Un productor de CBD denuncia daños de 20 millones en una operación policial contra el cannabis: "Fueron a arruinarme"

Las lagunas legales que rodean a la producción del CBD -componente no psicoactivo del cannabis con propiedades medicinales y cosméticas- son a veces tan profundas en España que pueden hundir a quienes tratan de hacer negocio en ellas. Así le ha pasado a una de los mayores empresas de este sector en Catalunya, J&J Devices SL. cuyas instalaciones fueron intervenidas en una operación policial con más de 150 agentes que arrasaron las naves para desmantelar una supuesta organización de tráfico de marihuana. Según el empresario, le han causado daños materiales y económicos por valor de más de 20 millones de euros para llevarse plantas de CBD, únicamente CBD.

Eugeni Rubio es el gerente de esta empresa cuyo nombre no aparecía en la nota de prensa que los Mossos d'Esquadra difundieron el pasado 12 de agosto con el titular: Más de 5 toneladas de marihuana intervenidas en una operación contra una organización criminal que operaba en el Maresme. Su nombre no figuraba en el comunicado, pero ahora quiere que se conozca y se sepa su versión sobre la operación conjunta de la policía autonómica catalana, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que, según él, arrasó con las instalaciones de su empresa en la localidad de Mataró, la versión que no difundieron los medios de comunicación que únicamente publicaron la información policial. "Fueron a arruinarme", dice.

Este empresario de 50 años, padre de cuatro hijos, se dedicaba al sector del transporte y la construcción hasta que un amigo le habló un día de las posibilidades que ofrecía el negocio del CBD. Probó primero con 400 plantas, luego con 1.500, y como vio que funcionaba, ya se metió de lleno en el sector. Y asegura que en tres años han levantado una empresa con nueve naves, de unos 500 metros cuadrados cada una, con capacidad para albergar hasta 60.000 plantas de cannabis, que daban trabajo a 22 personas. "Hemos invertido entre seis y siete millones de euros en máquinas frigoríficas, iluminación, cuadros eléctricos, ventilación, secaderos y ahora no hay nada", se lamenta el propietario de J&J Devices.

Según Rubio, la firma de un contrato con una gran empresa con sede en Luxemburgo para la distribución de CBD por toda Europa fue la que les permitió afianzar el negocio. Desde Mataró les mandaban las plantas enteras, sin manipular los cogollos, previa notificación a la Agencia Tributaria de todos los movimientos fiscales y aduaneros, y en Luxemburgo se encargaban del tratamiento de las flores para la producción del CBD. Y hace sólo dos meses, semanas antes de la operación policial que desmanteló las instalaciones de J&J Devices, la firma luxemburguesa había firmado un contrato con una empresa propiedad de un miembro de la familia Cruyff, un nieto del que fuera entrenador y jugador del Barcelona FC, para suministrarle en exclusividad varias genéticas de Devices para elaborar productos de CBD.

Pero los Cruyff no son los únicos personajes conocidos que salen a relucir en esta historia. Cuando se difundió la nota de prensa de la operación policial contra el tráfico de marihuana en el Maresme, El País públicó que una de las naves intervenidas, ubicada en el término de Pineda de Mar, era propiedad de la familia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que la tenía alquilada a uno de los detenidos, con el que no guardaban ninguna relación y del que desconocían su actividad. Según Eugeni Rubio, su empresa alquiló esa nave a través de una agencia inmobiliaria y se enteró por la prensa que era propiedad de la familia Aragonés.

Las fuerzas de seguridad conocían la actividad

Lo que sigue sin entender Eugeni Rubio es la razón de la operación policial que se llevó a cabo en su empresa el pasado 5 de julio. Según él, agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de los Mossos d'Esquadra ya habían estado allí antes y varias veces, pidiendo documentación sobre la actividad de la empresa, haciendo pruebas para comprobar si las plantas superaban el 0,2% de THC permitido a partir del cual se consideran psicoactivas y, por tanto, una droga fiscalizable, e incluso para investigar un robo en las naves que habían denunciado. "Nosotros cada mes hacemos un análisis de las plantas y nunca subió del 0,2, salvo una vez que una analítica nos dio un susto, con un 4%, y pedimos al notario que viniera para que levantara acta notarial de la destrucción de las plantas afectadas", explica el empresario.

Pero todos esos antecedentes no sirvieron para parar el despliegue de agentes de hasta tres cuerpos policiales en una llamativa operación contra el tráfico de marihuana. Eugeni Rubio dice que estaba de vacaciones en Formentera cuando se produjo la intervención, la cual, según su relato, arrasó con todo lo que había en las naves. Cuenta que se llevaron detenido también a su hijo, de 18 años, "como si fuera un rehén" para asegurarse de que su padre volvía a Mataró, que encañonaron a los trabajadores "como si fueran traficantes de Colombia", y que dejaron todo "como si hubiera habido un terremoto, un huracán".

"Se llevaron todo el cableado eléctrico, las luces, las máquinas de ventilación; destruyeron las máquinas del aire a golpes de martillo y mazas. Incluso tiraron al ambiente un millón de kilos de gas frigorífico, que es tóxico, que yo quise denunciar ante el Seprona. Rompieron hasta el cuadro que tenía con una camiseta del equipo donde juega mi hijo y se llevaron una bufanda del Real Madrid, que era un regalo de mi padre y que es casi lo que más me duele haber perdido, porque tenía un gran valor sentimental. Un desastre", se lamenta el gerente de la empresa.

