Una privatización inasumible: el faraónico Plan de Depuración de Aragón hace aguas

El desmesurado y multimillonario Plan de Depuración de Aragón hace aguas. La Cámara de Cuentas de la comunidad ha emitido un demoledor informe ( ) que lo califica como “imposible de cumplir” en sus planteamientos iniciales y que, tras dos revisiones que han elevado su presupuesto por encima de los 3.200 millones de euros, divide el programa en tres bloques: “incumplido”, “altamente improbable que se cumpla” o con “riesgo alto de incumplimiento”.

La versión inicial del programa de saneamiento contemplaba, en 2001, invertir 644 millones de euros (más 27 al año en explotación) para depurar las aguas residuales de 1.540 entidades con 1.153 plantas y colectores.

Su rediseño en 2004, que apostó por la privatización a través de concesiones, duplicó con creces los requerimientos financieros al elevarlos a “3.209 millones de euros, considerando las inversiones pendientes de ejecutar y los gastos de mantenimiento y explotación de las plantas” hasta 2045.

Las críticas al Plan de Depuración del Gobierno de Aragón, impulsado por el Par en sus coaliciones con el PSOE y el PP y heredado por el ejecutivo PSOE-Cha, se han centrado desde sus inicios en tres ejes: la estimación de los costes y el modelo de gestión, por una parte, y, por otra, su financiación, primero mediante un canon y, desde el año pasado, a través del polémico ICA (Impuesto de Contaminación de las Aguas), cuya aplicación en Zaragoza recurrieron ante el Tribunal Constitucional Podemos e IU.

“La gente muestra su enfado”

La oposición al Plan de Saneamiento ha generado en las últimas semanas una movilización sin precedentes en la comunidad, en la que vecinos de más de cien poblaciones de la comunidad han recibido durante 18 días a la caravana ciclista de la RAPA (Red del Agua Pública de Aragón) y han participado en las charlas y actos sobre el programa de depuradoras.

“La gente nos ha arropado y ha mostrado su enfado por un plan que les cuesta dinero y no resuelve sus problemas, ya que en muchas localidades pagan el ICA sin que se depuren las aguas”, explica Maribel Martínez, de Ecologistas en Acción. De hecho, una veintena de ayuntamientos aragoneses se han encontrado con la paradójica situación de que el Ministerio de Medio Ambiente les sancione por carecer de unas depuradoras cuya construcción encomendó a la comunidad autónoma precisamente ese departamento.

La caravana concluyó el pasado domingo en Zaragoza, en un acto tras el que 24 alcaldes de casi todos los partidos (PSOE, Podemos, Par, Cha, IU, confluencias e independientes) se han sumado a un manifiesto que denuncia “la privatización del agua en Aragón”, la aplicación “tan arbitraria como injusta” del ICA y las “represalias” a los consistorios que rechazaron ceder sus competencias. “Los alcaldes han dado un paso muy valiente, y han dejado claro que no se trata de un asunto de partidos sino de un problema que afecta a los ciudadanos”, señala Martínez.

De hecho, el actual Gobierno de Aragón ha anunciado su decisión de eliminar del plan las depuradoras inicialmente asignadas a pueblos desiertos y de abrirse a estudiar la aplicación de tecnologías verdes como los filtros vegetales (de bajo coste) en pequeñas poblaciones.

Privatizar duplica los costes

Las conclusiones de la Cámara de Cuentas sobre el presupuesto y el modelo privatizado aplicado a partir de 2015 dejan pocas dudas. “El coste medio [de las obras] en los contratos de gestión propia se sitúa en 1.336 €/m3, mientras que en los contratos de concesión [privada] casi se duplica (2.345 €/m3)”, señala el informe, que añade que la diferencia es mayor si se calcula por habitantes equivalentes -202 euros en el modelo público y 540 en el privatizado-. Ocurre lo mismo con la explotación: 0,22 euros por metro cúbico depurado en la gestión pública y 0,46 en la privatizada, y 20 y 78 euros por habitante.

