro abandonó de nuevo su casa en abril de este año, justo un mes antes de que su madre terminase de pagarla. Ahora viven en un piso de alquiler, mientras esperan una respuesta de la Comunidad de Madrid, a la que considera "negligente, inhumana y sádica". 

"Todos hemos necesitado de ayuda psicológica para sobrellevar esta situación eterna", comenta otro vecino

Otros vecinos afectados viven con "inmensa incertidumbre" ante la posibilidad de tener que abandonar su hogar, algo que les daría mucha tristeza porque llevan toda su vida en sus casas. En el caso de tener que verse en esa situación o ver demolido su edificio, lo único que le piden a la Comunidad de Madrid es un piso equivalente al que tienen ahora, sin lujos de ningún tipo.

Sin soluciones para los vecinos

La problemática de la línea 7B de metro afecta a cerca de 600 viviendas de San Fernando de Henares. Hay vecinos que lo han perdido todo y han presenciado el derribo de su vivienda. Desde el 20 de septiembre están buscando un hogar donde vivir, tras haber estado un año alojados en un apartahotel costeado por la Administración. Otra medida que no llega es la prestación de 798 euros durante seis meses que les prometieron a estos vecinos. Ahora tienen que recurrir a sus ahorros, pisos de alquiler o a familiares para no verse en la calle.

Un ejemplo de esta situación es el caso de Marciala, una mujer de 95 años que vive ahora con su hija porque es la única opción que tiene para salir adelante. El siguiente vídeo muestra el momento en el que Marciala abandona el apartahotel -donde ha estado alojada el último año- entre aplausos, acompañada de su hija. Una mujer se acerca a ellas preguntándose: "¿Hay derecho a esto?".

Los afectados viven situaciones diferentes. Los primeros que han visto derruida su vivienda están esperando su indemnización. La Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles la aprobación de compensaciones para ellos. Según detallaron, los vecinos "recibirán entre 136.000 y 355.000 euros de indemnización por inmueble derruido".

Algunos vecinos han sido desalojados de su casa cuatro veces en los últimos 15 años

Otros afectados ya tienen la orden de ruina de su vivienda y están alojados en apartahoteles del barrio madrileño de Rejas. Pero también hay vecinos en pleno proceso de "auscultación" de sus hogares. Cabe destacar que algunas familias han desalojado su casa por cuarta vez en los últimos 15 años. 

Medidas impulsadas desde el municipio

La problemática de la línea 7B de Metro ha llegado al Parlamento Europeo

Algunos representantes de la Asociación de Afectados Presa-Rafael Alberti, junto con el alcalde socialista del municipio, han llevado esta problemática al Parlamento Europeo. Las reuniones con varios grupos parlamentarios se han saldado con balance positivo porque han conseguido que este asunto se debata en la Comisión de Peticiones. Juan Antonio Fuentes, presidente de la Asociación de Afectados, en un post publicado en Instagram, se mostraba optimista tras las reuniones: "Es un día importante para nosotros. Seremos escuchados, porque queremos que se haga justicia y, sin duda, es una gran noticia".

Para hacer frente a esta problemática se aprobó la realización de un Plan Integral en septiembre de este año en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, todavía no se ha llevado a cabo. De hecho, forma parte de una de las enmiendas que ha registrado Más Madrid para los presupuestos de la Comunidad para 2023. Una medida que gira alrededor de dos ejes: el análisis de las causas exactas que originan los daños en las construcciones e infraestructuras, así como la reparación de los daños causados. Asimismo, se procedería a la compensación a las familias y negocios afectados. Además se ha impulsado una ley autonómica que obligaría a la Comunidad a cumplir con lo prometido.

A nivel judicial aún no hay procesos penales abiertos contra la Administración. "Cuando se resuelva la situación de las familias, se explorarán otras opciones porque hay personas que deben sentarse en un banquillo a rendir cuentas", explica Alejandro Escribano, quien asegura que "ese momento llegará".

¿Qué dice la Consejería de Transportes?

Desde la Consejería de Transportes, en manos del Partido Popular, pretenden dar "una solución global desde cuatro ejes: la estabilización de la zona, rehabilitación o demolición de viviendas afectadas, recuperación de la zona y los servicios afectados y la atención e indemnización a los afectados". Público ha solicitado entrevistar al Consejero de Transportes, David Pérez, sobre esta problemática. El dirigente del Partido Popular ha rechazado dar declaraciones al respecto.

Diferentes perspectivas políticas

Por su parte, la oposición, encabezada por el alcalde socialista de San Fernando de Henares, Javier Corpa, asegura que la Comunidad de Madrid se está olvidando de la parte social y maltrata a los vecinos. Un argumento que sostiene Esther Rodríguez, responsable de Movilidad de Más Madrid, quien asegura que "la vida destrozada de una persona se tiene que solucionar ya". La diputada insiste en que "el Partido Popular no se puede esconder en temas burocráticos" y tiene que responder con premura, buscando una casa inmediata a las familias afectadas.

Isabel Diaz Ayuso se presentó en el municipio sin avisar en dos ocasiones

Después de tres años de peticiones, la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, apareció por el municipio de San Fernando de Henares sin avisar en octubre y noviembre de este año. La presidenta ha puesto en marcha una Oficina de Afectados -que no está dando respuesta según los propios vecinos- y una inversión de 120 millones de euros para obras de reparación. El alcalde municipal calificó esta actitud como "una falta de respeto institucional".