Todo eso lo descubrió Eugenio Rubio después de haber estado dos días detenido en los calabozos de la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Mataró, junto a su hijo, su socio en la empresa y un encargado. El juez lo dejó en libertad provisional con la obligación de comparecer el primer día de cada mes y la prohibición de salir del país, a la espera de la conclusión de la investigación por los hechos que fue detenido. En la conclusión de esa investigación tendrá un peso fundamental, a su juicio, el resultado de las analíticas de las plantas intervenidas, cerca de 40.000 según la nota policial, y los otros materiales incautados, que determinarán si eran psicoactivas –marihuana- o simplemente cáñamo, CBD. "Yo le dije al juez que si encontraba una sola planta que tuviese más de un 0,2% de THC que me mandase diez años a prisión", recuerda Rubio.

Y esa es la parte de la historia que menos entiende este empresario: por qué se llevó a cabo una operación policial de tal envergadura, por qué se desplegaron tantos agentes, se hicieron tantos destrozos en sus instalaciones buscando droga, si conocían perfectamente la actividad que se llevaba en la empresa, puesto que habían estado en ella antes en varias ocasiones, y con una orden judicial de registro podrían haber comprobado si era marihuana lo que guardaba tomando pruebas de las plantas allí almacenadas. "No le veo sentido. No sé para qué lo hicieron así, para joder, parece", afirma el gerente de J&J Devices.

Demanda por mala praxis policial

Por esa razón, Eugeni Rubio dice que, una vez sea archivada la causa contra su persona tras los resultados de las analíticas de las plantas, presentará una demanda de cantidad por mala praxis contra los responsables de la intervención policial en sus naves. Estima que solicitará entre 20 y 25 millones de euros de indemnización por los daños que, a su entender, le han causado en maquinaria y materiales, así como por las pérdidas ocasionadas por el cese de la actividad. "Nos hemos quedado a cero, hemos tenido que despedir a todos los trabajadores y estamos viviendo de crédito, cuando yo tenía un negocio que me daba dinero y no he hecho nada malo", subraya.

Tampoco se fía este empresario de la suerte que pueda correr todo el material y la maquinaria que le han intervenido, porque dice que lo han trasladado para su custodia a una empresa chatarrera de Tarragona que ha estado involucrada en una trama de venta de material confiscado en operaciones contra la droga, por la que fueron detenidos tres mossos d’esquadra.

En la propia nota de prensa que emitió la oficina de comunicación de los Mossos d'Esquadra sobre esta operación se detalla que "el tetrahidrocannabinol, conocido como THC, es el componente psicoactivo de la planta de cannabis más importante y abundante en las variedades clasificadas precisamente como psicoactivas", y, "por el contrario, el cannabidiol (CBD), aunque categorizado como componente psicotrópico, no es psicoactivo, es decir, no produce estos efectos en la percepción del consumidor. Por eso en distintos países –añade- se ha establecido una producción industrial de esta sustancia de forma legal y controlada por organismos estatales".

En España, el criterio legal de las autoridades sobre el uso del cáñamo industrial ha variado con el tiempo. Por ejemplo, el Real Decreto 1729 de 1999 () sobre concesión de ayudas al lino textil y el cáñamo dispone que las comunidades autónomas deberán comprobar el nivel medio de THC de la variedad cultivada y verificar que no supera el mínimo permitido. Y en una respuesta a una consulta judicial, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad (AEMPS) afirmó en 2004 que una concentración del 0,2 o inferior de THC "no debe considerarse incluida en las Listas I y IV del Convenio sobre sustancias estupefacientes", y, por tanto, no debe ser fiscalizada y perseguida.

Ahora, la postura oficial es diferente. En una nota informativa publicada por el Ministerio de Agricultura en 2021 y elaborada en colaboración con las comunidades autónomas, la AEMPS y la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, se precisaba que la producción de cáñamo industrial sólo se puede destinar a la obtención de grano, fibra o semillas, y que las sumidades floridas, más conocidas como cogollos, son consideradas estupefacientes, por lo que no pueden ser destinadas a ninguna finalidad, tampoco a la extracción del CBD, componente del cannabis utilizado con fines médicos y cosméticos, salvo que lo autorice la Agencia de Medicamentos.

Posteriormente, la Fiscalía Especial Antidroga redactó una instrucción ante la consulta elevada por los fiscales delegados de Andalucía, en la que estos exponían la diferencia de criterios frente a la problemática surgida por la proliferación de plantaciones de cannabis supuestamente destinadas a fines industriales y/o medicinales, pero que en determinados supuestos implican una extracción y distribución de cogollos u obtención de CBD, "actividades que deben considerarse prohibidas", afirmaban. Los fiscales andaluces advertían de que en algunas provincias, especialmente Almería, se estaban siguiendo procedimientos penales contra ese tipo de plantaciones, independientemente del grado de concentración de THC de los cogollos, mientras que en Sevilla y Granada sólo lo hacían si superaban un porcentaje del 0,2.

La Fiscalía Antidroga concluyó que, en el caso de las plantaciones para uso industrial, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben comprobar, además del registro de los cultivos y las autorizaciones pertinentes, que no se ha realizado ninguna actividad de tráfico de las partes de la planta incluidas en el Convención Única de Naciones Unidas de 1961, integrada en España por la Ley 17/1967, que establece que las sumidades floridas tienen la consideración de estupefacientes, independientemente de la proporción de THC que contengan.

Otra cosa ya es lo que interpreta luego cada juez y cada tribunal cuando se les presenta un caso relacionado con una intervención de plantas destinadas a la producción de CBD.