El resultado, concluye, “es un mayor coste de construcción del 55,7 % en las depuradoras construidas en régimen de concesión frente a las depuradoras propias”, estimación que se reduce a una horquilla del 24% al 29% si se descuentan los proyectos, los gastos financieros y los impuestos.

El dictamen del órgano de fiscalización, que llama la atención acerca del sobredimensionamiento de varias depuradoras, llama la atención sobre los sobrecostes que genera alguna de ellas (1.720 euros diarios en Zuera) y reclama un mayor control de las Cortes de Aragón sobre el plan, incluye varias sorpresas acerca del ICA, para el que se prevén aumentos anuales de entre el 2,5% y el 3,68%.

Un impuesto de 150 euros al año por familia

El tributo supone hoy, sin bonificaciones, 149,52 euros al año para una familia de cuatro miembros que consuma 400 litros de agua diarios.

La aportación de los zaragozanos, sin la cual el plan resulta económicamente inviable (reside allí la mitad de la población de la comunidad), debía ascender inicialmente a 542,85 millones hasta esa fecha (17,4 millones por año). Sin embargo, el informe revela que “la estimación de ingresos por el ICA del municipio de Zaragoza (…) va aumentando (…) hasta 28,58 millones de euros en 2045”.

Es decir, el doble de lo que inicialmente preveía el equipo de gobierno de ZeC (Zaragoza en Común), que rechaza pasarlo al cobro a los vecinos alegando que la ciudad ya construyó por su propia cuenta (212 millones) las tres depuradoras (La Cartuja, La Almozara y Alfocea) que desde mediados de los años 90 tratan sus aguas residuales.

Un paradigma de ineficacia: esperando desde 1993

El programa de saneamiento incluye un plan específico para el Pirineo con 297 depuradoras presupuestadas en 128,8 millones de euros, a los que hay que sumar unos costes de explotación estimados en 221 para dos décadas. “Se está acometiendo también mediante contratos de concesión de obra pública y acumula importantes retrasos e incidencias en su ejecución”, señala la Cámara de Cuentas, que estaca cómo al terminar 2015, fecha prevista para su conclusión, “tan solo se habían puesto en servicio 20 de las 297 plantas previstas”.

La depuración de las aguas residuales del Pirineo es uno de los casos paradigmáticos de ineficiencia de las administraciones. Declarada urgente y de interés general para la reactivación de la economía en el primer decretazo de Felipe González, en marzo de 1993, seguirá sin concluir cuando haya pasado un cuarto de siglo.

El plan autonómico de saneamiento del tramo aragonés de la cordillera incluyó una transferencia de 141,39 millones del Ministerio de Medio Ambiente al Gobierno de Aragón en 2008 mediante un convenio vinculado al Plan Nacional de Calidad de las Aguas, al que debían añadirse otros 178 que el ejecutivo central redujo después a 169 y cuya entrega no está asegurada.

Sin embargo, esos fondos fueron aplicados a otros capítulos del programa. “Por este incumplimiento podría nacer la obligación de reintegrar al Estado (…) 117 millones de euros”, advierte la cámara.

“Incorrecciones en la proyección de ingresos y gastos”

La tercera pieza del Plan de Saneamiento, el llamado Plan Integral, incluye construir entre 2019 y 2026, también mediante contratos de concesión de obra, otras 652 pequeñas plantas de depuración “cuyo coste de construcción y operación hasta 2045 asciende a 949 millones de euros”.

Vistos los incumplimientos que el Gobierno de Aragón ha acumulado en década y media, y los riesgos de que se produzcan otros, el órgano de fiscalización considera “altamente recomendable que se adecuara la programación (…) a escenarios más realistas de ejecución antes de su aprobación definitiva” tras la actual revisión.

Con mayor motivo, si cabe, después de descubrir que al déficit de 55 millones que la construcción de las depuradoras acumulaba al cierre de 2015 se le suma “una infravaloración de costes de 347 millones de euros acumulada para todo el periodo 2014-2045” debido a “las incorrecciones en la proyección de ingresos y gastos realizada por el Instituto Aragonés del Agua”.