Procesado por un supuesto delito de odio en Facebook el juez que condenó a Juana Rivas

El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha acordado el procesamiento del juez Manuel Piñar -el magistrado que condenó a Juana Rivas- por la presunta comisión de un delito de odio por supuestos comentarios de tipo "despectivo hacia colectivos de migrantes o minorías étnicas" a través de la red social Facebook, unas publicaciones que él negó en sede judicial.

En un auto fechado este pasado miércoles, 18 de diciembre, consultado por Europa Press y contra el que cabe recurso, el Juzgado acuerda la continuación de las diligencias previas por el trámite del procedimiento abreviado, dando traslado a la Fiscalía para que "solicite la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa y, excepcionalmente, diligencias complementarias" .

Se da traslado igualmente a las acusaciones personadas, la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional y el letrado Carlos Aránguez, anticipando el despacho de abogados de este último dirige que en su caso formulará el correspondiente escrito de acusación por la presunta comisión de delito de odio.

Según detalla el auto, las presentes diligencias previas se incoaron en virtud de la denuncia presentada ante la Guardia Civil, en el Puesto de Pinos Puente, el 19 de septiembre de 2022, apuntando a los citados comentarios en el perfil de la red social Facebook de Manuel Piñar Díaz.

"Habría emitido determinadas manifestaciones, en condiciones de suficiente trascendencia y proyección pública, de contenido o alcance presuntamente despectivo hacia colectivos de migrantes o minorías étnicas" en distintas fechas de ese mismo año 2022.

El pasado 15 de febrero, el juez Manuel Piñar negó, en su declaración como investigado, ser el autor de las publicaciones y se acogió a su derecho de no declarar. Según fuentes de Europa Press, el juez habría enmarcado esta denuncia en una "persecución" hacia su persona.

Tras revisar hace unos meses el contenido de las publicaciones del juez que se recogen en la denuncia, la Audiencia de Granada sostuvo que algunas de ellas contienen "epítetos, calificativos o expresiones que se refieren de forma despectiva a ciertos grupos étnicos, razas o nacionales de ciertos países (gitanos, negros, moros, chinos), los cuales, en caso de haber tenido la necesaria trascendencia pública, pudieran comportar una incitación a la discriminación o al odio contra esos colectivos".

Por ello, estimó parcialmente el recurso de la Fiscalía y revocó la decisión del juez instructor de archivar el asunto para que se practicaran las pruebas necesarias para esclarecer, no sólo la realidad de las "publicaciones" que se atribuyen al juez Piñar y su contenido; sino sobre todo su autoría y la trascendencia o proyección que hubieran podido tener.

La Fiscalía solicitó por su parte una batería de diligencias de investigación para acreditar, entre otros extremos, los contenidos de las presuntas publicaciones en redes sociales y esclarecer su autoría, pendiente de que Facebook atendiera a los requerimientos que se han realizado en este sentido.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado verano el archivo del expediente que se le abrió al juez Piñar por este asunto. Concretamente, se analizó si los mensajes publicados en su perfil de Facebook suponían una falta muy grave de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales, o una falta grave de falta de consideración respecto de los ciudadanos, extremos que fueron descartados por el órgano de gobierno de los jueces.

Manuel Piñar, magistrado jubilado hace unos meses, fue quien estuvo al frente del juzgado de lo penal de Granada que analizó y dictó sentencia en el caso de Juana Rivas y la condenó por sustracción de menores. 

Piñar dictó la sentencia inicial, imponiendo cinco años de prisión a Rivas por dos delitos. Sin embargo, esta resolución fue modificada por el Tribunal Supremo, que redujo la condena a la mitad al considerar únicamente uno de los ilícitos penales. Posteriormente, un indulto parcial otorgado por el Gobierno conmutó parte de la pena, lo que en la práctica permitió a Juana Rivas recuperar la patria potestad de sus dos hijos.

Esta no es la primera polémica judical en la que está envuelta el magistrado. El Consejo General del Poder Judicial le impuso una multa de 1.500 euros por haber revelado datos personales de uno de los hijos de Juana Rivas, considerándolo una infracción grave. El mismo órgano judicial rechazó recientemente la solicitud de Piñar de una indemnización de 100.000 euros por supuestos daños a su "salud física y mental" derivados del proceso disciplinario.